Las noticias provenientes desde la industria papelera han significado un gran revés para el gobierno. El posible cierre de Fanapel por un lado (con cientos de envíos al seguro de paro) y la declaración de UPM poniendo en duda la instalación de la tercera planta de celulosa, fueron dos golpes tremendos.
El año pasado, la bancarrota de Ancap había puesto de relieve el fracaso de la política supuestamente “industrializadora” ensayada por Mujica y el Frente Amplio. La red de empresas (bajo el derecho privado) en torno a la petrolera estatal venía acumulando pérdidas que implicaron un agujero de más de 800 millones de dólares -pese a que el precio de los combustibles no había acompañado la caída del dólar y del petróleo. Ahora, el precio del crudo se viene recuperando y es posible una suba de la moneda norteamericana, lo que podría poner en riesgo la “estabilidad” alcanzada en ANCAP a base de tarifazos.
Los cierres de Fripur (dejando deudas millonarias en el Banco República) y de Alas U (experimento cooperativo con el que intentaron atenuar la debacle de Pluna), son otros ejemplos del fracaso del gobierno.
Con la elección de Trump en EE.UU. y la declaración del gobierno chino de que no firmará un TLC al márgen de Brasil, se cae también el anuncio de acuerdos comerciales como supuesta salida exportadora. En un mercado mundial que se cierra en una creciente guerra comercial, la vía “aperturista” está más muerta que un faraón.
Por otra parte, el gobierno recorta las inversiones públicas para cumplir con las calificadoras de riesgo que exigen bajar el déficit estatal. Las necesidades de infraestructura y de edificación quedan condicionadas a las llamadas “participaciones público privadas” (como en el Hospital de Clínicas, en las carreteras y en la educación). Las PPP son un negociado a favor de empresas privadas, pero aún así están en duda. Es decir, difícilmente vengan “inversores” (incluso si se les prometen ganancias leoninas).
El gobierno se encuentra claramente en un impasse.
Dentro del Frente Amplio, los sectores que propugnaban una vía “neo keynesiana” (inversiones estatales financiadas con las reservas del BCU, aumento de impuestos a las empresas para financiar un mayor gasto) terminaron cerrando filas con el ajuste astorista. Del gobierno en disputa han pasado a disputar la magnitud y las características del ajuste anti-popular, y de la rebaja salarial.
La “oposición” de derecha (Lacalle, Bordaberry, Novick) no se encuentra mejor: carece de una política alternativa. Por eso, se muestran incapaces de capitalizar el descontento (una reciente encuesta muestra la caída de la popularidad de Vázquez; otra, refleja que blancos y colorados también sufren una caída). Son todos ajustadores. El impasse no es sólo del gobierno, es de toda la clase capitalista.
Un ejemplo en este sentido son los gobiernos derechistas de la región. Ni Macri ni Temer han logrado abrir una reactivación económica, pese al inmenso ajuste anti-popular aplicado (y el aumento del endeudamiento en más de 40.000 millones de dólares, en el caso argentino). La derecha uruguaya que se referencia en estos gobiernos, muestra en Brasilia y en Buenos Aires que no tiene una salida.
Sólo los trabajadores pueden abrir un camino, a través de su movilización independiente. El eje pasa por un programa para que la crisis la paguen los capitalistas: por un salario mínimo de $ 35.000, reajuste automático de salarios según la inflación; abajo todos los impuestos a los sueldos, por fuertes impuestos progresivos sobre las grandes fortunas; prohibición de los despidos, ocupación de toda fábrica que cierre, estatización bajo control de los trabajadores; contra el aumento de la edad de retiro, estatización de las Afap, jubilación inicial equivalente al último sueldo en actividad; nacionalización de la banca sin indemnización; no pago de la deuda externa. Por un gobierno de trabajadores, para reorganizar la economía sobre nuevas bases bajo control obrero.
