Dirigente histórico del Partido Obrero (Argentina)
Luego de transcurridas 48 horas de las elecciones presidenciales en Venezuela, ha quedado establecida una delimitación neta de los campos en pugna. El oficialismo ha decidido atrincherarse en una victoria que, sin la menor prueba material, le ha dado un Consejo Electoral digitado por él mismo. Enfrente se abroquela la Plataforma de la Unidad Democrática (PUD), que asegura tener las actas que le darían una victoria contundente en todos los estados del país. El PUD es la coalición que ha organizado la ultraderecha en función de las circunstancias, luego de una larga serie de intentos golpistas, a partir del golpe de Estado de abril de 2002.
El bloque golpista reclama “transparencia” –en nombre de la democracia y hasta de la soberanía popular. Las actas del escrutinio, que la PUD asegura tener en su poder, coincide con los informes de boca de urna del domingo pasado que les entregó la consultora Edison Research, “una firma vinculada a la CIA con una larga historia de provisión de información a la propaganda de Estados Unidos” (Naked Capitalism, 30/7). El relato ‘bolivariano’, por su lado, justifica la prórroga de mandato que se ha dado a sí mismo, hasta 2031, porque serviría de dique de contención contra el “fascismo”. Señala que ha ejecutado varios golpes en el pasado reciente, en especial en Bolivia, en 2019 y en Brasil, en enero de 2023, por parte de Bolsonaro y un sector de los altos mandos militares, pero también apunta a Ecuador, fraguado por quien había sido vicepresidente de Rafael Correa (Lenin Moreno), y Perú (el derrocamiento de Pedro Castillo). Para los ‘bolivarianos’ de otros países, la proclamación fraudulenta de la re-re-reelección de Maduro estaría al servicio de la contención del avance de la derecha continental y mundial, aunque desvincula de esa definición a dos regímenes políticamente autoritarios y derechistas. Una sugerencia atrevida, cuando se tiene en cuenta que los presidentes de China y Rusia -Xi y Putin- son notorios derechistas y aliados de la derecha europea. Cargan sobre sus hombros, por sobre todo, con la destrucción más vasta de derechos sociales en la historia mundial y el mayor remate del patrimonio estatal en beneficio de la oligarquía interna y el capital internacional. La controversia electoral del domingo pasado ha provocado ‘efectos colaterales’ significativos. Ha alineado a Brasil y Colombia en el mismo campo de EE.UU. y la UE, en oposición a China y Rusia, sus aliados internacionales en el llamado Sur Global. En definitiva, la retórica de la democracia versus la dictadura que ha encapsulado la disputa electoral, es un globo interesado. Disimula el desarrollo de una crisis mundial y una guerra internacional y, de otro lado, una larvada guerra civil que, con picos y valles, lleva en Venezuela más de dos décadas.
La discusión acerca de la transparencia de una elección tiene lugar en un país con ocho millones de ciudadanos en el exterior y un 60% de la población en la indigencia y la pobreza. Esa migración histórica y esa pauperización masiva es un resultado de sanciones y bloqueos contra Venezuela, de la que sus responsables pretenden sacar provecho político. Los sitiadores reclaman democracia al país que asedian. Es el escenario que, en el pasado, anunciaba la inminencia de un golpe militar. La cuestión es que ni la negativa a entregar las actas del escrutinio, ni el reclamo para que se haga, abrirá una salida a la crisis social –al revés: uno y otro desenlace aseguran una acentuación de la crisis y la posibilidad de que estalle una guerra civil que se ha mantenido larvada.
La convocatoria a una elección presidencial relativamente competitiva se había ido abriendo camino a fuerza de crisis y negociaciones. El oficialismo venezolano accedió a una legalización de opositores a cambio de un levantamiento parcial aunque sustantivo de las sanciones norteamericanas. Fue el llamado Pacto de Barbados suscripto entre los gobiernos de Biden y Maduro. Es lo que congeló en forma temporaria el conflicto por Esequibo, la región de Guyana que reivindica históricamente Venezuela, donde se han descubierto reservas extraordinarias de petróleo. El levantamiento parcial de sanciones benefició a las compañías norteamericanas de petróleo, que obtuvieron las operaciones en la cuenca del Orinoco sin necesidad de PDVSA, lo mismo que China. En todo este trayecto, Maduro y compañía han llevado la dolarización ‘endógena’ de la economía (sin financiamiento en dólares) hasta sus extremos, en la expectativa de que el ajuste social -este sí el “más grande de la humanidad” (Milei dixit)- lo lleve a un acuerdo con el FMI.
