El referéndum del 27 de marzo tuvo un efecto hasta cierto punto amortiguador: de un lado produjo un abroquelamiento de la coalición derechista que impulsaba el NO, y de otro lado fue utilizado para canalizar la bronca con el gobierno exclusivamente en el voto al SI -evitando la movilización, los paros, las marchas, etc.
Pasado el referéndum, en el cual el gobierno no obtuvo una victoria concluyente que lo fortalezca, los socios de la coalición comenzaron a marcar cada uno su perfil con planteamientos en relación al alza de precios y otros temas económicos. Tanto desde Cabildo Abierto, como desde el Partido Colorado e incluso desde el propio Partido Nacional del presidente Lacalle Pou, surgieron voces planteando modificaciones en la política económica -sobre todo frente a la carestía que ataca los bolsillos de los trabajadores.
Crisis capitalista y guerra mundial
La guerra mundial que se desarrolla en territorio de Ucrania -en la cual intervienen directa o indirectamente todas las potencias- abre una nueva etapa en la crisis capitalista internacional, y plantea más penurias para los explotados de todo el mundo. La guerra afecta a todos los países, provocando realineamientos y crisis políticas.
La disputa que ya se desarrollaba en América Latina entre el imperialismo yanqui y China, se ha acentuado. Latinoamérica es el patio trasero de los EE.UU., los que no pueden permitirse perder el control sobre la región en una etapa de guerra imperialista. En Uruguay hemos presenciado una ofensiva de EE.UU. para echar por tierra un posible TLC con los chinos, que tuvo expresión en el presidente de la cámara de diputados, el colorado Ope Pasquet, el que manifestó que en el marco de la guerra en Ucrania, en que Uruguay se posicionó del lado de la OTAN, es impensable concretar un tratado de libre comercio con China.
La guerra ha provocado el aumento de los precios de las materias primas, en particular los combustibles y los alimentos, lo que se traduce en un alza abrupta de los precios. El gobierno había fijado una meta del 5,8% de IPC para todo el año, mientras que la inflación anual ya ronda el 10% y sigue al alza. La cuestión de la carestía ha generado una serie de planteamientos en el seno de la coalición de gobierno, frente a lo cual Lacalle decidió echar lastre y anunciar un “adelanto del ajuste salarial” para los estatales para el 1° de julio, por un miserable 2% (y un 3% para los jubilados). Lacalle reveló que no sabe “a cuenta de qué es” el mencionado ajuste, declarando que con la guerra en Ucrania no puede pronosticar qué pasará con los precios en el resto del año. El ajuste de julio pretende anticiparse a una lucha salarial que hasta ahora la burocracia sindical ha contenido, pero esta maniobra es de corto vuelo teniendo en cuenta la tendencia inflacionaria. Cuando se cobre el ajuste, los precios ya habrán pegado un nuevo salto.
Mientras tanto, las cámaras empresariales han protestado ante el cambio de la política salarial, y critican que se les reclama contener los precios por un lado y subir los salarios por otro, lo que presentan como una “inconsistencia” del gobierno. El semanario Búsqueda editorializa que el gobierno de Lacalle lleva adelante los planteos del senador del PS Daniel Olesker.
La “oposición”, paralizada
Mientras tanto, la “oposición” frenteamplista invita al gobierno al enésimo diálogo y negociación. La dirección del PIT-CNT convoca a un acto del Primero de Mayo que pretende masivo, pero lo hace en el marco de una completa parálisis. Esta burocracia sindical acepta el “adelanto” del ajuste del gobierno, en lugar de plantear una movilización unitaria para quebrar la rebaja salarial.
