La crisis brasileña tiene en vilo a toda América Latina, y más allá. The Wall Street Journal la describe, en su edición de hoy, moderadamente, como “un precipicio económico, en medio de un caos político”. Fue el tema principal en las reuniones entre Obama y Macri – al menos según lo cuenta Clarín. Un colapso de Brasil forzaría al macrismo a sacar de la gaveta el Plan B, que no tiene.
Bancarrota
El diario de las finanzas norteamericanas advierte de un deuda pública de u$s 1 billón, que el año que viene alcanzaría el 80% del PBI. Se alarma por una deuda privada de cerca de u$s300 mil millones, cuyo servicio está creciendo a razón de un 14% cada año. Petrobras, sin embargo, tiene, ella sola, una deuda (para estatal) de u$s150 mil millones, a septiembre pasado, “una de las mayores deudas corporativas del mundo” (Valor, 23.3). Pero no es todo: tiene deuda fiscales por R$160 mil millones y otras laborales por R$20 mil millones – o sea unos u$s 60 mil millones adicionales. La cotización del capital accionario de la empresa ha retrocedido un 85%, a poco más de u$s20 mil millones. “A final de 2015, informa WSJ, 54.1 millones de brasileños se habían atrasado en los pagos de cerca de u$s60 mil millones en préstamos”. Con este endeudamiento se fogoneó el consumo ‘nacional y popular’ también entre nuestros vecinos. Al derrumbe de la inversión se asocia un retroceso espectacular de los consumos personal y la posibilidad de quiebras bancarias. La calificadora S&P ha rebajado a la categoría de ‘defol’ a Usiminas – una alianza entre Nippon Steel y Tenaris, nada menos. Los despidos recientes alcanzan a un millón de trabajadores y la desocupación ha superado el 10% de la población activa.
De acuerdo a un estudio (Valor 23.3), Petrobras no tiene forma de pagar su deuda: “ha sido salvada por el gong, o mejor, por los aportes del Banco de Desarrollo de China, a cambio de la entrega de petróleo a precios preferenciales. Lo que significa que si el precio del petróleo no se recupera rápidamente, serán necesarios más aportes de China”. Esta conclusión suena optimista, primero porque, con este acuerdo, Petrobras hipoteca una gran parte de sus ingresos futuros y, segundo, porque el rescate chino significa que Brasil seguirá importando acero de China y dictando la sentencia final para la defolteada siderurgia que opera en Brasil. Petrobras no podría siquiera refinanciar una salida a la deuda impagable, debido no le está permitido acogerse a la ley de quiebras por su condición de empresa con mayoría estatal, o sea que no puede ofrecer como garantía un eventual remate judicial de sus activos. Petrobras ha perdido u$s10 mil millones de dólares en el último trimestre del año pasado – “sin que se vea la luz al final del túnel” (Valor, 23.3). En esta situación, debería ser capitalizada con recursos fiscales, de parte de un Estado que se encuentra él mismo quebrado. El Club de Ingeniería de Brasil advierte acerca de “una destrucción de empresas nacionales”.
De acuerdo a Valor, “Desde el cambio de comando de la estatal, a inicios de 2015, fueron hechas diversas gestiones en el mercado sobre un modelo de asociación con el sector privado para BR Distribuidora” – la subsidiaria principal de Petrobras. El ‘modelo’ es curioso: se vendería una parte minoritaria del capital de la empresa, pero con un descuento del 40 por ciento y un sistema que otorgaría el voto mayoritario al sector privado, que pasa así a dirigir la compañía. Es el gobierno actual el que ha tomado la iniciativa del remate del patrimonio nacional, que reclama la oposición y el capital financiero. En el Senado, mientras tanto, los oficialistas mudados en opositores y la oposición tradicional van más lejos: quieren sustituir el régimen de participación de beneficios en explotaciones petroleras con mayoría de Petrobras por el un sistema de concesiones a los monopolio privados. El golpismo (parlamentario, judicial, mediático, financiero) es el resultante de la crisis política, no su causa. Las denuncias de corrupción y los arrestos y condenas de los implicados no son más que una manifestación de la disputa por los despojos de la bancarrota de la economía. Hay una contradicción insoluble entre la necesidad de una salida a la quiebra capitalista, de un lado, y el gobierno y el régimen político vigente, por el otro.
