Publicado en el semanario Voces el 19 de octubre
El pasado martes 10 de octubre, ex-senador Gustavo Penadés fue a prisión preventiva por la imputación de 22 delitos relacionados con la explotación sexual, violación a menores y desacato. Además, se imputó al ex profesor Sebastian Mauvezín, por la captación de menores para la explotación sexual. Este juicio se inicia a partir de la denuncia de 10 víctimas, que relataron las vejaciones sufridas en diferentes momentos, a lo largo de varias décadas.
En el marco de esas investigaciones, la fiscal Ghione reveló la existencia de una trama que involucra a varios poderes y funcionarios del Estado, con el objetivo de realizar una “estafa procesal” para construir un relato donde, la verdadera “víctima” era Penadés.
Este hediondo plan, contó con la complicidad de funcionarios de la Corte Electoral, asesores, policías y el ex-director del COMCAR Carlos Taroco, como trascendió en la prensa y fue confirmado por la fiscal. Cabe mencionar que toda esta labor de espionaje, fue posible a nivel técnico por el software que el Frente Amplio trajo a Uruguay: El Guardián, cuyo uso para la persecución política está más que demostrado.
Asimismo, no se trata ni por asomo, del primer escándalo del actual gobierno, que tiene en el caso Astesiano, el pasaporte otorgado a Marset, el espionaje a dos senadores del FA, los ingresos a dedo a la CTM de Salto Grande, alguno de los episodios más sonados.
Sin embargo, por lo denigrante de los delitos (violación a menores pobres, que eran captados a través de redes sociales o en la calle), por las circunstancias en que la primera víctima (una militante del propio Partido Nacional) realiza su denuncia pública y por el poder de uno de los imputados (un senador reconocido como el articulador del Partido Nacional en el Parlamento e íntimo amigo del Presidente), las proporciones de este escándalo institucional, son inmensas.
Desde el primer momento, el imputado hizo alarde de su poder, realizando una conferencia de prensa en el propio Palacio Legislativo, donde intentó dar una versión inverosímil: se trataba de un plan para perjudicarlo políticamente, por lo que desmentía categóricamente las acusaciones.
El Ministro del Interior Heber, apoyó públicamente y desde el primer día a su amigo, desacreditando a la denunciante. El Presidente Lacalle Pou hizo lo propio, defendiendo a un amigo que lo “miró a los ojos”. Incluso el presidente de INAU, Pablo Abdala, confió en que podría defenderse ante la justicia. Otros actores del PN, como Argimón, declararon con mayor cautela, aunque sin desligarse por completo.
Es imposible cuantificar las consecuencias de este amedrentamiento. Sin embargo, fueron apareciendo otras víctimas, que declararon en carácter reservado, con testimonios que revelan décadas de abusos. La reserva fue fundamental, ya que se utilizaron parte de las fuerzas represivas y de los recursos del Estado para averiguar -a través del espionaje ilegal- sus identidades, con el fin de desacreditarlas personalmente y con ello, minimizar el impacto de sus testimonios. Este operativo, por el grado de involucramiento de los poderes del Estado, es poco factible que se desarrollara a espaldas de sus jefes políticos.
Se trata de un caso que pone en manifiesto la podredumbre del Estado y de sus agentes en el gobierno, donde el poder político y mediático se usó explícitamente para entorpecer el proceso jurídico.
El cortafuegos que el gobierno intenta colocar, quitando todo respaldo político a Penadés (que incluso no consiguió abogados que reemplazaran a los renunciantes) es insuficiente: el Ministro Heber debe renunciar y debe cuestionarse la responsabilidad del propio Presidente (que con habilidad, logra salir airoso de los episodios que protagoniza su entorno más íntimo)
Esta crisis no es un hecho aislado: el punto es que la corrupción y la explotación son parte del Estado capitalista, para superarla es necesario cambiar de raíz el régimen que la anida.
Ojalá no sea una nueva maniobra solapada.