Los alcahuetes mediáticos del oficialismo afirman que la desaparición forzosa es incompatible, conceptual y prácticamente, con la existencia de un régimen democrático. Para esta gente, el gatillo fácil sería, entonces, una figura retórica. Incluso la trata de personas, que la ministra Bullrich invocó para equiparar a lo ocurrido con Santiago, revista también en la categoría de desaparición forzosa, apenas se tiene en cuenta la participación directa o cómplice de los aparatos represivos. La Agencia Federal de Inteligencia, como sucede igualmente con el FBI en Estados Unidos, es completamente omisa en cuanto al desmantelamiento de las redes de trata, a pesar de que, obligadamente, debe estar recogiendo toda la información vinculada a este delito.
El Estado, maquinaria de opresión
La oposición que se quiere establecer entre la desaparición forzada, por un parte, y la democracia, por la otra, confunde gobierno con Estado. El aparato del estado no tiene nada de democrático: no está sujeto a la elección ni al escrutinio popular; constituye una burocracia civil o armada que se reproduce por vía de escalafón, aunque más de las veces por medio de camarillas, que sobrevive a los gobiernos electos y a las representaciones parlamentarias. Es curioso que los agitadores oficiales ignoren la distinción entre gobierno y aparato estatal cuando ha tenido que recurrir, como otros antes de él, a purgas en la bonaerense, sin llevar a nadie a los tribunales de justicia. La reiteración de estas purgas por parte de administraciones o incluso gabinetes de diferente signo, es una muestra contundente de la pervivencia, e incluso omnipotencia, del aparato del estado sobre la representación popular y, por sobre todo, la soberanía popular. Por todo esto, la conquista de la democracia se identifica con la destrucción del estado y el desarrollo de una administración sujeta a elección en todos los niveles, incluida la revocabilidad.
Bajo el gobierno K, el gatillo fácil encontró terreno propicio, lo mismo que el espionaje a los movimientos sociales y la represión a las luchas obreras – así como también la desaparición de Jorge Julio López o el secuestro y muerte de Luciano Arruga. El asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra – “un crimen político contra la clase obrera”, fue planificado por el aparato de la burocracia sindical, de la policía y el gobierno (Aníbal Fernández). Hebe Bonafini justifica la complicidad kirchnerista con el aparato represivo, por medio de una distinción incalificable: que López era un portero y Maldonado es un militante. Estamos ante una repudiable falta de principios.
Gobierno reaccionario
Con la instalación del gobierno macrista, paradojalmente, los choques entre el aparato del estado y el gobierno se han acrecentado, cuando habrían debido armonizarse. Esto se observa en el campo judicial y en la policía. Es que para este aparato y para los grandes intereses capitalistas, la gestión macrista constituye una ocasión para recuperar posiciones que cree haber perdido bajo gestiones previas o incluso desde la partida de la dictadura. Por eso recurre a iniciativas propias y a provocaciones. Es, por ejemplo, lo que ocurrió con el 2×1, cuando los partidarios de la amnistía, dentro y fuera del gobierno, hicieron lobby para imponerlo en la Corte, mediante un golpe de mano. Como consecuencia de la presión popular, el macrismo tuvo que impulsar luego una derogación ficticia de la sentencia en el Congreso, que no le ha quitado vigencia jurídica. El 2×1 fue votado por los dos cortesanos designados por el macrismo. Como ocurre con Trump en Estados Unidos, el macrismo no puede gobernar sin la complicidad de los aparatos del estado y sin chocar con ellos al mismo tiempo. Los gobiernos capitalistas ‘homogéneos’ no existen.
En Chubut, los testimonios recogidos señalan que la gendarmería operó una desaparición forzada, en el marco de una política represiva de gran alcance, en defensa de los grandes acaparadores de tierras, Benetton y Lewis, entre otros, con el encubrimiento o complicidad de la justicia local. Aunque el gobierno se declara ajeno a los hechos, la desaparición tuvo lugar después de una reunión de gobierno en la zona. El jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, quedó en el lugar y tuvo participación en la represión que concluyó con la desaparición de Maldonado. O sea que el gobierno fue ajeno al secuestro y cómplice de la desaparición al mismo tiempo. Para salvar la contradicción asegura que Santiago habría sido herido de muerte en un asalto armado a una finca de Benetton.
