En lo que va del mes de agosto, han trascendido diferentes anuncios respecto al recorte presupuestal en torno al 15% que se planifica por parte del gobierno de Lacalle Pou para el período 2020-2025 (en consonancia con la regla fiscal aprobada en la LUC y con el Decreto 90/020). Se trata de una mutilación a un ya menguado presupuesto público en lo referente a educación, que de concretarse, redundaría entre otras cosas, en qué 2000 docentes se queden sin trabajo el próximo año y los alumnos pierdan 50.000 horas de clase (menos grupos, más estudiantes por grupo, menos horarios para estudiar) solamente en secundaria, otro tanto resta para UTU.
Más que un anuncio, una declaración de guerra
La situación política internacional y nacional revela que están planteadas las premisas para una crisis de dimensiones históricas -de la magnitud de la Gran Depresión o de la Crisis de 1929-, que globalmente se traslada a la clase obrera a través de la rebaja salarial, la reforma laboral y previsional, el recorte presupuestal, los despidos masivos, el ataque al derecho a huelga y en el aval jurídico al gatillo fácil.
Se suma a esto la pérdida salarial para todo el quinquenio, tanto para trabajadores públicos como para privados, que está siendo pactada por parte de la burocracia sindical, con la excusa de preservar fuentes laborales -pero nada hacen frente a los casi 20.000 nuevos desocupados, que se desprenden de los 280.000 enviados al seguro de paro en los últimos meses del presente año.
Resulta fundamental valorar la profundidad de la crisis mundial, que arrastra las estructuras especulativas creadas en 2007/08 por los estados capitalistas para salvar a los bancos y empresas luego de la quiebra de la Lehman Brothers. Es decir, sus características la hacen aún más imponente que la de 2002 y combinada con la pandemia de COVID-19, tiende a poner en jaque a la propia estructura del sistema capitalista, en su etapa senil.
En el marco de esta bancarrota capitalista la caída del PBI, el recorte presupuestal, la reforma educativa, la flexibilización laboral, la reforma de la seguridad social se conjugan como mecanismos para procesar un rescate de empresas y bancos, por parte del Estado y los trabajadores, a través de rebajas salariales, desempleo, carestía, aumento de impuesto, pérdida de derechos sociales, etc.
La disputa interna en el FA: camino sin salida
A la luz de esta crisis, los agoreros del FA intentan instalar (con relativo éxito) una suerte de planteo político que podría sintetizarse en: “habrá 2024”, es decir cuando el FA nuevamente esté en el poder, tendremos las soluciones para los problemas que causa este gobierno y las condiciones para pelear por mejoras parciales o sectoriales y así, poco a poco, volver a la “normalidad”. La disputa interna entre diferentes facciones cobraría especial relevancia, ya que resolvería los problemas del giro a la derecha adoptado por la coalición, justificando el aislamiento autoimpuesto de las luchas reivindicativas y la garantía de “gobernabilidad” a la fragmentada coalición de gobierno (incluso, votado la mitad de la LUC) .
Este planteo repercute en un sector del activismo sindical que se reivindica clasista, que por acción u omisión, termina siendo tributario al FA y su política de contención de las tendencias a la movilización que se expresan a través de paro sectoriales marchas, concentraciones y acciones públicas que aún no se cristalizan en un plan de lucha que implique la huelga general contra la embestida que desarrolla contra la clase obrera y la juventud trabajadora.
Una respuesta obrera y socialista
A lo largo y ancho del mundo, irrumpen movimientos de características y profundidades diversas, que tienen su punto de inflexión en Chile, donde las jornadas de movilización de fines de 2019 y principios de 2020, colocaron en jaque al gobierno de Piñera, uno de los referentes de la derecha continental. El hilo conductor que los conecta, es la propia crisis mundial, que arrastra a su paso con gobiernos de diferentes signos, ante la irrupción de las masas y las propias contradicciones del capital. Frente a este panorama, la preparación de una respuesta implica la discusión en el movimiento obrero de una respuesta que no puede esperar al 2024, ni debe estar atada a los resultados electorales del sistema burgués.
En nuestro país, los trabajadores en general y los de la educación en particular, hemos desarrollado enormes luchas en los últimos años (como las huelgas del 2013 y 2015, la resistencia al Decreto de Esencialidad), confrontando políticamente con el gobierno y evidenciando su carácter contrario con los intereses de la clase obrera. Retomando esa perspectiva, es que debemos discutir y elaborar junto al resto de la clase obrera, un programa que responda a guerra que nos ha sido declarada por parte de Lacalle Pou y la coalición “multi-derechista”, en consonancia con los dictámenes de los organismos internacionales de crédito.
Ante este proceso, rescatar las mejores tradiciones del movimiento obrero, dotarlas de un sentido estratégico, discutir un programa que coloque a los trabajadores como alternativa de poder, es una tarea ineludible, otorgando una perspectiva más amplia a las luchas sectoriales, que deben ser unificadas para fortalecerlas.
Lo anterior se constituye en principio, sobre la base de un conjunto de planteos, como ser el rechazo al presupuesto del hambre y los salarios a la baja, que las asambleas se expresen en rechazo de la política de mutilación presupuestal. No a la rebaja salarial, ajuste automático según el alza del costo de vida. Salario mínimo de $ 40 mil (apenas media canasta familiar). No los despidos y envíos al seguro de paro, estatización bajo control obrero de toda empresa que cierre o despida. No a la reforma laboral y de la previsión social, impuestos progresivos al gran capital.
¡Qué la crisis la paguen los capitalistas!
