Nota publicada en semanario Voces 8/06
La reforma constitucional impulsada por Larrañaga no implica ninguna solución al problema de la delincuencia organizada o a la inseguridad de la población. El discurso represivo de la derecha afirma que los jueces liberan a los chorros y asesinos que les lleva la policía, mientras que el Poder Judicial sostiene que es por falta de pruebas. ¿El ejército haría las veces de un Sherlock para proporcionar esas evidencias? Sería risible, si no recordáramos que las “pruebas” muchas veces son las confesiones de los propios acusados. El ejército tal vez pueda arrancar más confesiones. Sabemos cómo.
No cabe ninguna duda que el proceso de agravamiento de las penas, que ha llenado las cárceles a niveles históricos, no ha solucionado nada. Mientras no se produzca una transformación social de fondo, que termine con las condiciones de miseria material y cultural en la que vive gran parte de la población, no habrá salida. La descomposición capitalista ha llevado a la descomposición de la sociedad. El crimen organizado tiene ramificaciones hacia los aparatos represivos y por supuesto hacia el capital financiero (¿dónde lavan el dinero las mafias del narcotráfico y la trata de mujeres?).
El planteo de Larrañaga es un nuevo experimento para intentar darle vida a una “oposición” que carece de alternativas. El anterior fue el plebiscito demagógico de la “baja” de la edad de imputabilidad. No le fue muy bien a su promotor, Bordaberry.
Hemos leído que la propuesta sería poco “wilsonista”. Al contrario. Ferreira Aldunate fue perseguido por los golpistas, pero no se puede olvidar que dio los votos decisivos para la declaración de “Estado de Guerra interno” y para la aprobación de la ley de Seguridad del Estado (en 1972), es decir, para la militarización del Estado en las vísperas del golpe de febrero-junio de 1973. Si bien fue crítico del Pacto del Club Naval, le terminó poniendo la firma al mismo cuando impulsó y votó la ley de Impunidad en 1986. Larrañaga en todo caso elige ser continuador de los peores aspectos del wilsonismo.
En un país que pasó por doce años de dictadura militar, no es poca cosa reivindicar al ejército al punto de proponer darle funciones policiales. El nacimiento de una propuesta tan monstruosa sólo se explica por todo un proceso de lavado de cara de ese aparato criminal, que fue desarrollado no sólo por la derecha sino también por los supuestos “progresistas”. Larrañaga propone que el ejército actúe en Uruguay como lo hizo en Haití. No olvidemos que la Minustah fue presidida por el Brasil de Lula, que le hizo los mandados a EEUU, y en esa fuerza de ocupación participaron el Frente Amplio, el Kirchnerismo y hasta Evo Morales. Temer envió a las favelas de Río a ese ejército que fue entrenado en Haití en la represión de poblaciones civiles. Larrañaga se referencia en el actual presidente golpista de Brasil, ex aliado de Lula y Dilma.
No alcanza con repudiar el proyecto de Larrañaga. Es necesario terminar con toda la descomposición social que es intrínseca a esta etapa del capitalismo, en que para obtener ganancias debe corromper y criminalizar a la sociedad. La alternativa es un gobierno de trabajadores, para realizar una transformación social que termine con la explotación capitalista. Un gobierno de trabajadores debe terminar con el ejército profesional separado del pueblo, y sustituirlo por el pueblo reunido y armado -retomando las tradiciones más democráticas del pasado, como el artiguismo.
