El gobierno del FA y las autoridades de la educación designadas políticamente, se ha caracterizado por atacar de forma constante las condiciones de trabajo y estudio de las instituciones enmarcadas en la ANEP.
Reforma y ajuste
Muestra de esto es la implementación, con marchas y contramarchas (resultado del accionar de los sindicatos de la educación) y en forma de “cuentagotas” de un proceso de reforma educativa que se caracteriza por ser privatizador y precarizante, que desarrolla las condiciones para una intervención aún mayor del gran capital en la educación pública estatal.
Sin embargo, no hay condiciones para una reforma educativa de conjunto, pues no existe unanimidad acerca del “rumbo” en las propias filas del oficialismo y aún sobreviven los compromisos asumidos con los partidos Nacional, Colorado e Independiente en el ya casi olvidado “acuerdo multipartidario” del gobierno de Mujica. Finalmente, la reforma deberá enfrentar a los sindicatos y gremios clasistas y combativos que plasmaron una colosal lucha presupuestal en el 2015 y han resultado un obstáculo para el gobierno y la burocracia sindical.
La orientación de la reforma es continuar con la penetración de las políticas educativas “enlatadas” y recetadas (cual médico que diagnostica una enfermedad) por el FMI, el BID y la OCDE. Las políticas financieras, fiscales y los condicionamientos de estos organismos son una causa fundamental del actual estado de situación en la educación -y el Estado en general.
Conjuntamente, asistimos a una innegable reducción del gasto en educación; un verdadero presupuesto de ajuste -votado por toda la bancada del FA- que repercute en las políticas educativas que se implementan, caracterizado por descenso permanente del nivel de los conocimientos impartidos y los niveles de exigencia, el ahorrar en todo tipo de rubros (creación de cargos, infraestructura y salarios).
Se ha incumplido, además con la construcción de casi 30 locales que faltan del presupuesto 2010. Lo que tiene su contracara en la creación de “liceos” sin local. Un caso claro es el liceo de La Barra, en Maldonado, que está compuesto exclusivamente por contenedores de barcos, en similares condiciones que el 67 de Montevideo: ambos son, literalmente, playas de contenedores. Se suma a los liceos que funcionan en locales de colegios privados que son alquilados o prestados por instituciones religiosas (nuevamente el 67, así como el 69 de Montevideo, por ejemplo).
La falta de creación de cargos se une al perverso mecanismo de la privatización de áreas estratégicas del estado a través de la tercerización, en donde se contratan empresas que no representan ni un ahorro presupuestal, ni una mejora en el servicio o en el derecho al acceso a la educación, se trata de un gasto prácticamente incontrolado.
Desde CODICEN se preparan las condiciones para el embate reformista: circulares de permanencia en las instituciones públicas, las “cláusulas de paz” de que constan en los convenios salariales (que han sido desoídas por los trabajadores organizados), las circulares vinculadas a las reuniones evaluatorias que buscan ignorar la reglamentación sobre negociación de las condiciones de trabajo, los dimes y diretes entre las autoridades del CES, la búsqueda permanente de flexibilización laboral, así como el desconocimiento de los acuerdos firmados (por ejemplo, en el marco de la no elección por más de un año), forman parte de esta política.
Nuestro rumbo
En este marco, los sindicatos de la educación debemos fortalecer a las corrientes clasistas dentro de los sindicatos, que oponen por izquierda una alternativa al accionar burocrático, marcando un rumbo claro. Es necesario un plan de lucha que unifique las reivindicaciones en la CSEU y que oriente el accionar, preparando las condiciones para una frontal lucha presupuestal, así como la reforma educativa de los organismos internacionales y del FA.
Los ejes son claros: salario igual a $32.000, desmantelamiento de las políticas privatizadoras, eliminación de los contratos con las empresas tercerizadoras y efectividad para los trabajadores que desempeñan tareas permanentes, creación de todos los cargos de servicio y pedagógicos que se adeudan, educación integral en todos los niveles, autonomía y cogobierno, todo esto en el marco de un presupuesto del 6% mínimo del PBI y que se ajuste en función a las necesidades.
Natalia Leiva
