El gobierno del FA se planteó una Rendición de Cuentas para profundizar el ajuste requerido por el gran capital, las aseguradoras de riesgo y los organismos internacionales de crédito. La promesa electoral de llegar a un 6% del PBI al final del período, se desvanece en el aire, al tiempo que actualmente, el presupuesto destinado a ANEP y UdelaR apenas ronda el 4% del PBI.
En este sentido, a pesar de los discursos en los que se priorizaría a la Educación, es posible constatar que, en el mensaje que envía el Poder Ejecutivo, no hay partidas para la creación de cargos docentes (adscriptos, preparadores, etc.) y de funcionarios (de limpieza, administración, portería, etc.), es decir, aunque varíen la cantidad de estudiantes, centros educativos, o necesidades materiales, la misma cantidad de personas trabajarán para ANEP.
Este elemento, que parece disparatado, muestra claramente que el recorte presupuestal no es una mera denuncia de los sindicatos de la educación, es una política de gobierno.
En ese mismo mensaje, que además es anual, se plantea un aumento salarial inferior al acordado en 2015, un 3,17 (por un aparente error de cálculos del MEF, que no tuvo en cuenta el aumento en la cantidad de funcionarios).
Pocos días después del envío de este mensaje, el CODICEN de la ANEP hace lo propio, solicitando, en resumidas cuentas, unas 6 veces más que el Poder Ejecutivo, aunque esa solicitud está muy lejos del 6% del PBI, un presupuesto mínimo y fundamental para que no colapse el sistema educativo en los próximos años.
En este punto es necesario detenernos: históricamente, el Parlamento ha votado el mensaje del Poder Ejecutivo (rechazado por el conjunto de sindicatos de la educación), por lo que, podemos prever un acuerdo político para mantener ese mecanismo, es decir, es muy improbable que se vote el proyecto de CODICEN. A pesar de esto, hay sectores que guardan esperanzas frente a esta posibilidad, por lo que se hace necesario un breve análisis de lo que trae consigo dicho proyecto.
Es posible constatar que el articulado de CODICEN, trae implícito, “de contrabando” podríamos decir, las bases para la reforma educativa -unos 500 millones de pesos son destinados al difuso rubro “Mejoramiento de los aprendizajes” en Enseñanza Media, frente a los 300 millones que se destinan a obras de infraestructura fuera del formato PPP- y los rubros para los proyectos de PPP en jardines de infantes y escuelas -en los que se prevén pagos por “disponibilidad”, con contratos a 22 años, en los que las empresas obtienen la posibilidad de brindar diferentes servicios, como el mantenimiento.
Los trabajadores debemos deliberar en torno a qué acciones desenvolver en esta etapa. Claro está que es primordial la denuncia sistemática de esta estafa, en la que el FA y los partidos patronales están unidos, llevando a cabo el ajuste que exige el capital. A pesar de las medidas adoptadas, no ha sido posible incidir favorablemente en el momento de elaboración de las pautas que definen el destino presupuestal de la educación pública.
En este sentido, la batalla que nos espera se concentra en enfrentar las políticas educativas pauperizadoras, la llamada “reforma educativa”, que conlleva la flexibilización laboral, a través de diferentes formatos: intervención cada vez más directa de las ONG’s (caso de los liceos 13, 22, 65 entre otros) y la tan mentada reforma de Estatuto del Funcionario Docente, a través de la cual, se prevé la quita de derechos adquiridos.
Es por esto que debemos mantenernos en alerta, para combatir los proyectos que buscan desmantelar el sistema público y entregarlo al rédito de los sectores capitalistas. Los trabajadores organizados y estudiantes hemos sabido defender a la educación de los embates de los gobiernos de turno y sabremos dar batalla.