Hay que recordar que el propio referéndum no fue impulsado por la cúpula del FA y fue inicialmente rechazado incluso por su presidente Fernando Pereira cuando presidía el PIT-CNT. La coalición de centro-izquierda había votado más de media L.U.C., incluyendo los artículos referidos a la reforma de la seguridad social, que plantean un mazazo contra los derechos de los trabajadores. El FA y el PIT-CNT participaron de la “comisión de expertos” convocada por la L.U.C., y no han planteado ninguna campaña en contra de esta reforma que exige el Fondo Monetario. Por el contrario, tanto Orsi como Cosse (dos posibles candidatos frenteamplistas en 2024) defienden la continuidad de las AFAP y la utilización de sus fondos para obras de infraestructura. Durante 15 años de gobierno, el Frente Amplio mantuvo la jubilación privada que complementa el régimen estatal. En 2019, tanto Astori como Mujica manifestaron su disposición a aumentar la edad de retiro para jubilarse. En el mismo sentido se expresó el economista Hugo Bai del Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT.
La reforma jubilatoria
En la propia noche del 27 de marzo, Lacalle Pou anunció que el gobierno pondría el pie en el acelerador de la reforma jubilatoria (una exigencia del Fondo Monetario Internacional) y de la reforma educativa. Este es un mandato del FMI, que lo está impulsando en todo el mundo para producir una rebaja del salario diferido que son las jubilaciones, y de esta forma aumentar la tasa de ganancia de los bancos y a la vez reducir el déficit fiscal de los gobiernos -de forma de asegurar el pago de la deuda externa a los mismos bancos que usufructúan el negocio de la jubilación privada.
Para llevar adelante esta reforma, el gobierno necesita de la colaboración del FA y de la burocracia sindical, como mínimo asegurando la desmovilización de los sindicatos, y en lo posible votando parte de la reforma. Las declaraciones del Senador Jorge Gandini (Partido Nacional) son muy claras: “si no hay acuerdo y el gobierno debe asumir todo el costo político, puede no haber reforma de la seguridad social” (emisora Del Sol, 29/3), “el sueño del pibe del FA es que votemos una ley antipática y después disfrutarla” (tras ganar las elecciones en 2024).
La reforma jubilatoria carece totalmente de popularidad, como lo reflejan las encuestas que marcan que casi el 80% está contra el aumento de la edad de retiro. Con este indicador, es revelador que el Frente Amplio no haya hecho campaña con este tema -que hubiera podido volcar el referéndum a su favor. Es que los dirigentes frenteamplistas hacen buena letra con el FMI y las Afap, no con su electorado que creen “cautivo”. Pretenden reconquistar el favor de las cámaras empresariales, que hoy se alinean mayoritariamente con Lacalle, y por eso limitan su “oposición” a algún tweet ocasional en redes sociales. Como se puede leer en otro artículo en esta edición, el Frente Amplio se ha alineado con la guerra de la OTAN, como se manifestó en la votación en el parlamento tanto sobre Ucrania como sobre el ingreso de militares yanquis al país, alineándose en este tema con el gobierno derechista.
Por un congreso de trabajadores
La maniobra del gobierno en torno al ajuste salarial es un paso atrás que intenta ambientar una ofensiva en torno a las reformas jubilatoria y educativa.
En la enseñanza pretenden continuar la ofensiva anti-sindical para impulsar una reforma completamente reaccionaria que despoja a los docentes de las ya menguadas conquistas históricas (digitación de horas docentes por los directores, avasallamiento de las categorías y el estatuto del docente).
La disparada de los precios de la canasta familiar plantea la necesidad urgente de un plan de lucha de todo el movimiento obrero. La ofensiva en torno a los derechos jubilatorios exige preparar la huelga general.
Esto exige quebrar la parálisis que la burocracia frenteamplista ha impuesto a los sindicatos. Toda la orientación de esta dirección es colocar las expectativas populares en una elección nacional dentro de tres años, convocando al retorno del gobierno frenteamplista cuya política ya llevó a un triunfo de la derecha. Un retorno del FA se produciría -por otra parte- en una situación completamente diferente a 2005, ya que la crisis capitalista ha pegado un salto de gigante y plantea una agudización de la lucha de clases y no una inviable conciliación entre explotadores y explotados.
Es necesario que los sindicatos y agrupaciones que se proclaman clasistas y combativos, convoquen a un congreso de trabajadores para impulsar un plan de lucha.