El piloto y los pasajeros
Que la crisis abarca al conjunto del régimen político queda de manifiesto en las encuestas, que muestran un repudio a oficialistas y opositores. La ciudadanía, incluida una parte importante de los trabajadores, no advierte, sin embargo, que el comando de la salida política se encuentra en manos de la fracción que aboga por el derrocamiento del gobierno, o sea por los golpistas. La decisión de apurar el juicio político a la Presidenta obedece a la necesidad de producir un recambio de gobierno antes que lleguen las citaciones judiciales a los líderes del golpe – el vicepresidente o el presidente de la Cámara de Diputados.
También impulsa la urgencia el desenvolvimiento del proceso judicial. De una parte, porque el presidente e incluso el directorio de Odebrecht han decidido sumarse a la llamada “delación premiada”, con la finalidad de obtener una reducción de penas para el dueño de la constructora y para blindar a la compañía de los prejuicios patrimoniales que le provocará su responsabilidad en el sistema de coimas, incluido el descubrimiento de una contabilidad paralela. Odebrecht reclama una ley de indulgencia que la zafe de la responsabilidad patrimonial. Las informaciones que aporte Odebrecht serían letales para el oficialismo y para Dilma y Lula – sus socios más estrechos. De otro lado, la acción judicial se ha descarrilado con la filtración de escuchas telefónicas de la Presidenta del país, por parte del juez de la causa y del propio Ministerio Público. La Corte Suprema tiene ahora un pretexto excelente para anular las actuaciones judiciales y poner el encausamiento bajo su control. Un editorial del diario financiero Valor concluye que con un gobierno Temer “prosegurián las tentativas de frenar las investigaciones y de las penas, porque amenazan a decenas de políticos. Cuando el Legislativo reanude su actividad un frente suprapartidario podrá votar leyes que encuadren el Lava Jato y anulen parte de sus efectos. Fue una conjunción de este tipo que impidió el desenvolvimiento de la operación Manos Limpias (en Italia)”. En Italia, los jueces de las causas anti-corrupción acabaron incriminados en centenares de procesos judiciales. Cambio de gobierno, ley de indulgencia para las empresas capitalistas, limitación de los procesos judiciales – el sistema político patronal tiene trazada su hoja de ruta. El golpe es presentado como la única vía para salvar a los corruptos. Toda una paradoja, ¿no?
Es el régimen político
Lo más importante de ese Gps es el remate del patrimonio en bancarrota y el ajuste. Delfim Neto, ex zar económico de la dictadura, y Arminio Fraga, ex presidente del Banco Central, ya tienen elaborado un plan bajo la presidencia de Michel Temer – el vice en funciones. Descartan que la Corte Suprema le tire un salvavidas a Dilma y autorice la designación de Lula como jefe de gabinete. Si esto ocurriera, Brasil podría asistir a un derrumbe bursátil fenomenal y al hundimiento de su moneda; el golpe de mercado. La supremacía que ha alcanzado la Corte con relación a los otros poderes del Estado, pone en evidencia la disolución avanzada del régimen político. Una fracción de la burguesía, Aécio Neves y Marina Silva, reclaman elecciones generales, como una suerte de salida indolora a la debacle del gobierno como del Congreso. Pero incluso esto necesita de un gobierno de transición con un plan elemental de gobierno.
El proceso brasileño pone de manifiesto que el aspecto central de la etapa política actual es una crisis vertical de poder – antes que “un cambio de ciclo”. El capital procura instalar “gobiernos de ajuste”, pero no ha reunido aún ni los medios económicos ni los políticos de su proyecto. Brasil ilustra el carácter de toda la crisis que se ha apoderado de América Latina y la operación de socorro emprendida por Obama – que naturalmente debe empezar por Cuba. En Brasil se desarrolla un enfrentamiento brutal entre fracciones capitalistas, con un trámite necesariamente golpista. En la agenda del capital figura un ajuste extraordinario contra las masas. El eje de ese ajuste, estimado en la parte fiscal en R$145 mil millones (u$s40 mil millones), es el golpe contra las jubilaciones, esto para rescatar a la Previsión Social como fuente de financiamiento del capital. Ningún trabajador puede alinearse con el golpe, alegando la corrupción existente, ni siquiera la neutralidad; tampoco puede apoyar al gobierno de turno, que transa todos los días con el golpismo para demorar su caída o para conseguir un espacio en el proceso ulterior.
Por eso es necesario un Congreso de Trabajadores que habilite un planteo independiente de la clase obrera y un plan de lucha.
Dirigente histórico del Partido Obrero (Argentina)
