Estamos en presencia de tiempos turbulentos: la crisis capitalista es ahora innegable y las empresas privadas, así como el gobierno del FA, están tomando las medidas necesarias para que se descargue sobre los trabajadores.
La educación no está ajena a este proceso de ajuste: a nivel público, recortes presupuestales, salarios sumergidos y proyectos privatizadores son los métodos para “bajar el costo del Estado”.
Estos fenómenos, fueron acompañados por una furibunda campaña de desprestigio de la educación pública, en particular del desempeño de sus trabajadores y de su “calidad” (medida en términos puramente resultadistas y descontextualizados).
Al tiempo, una incesante campaña se desarrolló en favor de la educación privada, la cual parecía ser la panacea: mejor “calidad del servicio” (en tanto mercancía ofrecía múltiples satisfacciones a sus clientes), una gestión eficaz de los recursos y menor conflictividad de sus trabajadores.
Poco o nada se decía de las ingentes ganancias que se obtienen de la mercantilización del derecho al acceso a la educación ni de las suculentas exoneraciones fiscales y patronales con que cuentan los colegios privados.
Sin embargo, los sucesos desarrollados durante el fin de año pasado, resultaron absolutamente esclarecedores: el conflicto en el Colegio Gabriela Mistral, resultado de un despido abusivo y la crisis del Colegio José Pedro Varela.
En este último caso, la crisis reveló de forma meridiana el mito de la educación privada, elaborado por quienes defienden sus privilegios de clase y no dudan en destruir la educación pública.
El colegio cuenta con activos valorados en U$S 6 millones, a los que se suma una importante cantidad se dinero fruto de las matrículas (los más de mil estudiantes pagan unos $20.000 mensuales, casi el doble de un salario mínimo).
A pesar de esto, acumuló deudas millonarias, al punto que el pasado 30 de diciembre, el colegio anunció su cierre, enviando al seguro de paro a 432 trabajadores. En una maniobra de chantaje, la dirección les ofrecía una rebaja salarial del 30% (!) a cambio de no echarlos a la calle.
Tras extensas negociaciones, idas y vueltas, los organismos de dirección aceptaron la propuesta de los padres movilizados (entre los que de encontraba M. Xavier, la ex- presidenta del FA que negó el 6% para ANEP y UdelaR). Esta propuesta se basa en el recorte de la masa salarial (léase despidos) y la administración del colegio por parte de los padres, a cambio de una inyección monetaria basada en el pago por adelantado de la cuota de 2017.
El SINTEP se desmarcó de esta resolución, planteando que continuará con sus negociaciones. Es claro que no garantiza la permanencia de la plantilla de trabajadores actual, ni sus condiciones de trabajo.
En este marco, más que nunca debe defenderse la estatización de la institución, sin indemnización a sus dueños. Es la única forma de mantener los puestos de trabajo. A su vez, permitiría integrar su infraestructura al patrimonio estatal y a sus estudiantes al sistema de educación pública, el único que debemos defender los trabajadores.
Basta de financiar a los mercaderes de la educación. No a las exoneraciones fiscales y patronales. Autonomía y co-gobierno para ANEP. Por un sistema único y estatal de educación. 6 % del PBI para ANEP y UdelaR
