El proyecto de Ley de Urgente Consideración que impulsó la coalición multicolor, está en las etapas finales de su “discusión” en la Cámara de Senadores. Si bien ha tenido modificaciones en áreas como el monopolio de ANCAP, en educación se registran acuerdos centrales, que ponen en práctica una verdadera reforma antieducativa, privatizadora, que centraliza (aún más) en el Poder Ejecutivo y el CODICEN de la ANEP las definiciones respecto a la política educativa y la enseñanza pública estatal. Cabe recordar que muchos de los planteos propuestos se enmarcan en acuerdos multipartidarios alcanzados en 2010 y 2012, durante el gobierno del FA, cuyos ejes de reforma iban en el mismo sentido que los planteados ahora -reforzar la injerencia del MEC, profundizar la privatización, aumentar las potestades de los Directores y fragmentar el sistema educativo en centros “autónomos”, entre otros elementos. Esto explica que no haya oposición en estos puntos en el parlamento y los partidos que lo conforman.
Las implicancias de estas transformaciones tienen un carácter estructural, que flexibiliza las relaciones laborales con docentes y funcionarios, dotando a los equipos directivos de un poder de decisión en la selección y permanencia de los trabajadores en los centros educativos, dando el mismo peso en la carrera docente a la formación y al “compromiso con el proyecto de centro” (es decir, al grado de obsecuencia hacia la Dirección).
Esta flexibilización se prevé para la confección y puesta en práctica de los lineamiento de la política educativa: planes y programas de estudio, evaluación, etc, ya que cada centro educativo implementaría los lineamientos que defina la Dirección. Incluso se otorgarían presupuestos distintos en función de los resultados, lo cual generaría no sólo mayor competencia, sino una profunda desigualdad: los estudiantes con mayores dificultades terminarían estudiando en instituciones con cada vez menos recursos.
El ya magro presupuesto educativo se utilizaría, de esta manera, como canal para ajustar las cuentas del Estado y con ese ahorro pagar la deuda, exonerar a los capitalistas, subsidiar a los sojeros y además, presionar a los docentes para viabilizar una estafa educativa: bajar los contenidos que se enseñan, bajar los requisitos para aprobar los cursos, a cambio de tener bancos, productos de limpieza, ventanas con vidrios y algún material didáctico.
La “oposición” parlamentaria
Mientras se procesa este ataque en toda regla contra la educación de los hilos de los trabajadores, el FA se limita a buscar un “control de daños”, según Charles Carrera. En este sentido, estarían negociando qué artículos votar y que enmiendas proponer. Este método conduce a un callejón sin salida, supeditando la lucha para derrotar a la LUC a sus especulaciones electorales.
Este proyecto de ley debe ser derrotado, no negociado.
La burocracia sindical, nuevamente apuesta a la desmovilización
La pandemia desatada por el virus COVID-19, colocó un freno al proceso de movilización que desee principios de marzo, comenzó a gestarse. Sin embargo, la objetiva necesidad de minimizar los contagios y respetar el “distanciamiento físico”, es utilizado como una coartada para no impulsar un verdadero movimiento de oposición a la LUC. En este sentido, la burocracia hipoteca una lucha crucial para el futuro de generaciones de estudiantes y trabajadores de la enseñanza (por mencionar tan sólo un sector de los afectados), a cambio de ir a la retranca del FA y generar ilusiones respecto a una posible recolección de firmas para una posible derogación de la ley. Una política criminal. En este sentido, la oposición a la LUC debe demostrarse en términos políticos, organizativos y militantes, no meramente en consignas o instancias de formación. Derrotar a la burocracia implica una superación de sus métodos claudicantes, no la adaptación a los mismos.
Impulsar un movimiento contra la LUC y en defensa de la educación, vivienda y salario
En este sentido, los militantes clasistas tenemos una tarea enorme: denunciar está nueva entrega e impulsar en el seno del movimiento obrero un plan de lucha, que unifique las reivindicaciones, anteponiendo al programa de las patronales y el gobierno, la agenda de los trabajadores.
Es imperativo trascender las limitaciones impuestas por la burocracia sindical, a través de la organización en los lugares de estudio y trabajo, en los gremios y sindicatos, con el objetivo de coordinar movilizaciones, actos, concentraciones, acciones de agitación que coloquen el problema en forma masiva.
La derrota de la LUC debe ser uno de los ejes de debate en el PIT-CNT, dónde un plan de lucha debe implicar una escalada de paros, iniciando con uno de 24 horas, dónde sé garantice el transporte para asistir a una movilización y acto en defensa de las condiciones de trabajo, del salario igual a la canasta, del derecho a huelga, autonomía y cogobierno en la educación pública, contra la reforma antieducativa, la represión y la privatización.
Por una alternativa obrera
La defensa de la educación pública está, nuevamente en manos de la clase obrera, que no puede esperar nada del FA, ni de la burocracia sindical, que buscan legitimar el gobierno de Lacalle Pou y garantizar la “gobernabilidad”. Es por esto que los trabajadores y la juventud deben forjar su propia alternativa política, con su programa y su orientación, su propio partido.