Para complementar esos acuerdos, fueron puestas a consideración las condiciones de cogobierno entre el oficialismo y la oposición de derecha; incluso cláusulas de amnistía para causas de violación de derechos humanos. Estados Unidos liberó a Alex Saab, que tenía órdenes de arresto internacionales como testaferro de Maduro en innumerables negociados económicos. Con el Parlamento, la Justicia, los gobiernos estatales en manos del oficialismo, y con una transmisión del gobierno prevista para enero 2025, los negociadores de uno y otro lado entendían haber dejado un paquete bien armado -como diría el difunto Francisco Franco. Este pacto se rompió el domingo pasado, bajo la presión del jefe de las FF.AA. Vladimir Padrino, al comprobar, supuestamente, el tamaño de la derrota electoral. El planteo de Lula, Petro, Biden y la Unión Europea de volver el acuerdo a sus carriles ha quedado pulverizado. Sólo quedan salidas de fuerza. Al final, no habrá fumata blanca democrática sino un golpe o autogolpe.
El ocultamiento de los resultados electorales no es un método de lucha para derrotar a la derecha; tiene algo en común con un impensado aliado de Maduro –el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien no esconde los resultados electorales pero se niega a designar como jefe de gobierno al candidato del Nuevo Frente Popular, el bloque que ganó el mayor número de diputados en la Asamblea Nacional. El reconocimiento de la victoria de la ultraderecha, en Venezuela, no es, por otro lado, una observancia a los principios democráticos, porque las elecciones tuvieron lugar en condiciones de asedio internacional. El gobierno de Maduro, sin embargo, creyó que podría superar las consecuencias del asedio y la crisis con los recursos del aparato del Estado, mediante la hostilidad, de todas las maneras posibles e imposibles, a la campaña de la derecha, lo cual ha servido -y con aviso- para probar que esos métodos no sirven para derrotarla. Se valió, asimismo, de esos recursos de aparato para intervenir a dos partidos de izquierda, en especial el partido comunista, para imponerle otro régimen interno y otra dirección, y alinearla al bloque oficialista. Presentar al oficialismo venezolano como progresista es un insulto a la inteligencia humana. Si se toman como válidos los números que ha ofrecido el Consejo Electoral, cinco millones y medio de votos para Maduro, el gobierno habría obtenido poco más del 20% del padrón electoral.
Encerrada otra vez en el callejón sin salida de la democracia formal, que sólo existe en su imaginario, la mayor parte del FITU, aunque especialmente Izquierda Socialista y el MST adhiere al reclamo del bloque de Lula y Petro con la OTAN (El PTS se ha refugiado en la crónica). Es decir, la que esgrime el imperialismo, ducho en servirse de dictaduras y democracias, alternativamente. Un sector de la izquierda brasileña, dentro del Psol, defiende, en cambio, lo contrario: una dictadura madurista sin limitaciones, ante el peligro, dice, de la fascistización de América Latina (Valerio Arcary, Venezuela en cinco puntos, revisa A Terra é Redonda). La independencia del gobierno venezolano respecto al imperialismo está vacía de contenido, no tiene carácter nacional –es la independencia de una camarilla, que se apoya en una memoria del primer chavismo que se desvanece. A esta altura de la crisis, los planteos o reclamos de ambas partes -las actas y la transparencia, de un lado, el fraude antifascista, del otro- han quedado obsoletos: sólo podrán imponerlos acciones de fuerza, o sea golpes o autogolpes.
La clase obrera asiste a este proceso crucial en estado de fragmentación, como consecuencia de décadas de chavismo y seguidismo al chavismo. Ha votado a la derecha, al oficialismo o recurrió a la abstención. Es necesario recuperar el debate político entre los trabajadores en torno a sus intereses de clase, para determinar una posición de conjunto. El debate debe servir para desarrollar una crítica feroz de ambas camarillas capitalistas, en especial, naturalmente del chavismo. Deberá denunciar la falacia de la democracia formal que reivindica la derecha en estas condiciones de crisis y depredación nacional, porque servirá para justificar mayores ajustes y penurias y una mayor entrega al capital internacional y a sus serviles fracciones internas. Entre el verticalismo sindical del chavismo y la libertad de asociación que reivindica la derecha, o sea la atomización, es necesario impulsar la organización política independiente de los trabajadores. La gran cuestión nacional de Venezuela, el dominio de los recursos energéticos, vuelve a plantear el rechazo de la entrega al capital extranjero, que sólo producirá un saqueo económico en mayor escala.
El imperialismo intentará explotar la crisis del régimen venezolano y de Venezuela para desencadenar y reforzar una ofensiva económica y política en América Latina, y asociarla a sus planes de guerra internacional. La consigna del momento debe ser “Fuera las manos imperialistas de Venezuela”. No serán el kirchnerismo, ni el peronismo, ni el correísmo, ni el lulismo, ni la pseudoizquierda de Chile quienes frenarán la ofensiva del imperialismo norteamericano. Solo una comprensión clara del papel capitulador y frenador del pseudonacionalismo burgués, podrá abrir el camino para una construcción política independiente de los trabajadores y para victorias definitivas.
