El pasado 30 de junio, varios dirigentes sindicales de la Coordinadora de Sindicatos de la Educación, firmaron un preacuerdo con el MEF, a partir del cual se obtendría un ajuste salarial en torno al 6% en 2025 en pequeñas cuotas, que buscaría compensar la pérdida salarial que sufren los trabajadores de la educación desde 2020 (que ronda el 8%).
Contempla la posibilidad de redistribución de parte de la masa salarial en acuerdo con los sindicatos, que implicaría el reconocimiento de la jornada laboral de cargos de docencia indirecta (como adscriptos, preparadores), pero plantea el aumento diferencial -a texto expreso- a directores, subdirectores y cuerpos inspectivos.
La mayor parte de los sindicatos que integran la CSEU ha rechazado históricamente los aumentos diferenciales (sean estos por contexto de trabajo, por cargos o por productividad), dado que los diferentes partidos en el gobierno lo han utilizado para cooptar personal para motorizar sus reformas antieducativas.
En este sentido, este aumento diferencial se restringe a los mandos medios que impulsarán la reestructura de corte empresarial que el gobierno, cínicamente denomina “reforma educativa”.
El pre-acuerdo no incluye una cláusula “gatillo” que realice un ajuste automático del salario, frente a una escalada inflacionaria. En un contexto internacional caracterizado por la volatilidad de los mercados, en el que las potencias se preparan para la guerra, y se está disparando la inflación -alcanzando un récord histórico de 9,1% en EE.UU-, donde a nivel regional se conjuga con la devaluación, es viable pensar que estas tendencias se agudizarán en un futuro cercano y que Uruguay no será la excepción.
Por otro lado, lo que sí incluye es una “cláusula de paz sindical” con el gobierno, que implica que “las partes” nos podrán realizar ninguna acción que atente contra el mismo durante mientras esté vigente. Esto quiere decir, los sindicatos no podrían pelear por salario hasta el 2025, garantizando así la gobernabilidad de Lacalle Pou y Robert Silva.
Este punto no es novedoso,fue la norma en los acuerdos de 2015 con el gobierno del FA -que la burocracia logró hacer aprobar en FENAPES luego de cinco Asambleas Generales de Delegados-
El gobierno de Lacalle Pou no es un bloque monolítico, tiene tensiones y debilidades internas, que se profundizan con la presión ejercida por las movilizaciones y luchas sindicales, que lo han llevado a no cumplir con una Rendición de Cuentas de gasto 0, ni con ajustes por Índice Medio de Salarios.
Rechazo al pre-acuerdo y plan de lucha
Frente a este panorama, los trabajadores y trabajadoras de la educación debemos exigir que se rechace la firma de este preacuerdo y que se rediscuta, sobre la base de salario igual a media canasta, el rechazo a cualquier reforma antieducativa y a la reforma previsional, es decir, colocar como norte que la crisis la paguen los capitalistas, no la clase obrera.
A la táctica de “no hacer olas” de la burocracia sindical -que implica desmovilizar al sindicato con una perspectiva electoralista- los sectores que se reclaman clasistas deben anteponer un plan de lucha que se inicie con paros y movilizaciones en agosto y sea el puntapié para desarrollar el conflicto que está planteado.
