La agudización de la crisis capitalista es inocultable. Plantea una perspectiva de pujas crecientes entre todas las clases sociales, e incluso en el seno de la clase capitalista, por el reparto de una renta decreciente.
La reciente movilización de productores tamberos fue un ejemplo en este sentido, y el corte de rutas arrancó algunas concesiones impositivas.
El gobierno aparece hasta cierto punto paralizado, como consecuencia de las contradicciones internas dentro del Frente Amplio. La estrategia de Tabaré Vázquez, de rodearse de un gabinete de incondicionales, está mostrando sus límites en la medida que ese consejo de ministros no tiene suficiente respaldo parlamentario. El FA se ha unido a la hora de aprobar el presupuesto (pacto MPP-FLS) y de justificar el paquete fiscal disfrazado de “ajuste tarifario”, pero se divide crecientemente frente a la política exterior (Tratado Trans-Pacífico, TLC con Unión Europea, acuerdos con Macri sobre Mercosur) y sobre la política económica.
Existe una discusión en el seno de la burguesía sobre la política a llevar adelante frente a la crisis. Una fracción capitalista plantea abiertamente producir una devaluación que favorezca a las exportaciones y que achique los salarios. Este planteamiento va de la mano de un ajuste aún mayor del gasto público, en especial de los salarios y fuentes de trabajo en el Estado, para hacer frente a una perspectiva de aumento del déficit fiscal.
Lacalle Pou se manifestó abiertamente a favor de la devaluación monetaria: “En vez de usar reservas para contener la suba del dólar, lo dejaría subir y usaría ese dinero en obras de infraestructura”. La frase sobre el uso de las reservas, que algunos utilizaron para emparentarlo con el economista Daniel Olesker, no puede ocultar que no estaba allí el centro de su planteamiento, sino en subir la cotización del dólar.
Una suba del dólar provocará aumento de la inflación, así como de la deuda externa (tanto la dolarizada como la que ajusta por IPC), por lo que empeorará la situación fiscal, dado que nada garantiza una mejoría en el comercio exterior (aumento de las exportaciones) y un ingreso de divisas por esa vía. Por ello, el planteo devaluador es inseparable de la reducción del gasto público.
El gobierno está encarando, aunque con pies de plomo, esta política que reclaman fracciones capitalistas. Lo refleja el aumento del costo de vida, y el presupuesto de “achique” tanto a nivel nacional como de la Intendencia de Montevideo. Sin embargo, intenta controlar el aumento del dólar y de la inflación, que podrían provocar una agudización de las demandas sociales. En una región que está sufriendo una creciente fuga de divisas, aumento de las tasas de interés y devaluación monetaria, el astorismo apuesta a dar suficientes garantías al capital financiero para evitar su fuga e incluso atraer a una parte de los que se fugan de los países vecinos. Las reservas son la garantía para los tenedores de deuda, que son el sector privilegiado por la política económica oficial.
El planteo de Olesker, aunque apunta a utilizar parte de las reservas, no va en el sentido que plantea Lacalle. Es un planteo –inviable– de financiar inversiones estatales con las reservas y algún impuesto nuevo. Una política que no aplicó Mujica ni siquiera en un período de altos precios de las materias primas y bajas tasas de interés. El recurso al intervencionismo estatal, sin afectar el pago de la deuda externa, es un callejón sin salida, como lo muestra el ejemplo argentino, o incluso el venezolano.
El astorista Ferreri, al equiparar a Lacalle Pou con Olesker, quiso subrayar que la política gubernamental es la más confiable para el capital financiero, aunque puedan existir cada vez más voces desde la industria y el agro planteando la devaluación.
La cúpula del PIT-CNT salió a cubrirle las espaldas al gobierno, declarando que no hubo un tarifazo (con la excepción de AUTE, que demostró que es posible bajar las tarifas). Ante las críticas de la derecha, se subordina cada vez más a la política oficial, incapaz de marcar una estrategia obrera independiente.
Esto se vio particularmente en torno a ANCAP. Cierto es que desde la derecha se levantaron planteos de eliminación del monopolio de los combustibles y hasta cierre de la refinería, con el argumento de que así el combustible sería más barato. La cúpula sindical se ciñó al libreto gubernamental, en lugar de denunciar que las cuantiosas pérdidas de la petrolera se dan en el marco de privatizaciones y tercerizaciones de todo tipo, con empresas privadas que explotan mano de obra precaria y escapan a todo control. La re-capitalización de Ancap no resuelve este problema, la única salida radica en el control obrero, abriendo los libros contables y terminando con todos los negociados con empresas privadas.
El sometimiento al gobierno se revela sobre todo en la cuestión salarial. Precisamente cuando el gobierno demuestra que todo su “combate a la inflación” es una farsa, debería reclamarse un aumento general de salarios y sobre todo la fijación del salario mínimo en $ 30.000 (media canasta familiar). La burocracia sindical viene firmando convenios que garantizan las pautas de hambre del gobierno, contribuyendo así a la política económica oficial.
Toda la política gubernamental va a saltar por los aires con la agudización de la crisis capitalista. El aumento de las tasas de interés, la caída de los precios de las materias primas y de las exportaciones, la tendencia al aumento de la deuda externa y del déficit estatal, constituyen un cóctel explosivo. La clase obrera debe plantear su propia salida: no pago de la deuda externa, eliminación del secreto bancario, nacionalización sin pago de la banca y eliminación de las Afaps (reestatización de la seguridad social), monopolio estatal del comercio exterior, control de los trabajadores sobre las grandes empresas, abriendo los libros contables al control de los sindicatos, aumento general de salarios, prohibición de los despidos, estatización de toda empresa que cierre.
El desarrollo de la crisis agudizará la tendencia a la disgregación de los partidos políticos, tanto del FA como de la “oposición” de derecha cada vez más fragmentada. Los trabajadores deben construir su propio partido, para luchar para que la crisis la paguen los capitalistas, por un gobierno de trabajadores.
