A fines de junio, el ministro de Economía Gabriel Oddone, ha dado a conocer los lineamientos que orientarán las negociaciones de salarios, enmarcadas en los últimos años, en los Consejos de Salario, unas 166 rondas que iniciaron el día 1º de julio.
En las mismas, se establecía que hay modalidades de ajuste diferenciales (El Observador, 26/06/25) para salarios “altos” y “bajos”, avanzando sobre su propuesta de campaña: desindexación de los salarios -es decir, dejar de ajustarse automáticamente en función del aumento de precios- y por tanto, eliminación de las ya insuficientes cláusulas “gatillo” para los aumentos salariales de todos los trabajadores en actividad en rubros que tienen Consejos de Salario (unos 700.000 privados y podría abarcar a los 300.000 estatales).
Con una osadía propia de corsarios y piratas, anuncian que -al igual que Arbeleche en el gobierno de Lacalle Pou-, incluirán la posibilidad del “descuelgue”, con correctivos negativos (!), que habilitan a ajustarse a la baja los salarios cuyos convenios previeron aumentos por encima de la inflación real, es decir: se podrá negociar descontarle salario a los trabajadores, porque se supone que tuvieron aumentos “reales” por encima de lo negociado en 2023.
Asimismo, plantea que la desindexación se hará con gradualidad, por lo que se preservará el poder de compra, es lisa y llanamente un engaño: el poder adquisitivo del salario está atado a los aumentos de los precios, que a pesar de una cierta estabilidad coyuntural, tienen componentes de gran volatilidad, por estar sujetos a precios internacionales y sus vaivenes (por ejemplo, del dólar, de las materias primas, de los combustibles).
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, trasladó esta metodología para la discusión de los salarios a un esquema de “tres franjas”: baja, media y alta, sosteniendo que el objetivo es garantizar que no se pierda poder adquisitivo y fomentar la creación del empleo.
La primera franja es aquella que abarca al 30% de los trabajadores, que ganan hasta $38.950, es decir salarios de miseria, frente a una canasta familiar que ronda los $135.000 (tasa de variación del IPC 9,38%).
La segunda franja abarca salarios “medios” donde el último de la franja casi cuadriplica al primero ($38.951-$165.000), que corresponde al 64% de los trabajadores.
Luego, en la tercera franja están los salarios que corresponden al 6% de los trabajadores, superando los $165.000.
La política económica oscila entre el congelamiento de los salarios y su desindexación. La recuperación salarial para los salarios sumergidos, se daría recién hacia el 2027, en tanto y en cuanto, las condiciones “macroeconómicas” se mantengan dentro de los marcos previsibles.
Este ataque al salario que se procesaría de consumarse esta nueva confiscación, se anuncia pocos días después de que el mismo ministro, que pertenece al mismo gobierno, se negara a considerar un ínfimo impuesto del 1%, al 1% más rico del país propuesto por el PIT-CNT, que poseen una fortuna superior al millón de dólares.
Está claro que el gobierno, en acuerdo con las cámaras empresariales, utilizarán la negociación salarial como método de aplanar los salarios más elevados, achatando la pirámide salarial, con el objetivo de abaratar los costos de producción y aumentar los márgenes de ganancias. En el mismo sentido, se manejan aumentos atados a la “productividad”.
De esta manera y al presentarlo como la “defensa” de los salarios más bajos, busca generar una división dentro de la propia clase obrera, generando un efecto sobre la carrera funcional y sistemas de ascensos, en todas las ramas de actividad. Este fenómeno se dará especialmente en aquellas donde la organización de los trabajadores es más débil y los vínculos laborales revisten menor grado de formalidad.
El presidente de Cambadu, Daniel Fernández, planteó claramente los objetivos de las cámaras empresariales: primero empresas fuertes, después salario, y dijo mostrarse muy satisfecho con los lineamientos del equipo económico. Esta línea se caracterizaría por priorizar “la inversión y el crecimiento económico” (Búsqueda 19/06/25), por sobre los salarios, según el presidente de la Cámara de Industrias, Leonardo García. Toda una declaración de principios para el gobierno del FA.
Si las patronales y el gobierno logran imponer la desindexación salarial, el fin de la ultraactividad, así como es una sentencia de muerte para el mecanismo de contención que implican los Consejos de Salario, que ha permitido a la burocracia sindical “ordenar” la discusión salarial y de las condiciones de trabajo, negociando aumentos por debajo de los precios, a cambio de “paz sindical”. La liberalización de la economía, al profundizar esta tendencia, implica una crisis dentro del propio gobierno y del FA, respecto a qué táctica adoptar en un aspecto tan importante como la negociación de los salarios.
La crisis capitalista que está en pleno desenvolvimiento, golpeará cada rincón del mundo y Uruguay no será la excepción. El gobierno se prepara para blindar a la burguesía a través de un programa de flexibilización laboral, desindexación salarial y reformas en el Estado.
La clase obrera debe deliberar en torno a un programa propio que supere a este régimen en plena bancarrota.
En lo inmediato, la plataforma que unifica las reivindicaciones de la clase trabajadora, implica inicialmente un aumento general de salarios, empezando por el mínimo que no puede ser inferior a la media canasta familiar, es decir $60000 de forma inmediata; por la apertura de los libros contables de las empresas; por gravar con impuestos progresivos a los grandes capitales y estatizar cada empresa que cierre; por presupuesto para salud, vivienda y educación; por el fin de las tercerizaciones y de las AFAPS.