Esta extensa introducción busca despejar el terreno para entrar en el núcleo de todo este asunto – su fundamento último, que no es otro que una vasta campaña capitalista de acaparamiento de la Patagonia. Es una versión de las guerras del desierto, hasta cierto punto con otro métodos, esta vez en la época del capital monopolista y en un marco político de unidad nacional. La Patagonia es una reserva gigantesca de desarrollo minero, hidrocarburífero, inmobiliario y acuífero. Es una enorme reserva de explotación capitalista (“reserva de valor”) a ser movilizada al mercado mundial a través de los puertos patagónicos. En Esquel, escenario de la represión, un muy difundido plebiscito prohibió la explotación minera. El tema se encuentra presenta en numerosas localidades chubutenses, como también ríonegrenses y santacruceñas. Las concesiones en Vaca Muerta (Neuquén) han provocado desplazamientos importantes de población y confiscaciones de terrenos. En el mismo orden de acaparamientos se encuentran los desarrollos hidroeléctricos a cargo de compañías chinas y patronales K, costosas en términos distribución y muy perjudiciales para el medio ambiente – más allá de los beneficios que han sacado quienes acapararon esos terrenos con antelación, a precios bajísimos. La ley de tierras del kirchnerismo, destinada a poner limitaciones al capital extranjero, ha sido una farsa. Este proceso económico de confiscación de tierras por parte de los grandes capitales, ha contado con el apoyo de los partidos políticos capitalistas y, notablemente, por la burocracia sindical, la cual no participa de ninguna lucha contra esta confiscación y sí se esmera en firmar acuerdos de liquidación del derecho laboral para allanar más este desarrollo expropiatorio. El tema de la tierra no se confina, por cierto, a la Patagonia: en moneda frecuente en el norte de Argentina, donde la expansión de la soja y la ganadería ha llevado a la expulsión de sus propiedades de decenas de miles de campesinos y aborígenes, por medio de documentos falsos fraguados en los estudios de abogacía y en las escribanías de las capitales de provincia. La cuestión de la tierra no es un asunto menor en Argentina, como sostienen algunos intelectuales de izquierda, sino algo cada vez más candente, entre otras cosas, porque todo este proceso ha producido un desplazamiento poblacional importante hacia el sur del país.
Indigenismo y Mapuches
La importancia del movimiento mapuche reside en haber expuesto, con sus luchas, esta realidad de confiscación capitalista, que todas las burocracias ‘nacionales y populares’ encubren. No solamente en Chubut, sino significativamente en Neuquén. Este hecho define a la represión contra los mapuches como una guerra de clases del capital, para defender y expandir el operativo de confiscación de la Patagonia. El planteo de expropiar a los acaparadores capitalistas es altamente progresivo, porque es la condición para un desarrollo de las fuerzas productivas en beneficio de las grandes mayorías, y por lo tanto para terminar con la miseria social de la mayoría trabajadora, y de la que vive y trabaja en la Patagonia. Es necesario convertir “la reserva de valor” en propiedad social. La cuestión de la Patagonia, que merece ser caracterizada de este modo, por el lugar especial que sigue ocupando, incluso con mayor relieve, en la historia de Argentina, debe ocupar en el programa socialista un lugar significativo.
El movimiento mapuche, que tiene expresión en numerosas tendencias, aborda la cuestión desde el indigenismo y de los “derechos ancestrales”. Las propuestas radicales contra la gran propiedad capitalista culminan con un planteo pre-capitalista, que reivindica una “comunidad étnica” en el territorio dentro del marco estatal vigente. La referencia a la lucha de clases se encuentra limitada, o sea condicionada, a la reivindicación ancestral. Bajo el capitalismo desarrollado y decadente no existen, sin embargo, salidas indigenistas y pre-capitalistas. El capital financiero ha tomado conciencia de esto de dos modos. Por un lado ha admitido recursos legales por derechos antiguos y de linaje, en la medida que puedan ser probados, con el afán de integrar al derecho todas las cuestiones de propiedad, y sacarlas de la acción directa. En Estados Unidos, se han dictado fallos que indemnizan a propietarios originarios, lo que ha dado lugar a la formación de fondos financieros con esa remuneración. La ONU, por su lado, ha establecido un fondo de desarrollo comunitario, que de paso ha dado lugar a enormes malversaciones. Algo similar ha hecho el gobierno kirchnerista, acompañado de una cooptación política de punteros. En Bolivia, el vice de Evo, Álvaro García Linera, ha desarrollado el planteo de un “capitalismo andino”, que debe ligar el capitalismo financiero internacional con el precapitalismo del Altiplano, y la mediación del Estado. El marxista peruano José Carlos Mariátegui dejó en claro, en sus escritos de los años 20 del siglo pasado, la cuestión indígena se ha convertido, como consecuencia de la penetración capitalista, es una cuestión de lucha de clases por la tierra, junto al proletariado industrial, con una estrategia de poder obrero y socialismo. Las salidas políticas identitarias pueden jugar un rol progresista transitoriamente, dependiendo de cada caso, pero constituyen utopías reaccionarias.
Con ocupaciones y luchas petroleras; luchas sociales urbanas, como ocurre en Comdoro; resistencias de clase a la liquidación del derecho laboral; con todo esto cubriendo el panorama de la Patagonia, es necesario unir la lucha mapuche contra los despojos territoriales de los monopolios capitalistas, las luchas ambientales, la lucha contra desalojos en todos pueblos, en un movimiento único de lucha de clases por gobiernos obreros-campesinos y la Unión Socialista de América Latina.
Por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Juicio a los represores y al ministerio de Seguridad y sus cómplices.
Jorge Altamira
Dirigente histórico del Partido Obrero (Argentina)
