Mientras en Chile se producen manifestaciones multitudinarias contra la jubilación privada, en Uruguay se comienzan a percibir los efectos confiscatorios de la reforma de la seguridad social realizada hace veinte años. Las protestas de los llamados “cincuentones” ponen sobre la mesa nuevamente la discusión de las AFAP. Se trata de un grupo de trabajadores que fue forzado a aportar a los fondos privados de pensión, y que se ve particularmente afectado porque recibirán una jubilación sensiblemente menor a la que obtendrían a través del BPS (se calcula que un 30% menos).
La reforma de 1995 (que entró en vigencia al año siguiente) estableció una rebaja de la jubilación inicial que presta el BPS, como consecuencia de la rebaja de la tasa de reemplazo (el porcentaje que se utiliza para el cálculo jubilatorio) y del aumento de los años para tomar el salario promedio del trabajador –antes se utilizaban los últimos tres años, ahora los últimos 10 o los 20 mejores años aportados. Combinando estos dos elementos, surge una caída muy grande del sueldo percibido al jubilarse. En el caso de los que tienen aportes también a las AFAPs, la renta previsional dependerá del fondo generado por los aportes del trabajador, en un régimen de capitalización individual. Cuantos menos años de aportación y de capitalización, se obtendrá una renta más baja. Los cincuentones son un grupo particular pero es un fenómeno más general. Puede haber trabajadores que tengan aportes a la AFAP durante pocos años (si perdieron empleo, o sufrieron pérdida salarial), aunque no estén en esa franja etaria.
Con la reforma, las patronales tuvieron una rebaja del aporte patronal. Pasaron de aportar un 15% a un 12%, y en 2007 el propio Frente Amplio estableció una nueva rebaja (ahora aportan un 7,5%). Como ese porcentaje apenas cubre diversos riesgos (salud, muerte, etc.) que tiene el trabajador durante su vida laboral, la realidad es que la jubilación es prácticamente financiada exclusivamente por el propio asalariado. Esto es explícito en la parte “privada” o “individual” (AFAP) pero es evidente también que la parte “estatal” de la jubilación la financia casi totalmente el trabajador. A vía de ejemplo, en Argentina la tasa patronal es del 10,7%, en Paraguay es del 14% y en Brasil es del 20%. Cuando las cámaras patronales se quejan de la “baja competitividad” respecto a la región, omiten que son las que pagan menos impuestos a la renta y aportes patronales a la seguridad social.
Como la jubilación no es otra cosa que un salario diferido, el hecho que la misma dependa no de las patronales sino del ahorro de los propios trabajadores implica en los hechos una rebaja salarial.
La jubilación privada, como la enseñanza, la salud, los riesgos del trabajo, etc., pasaron cada vez más a manos privadas, generando un nuevo campo para la obtención de ganancias por parte de los capitalistas. La privatización busca generar un mercado para un capitalismo donde existen capitales sobrantes que no encuentran dónde reproducirse y obtener un plusvalor.
En el marco de la crisis mundial, los fondos de pensión (como las aseguradoras) están sufriendo particularmente la caída de las tasas de interés, dado que no pueden valorizar sus reservas, por lo que enfrentan una perspectiva de pérdidas. Toda la ofensiva ideológica que fundamenta un aumento de la edad de retiro basado en el aumento de las expectativas de vida, oculta que la razón de fondo está en la propia crisis del capital, que tiene una expresión en la caída de la tasa de ganancia.
El gobierno ha dado la espalda al reclamo de los cincuentones. Tabaré Vázquez prácticamente le echó la culpa al pueblo, cuando dijo que él había recorrido el país advirtiendo sobre estos efectos. Incluso sugirió que el pueblo ya se había pronunciado avalando las AFAP en un plebiscito, cosa que nunca ocurrió. Astori que el tema “no está en la agenda” del gobierno.
Miles de trabajadores están presentando recursos de inconstitucionalidad contra la ley que creó a las Afap, y también realizando juicios reclamando una indemnización al Estado. El PIT-CNT dice apoyar el planteo y sigue afirmando que defiende “un sistema sin Afap”, pero no impulsa una movilización de conjunto para acabar con el sistema “mixto” (semi-privatizado) de seguridad social.
Por otra parte, la eliminación de las Afaps es sólo un primer paso. Si sólo existiera la Afap estatal, o si todos los aportes pasaran al BPS sin modificar el régimen de cálculo de las jubilaciones, no habría una salida real para los trabajadores. Las jubilaciones que perciben los asalariados son hoy mucho más bajas que previas a la reforma de 1995. El Frente Amplio defiende la continuidad de esa reforma, tanto en lo que refiere a la forma de cálculo como en cuanto a la existencia de fondos privados de pensión.
La salida inmediata que reclaman los “cincuentones” –que se les aplique el mismo cálculo que hubieran obtenido en caso de no haber sido forzados a la capitalización individual— es apenas una equiparación con el resto de los trabajadores de otras generaciones, que también son estafados por el sistema de seguridad social (público y privado). La salida de fondo es la derogación de las Afaps, por una jubilación inicial calculada sobre la base del último salario percibido (82%, como se establecía en otros países de la región). Por la administración del BPS por los trabajadores activos y pasivos. Fuera el gobierno y las patronales de los fondos jubilatorios de los trabajadores.
