El gobierno ordenó una vez más a las empresas públicas que ajusten sus tarifas por encima de sus costos, con el objetivo de recaudar -sólo en la UTE se llegaría a unos 40 millones de dólares a lo largo de 2017 (Búsqueda, 22/12). Según algunas fuentes, en el conjunto de las empresas estatales se alcanzaría una recaudación de U$S 500 millones en el año, para volcar al gobierno central. Es un fiscalazo inocultable, destinado a descargar sobre los consumidores y la clase obrera el déficit estatal generado fundamentalmente por el peso de una deuda externa usuraria y fraudulenta.
El presidente de UTE propuso al gobierno un aumento del 4,5% pero el gobierno decretó un 7,5%. La presidenta de Ancap, por su parte, justificó el aumento del 8% en los combustibles “porque todavía tenemos que terminar de fortalecer Ancap”, reconociendo que la tarifa subía por encima de los costos -para enjugar el déficit fabuloso que dejó el gobierno de Mujica. En torno a la petrolera estatal se montó todo un esquema de empresas de derecho privado, que supuestamente iban a motorizar un desarrollo económico y que terminaron provocando el inmenso agujero de Ancap. Un fenómeno parecido al vivido en Petrobras (Brasil) y Pdvsa (Venezuela), dos experiencias en las que se demostró el fracaso de un “capitalismo de amigos” (subsidio a la burguesía “nacional” con el presupuesto estatal).
El Secretariado del PIT-CNT manifestó una tibia crítica, pero rechazó que haya un tarifazo, defendiendo al gobierno. Debería escuchar lo que dicen los sindicatos de UTE, OSE, ANCAP, etc., que denuncian que las tarifas pueden bajarse y que se aumentan para mantener las privatizaciones (energía) o hacer pagar al pueblo la contaminación del agua por los sojeros y grandes empresas.
Un comunicado del sindicato de la OSE afirma que “se le está trasladando al usuario del servicio la carga de las ‘ineficiencias’ y la ‘mala gestión’”. El sindicato de UTE, mientras tanto, declaró que “el pueblo sigue pagando una de las tarifas más caras e injustas que hay para seguir financiando uno de los negocios privados más rentables que hay” (la generación de energía).
El año culmina exactamente como empezó: con un ajustazo que no va a resolver la crisis, sino que la va a agravar. Cuando el gobierno anunció los recortes del gasto en salud y educación, más impuestos al salario, aumento del combustible y el boleto, dijimos que era sólo la primera dosis del ajuste, y que vendrían nuevas dosis. La realidad es que el déficit fiscal sigue por encima del 3,5% del PBI, todos los ajustes no resolvieron nada. Por el contrario, van a producir más recesión económica. De hecho, otra causa del déficit público radica en el BPS, como consecuencia de la caída de los aportes (mayor desempleo, más trabajo precario, peores salarios), así como la caída de la recaudación impositiva en general.
La derecha intenta capitalizar el descontento popular con el Frente Amplio, pero defiende otra variante de ajuste contra el pueblo, apuntando incluso a una mayor rebaja del salario y las jubilaciones.
La llamada “ala izquierda” del Frente Amplio (los Lorier, Civila, Constanza Moreira y otros) acaban de mostrar su abierta complicidad con el imperialismo al votar el mantenimiento de las tropas en Haití. Es la misma actitud cómplice con la cual niegan el ajuste anti-popular, y votan los recortes presupuestales a la educación y la salud.
Sólo el Partido de los Trabajadores plantea una salida progresiva frente a la creciente bancarrota económica: no pago de la deuda externa, nacionalización de la banca sin indemnización, estatización de las Afaps, aumento general de salarios y un salario mínimo de $ 35.000, financiamiento de un plan de obras públicas y viviendas populares con fuertes impuestos progresivos sobre las grandes fortunas. Para que la crisis la paguen los capitalistas, vení a construir el PT. Por un gobierno de trabajadores y por la unidad socialista de América Latina.
