Públicado el 16 de Noviembre en el Semanario Voces
En el 150 aniversario de la Bolsa de Valores de Montevideo ha vuelto a resurgir por parte del capital financiero la propuesta de que las empresas públicas coticen en bolsa, una iniciativa que Mujica quiso impulsar en el segundo gobierno del Frente Amplio (espectador 09/07/2009) y antes, Luis Lacalle.
La orientación no es novedosa, pues durante toda la década del gobierno frenteamplista se ha procedido a un mecanismo de privatización progresiva de todas las empresas estatales a través de diferentes mecanismos, como la tercerización de servicios y la privatización de áreas de producción fundamentales, o las decenas de sociedades anónimas financiadas por el Estado pero bajo derecho privado. En el caso de UTE, la producción de energía eléctrica dejó de ser monopolio del Estado, para pasar a ser patrimonio de una decena de empresas que producen electricidad que luego el Estado compra a precios más elevados, (es el caso de la energía eólica, y el de las pasteras -incluyendo ahora el nuevo contrato con UPM dónde como garantía el Estado le comprará por 25 años la energía generada a un precio mayor que la que genera el Ente).
En el caso del agua sucede algo parecido, pues la ley recientemente votada, habilita que inversores privados “de otro giro” distinto al sector agrícola se incorporen a las sociedades agrarias de riego (SAR) y que estas empresas puedan acogerse a los beneficios fiscales establecidos en la Ley de Promoción de Inversiones (La Diaria, 16-10). Se trata de un paso en la entrega del agua a las grandes empresas y fondos financieros que ya actúan en el ‘negocio’ del agua, cómo la estadounidenses American Water Works, Danaher Corp o la francesa Suez, que la han transformado en un commodity que opera en las principales bolsas del mundo con rendimientos crecientes en los últimos años.
La privatización también se extiende al ámbito financiero, tal como lo está poniendo de relieve la lucha de los trabajadores del BROU, que denuncian no sólo el cierre de dependencias sino la entrega a empresas privadas de áreas claves del banco tales como el análisis de crédito, y las transacciones a través de corresponsalías – Abitab, Red Pagos, etc.
El nombramiento de la ex gerenta de Shell en la dirección de ANCAP y la asociación con esta multinacional por la regasificadora, dan cuenta de esta misma orientación. En Argentina y en Brasil, Macri y Temer también han puesto a gerentes y empresarios de las multinacionales a la cabeza de organismos públicos, con el objetivo de desenvolver un fenomenal ajuste y saqueo a los trabajadores. Se trata de un proceso que recorre América Latina y que es llevado adelante tanto por los gobiernos derechistas como por los gobiernos centroizquierdistas.
Detrás de la exigencia de que coticen en bolsa las empresas públicas, se encuentran sin dudas el gran capital financiero, e incluso los pulpos que ya actúan en estos negocios, pues es sin dudas un mecanismo para poder influir más estrechamente en la fijación de los precios.
La cotización en bolsa de las empresas estatales, ya sea de acciones o de obligaciones (deudas), es una privatización indirecta, una forma de transferencia de propiedad estatal a una privada, manteniendo parcialmente la gestión estatal que sirve en última instancia como pantalla, y también como garantía frente a posibles caídas o pérdidas. De un modo general, las acciones son títulos que dan derecho a participar en la ganancia de una empresa, pero que son sin embargo la expresión pura de capital ficticio porque el capital no existe dos veces: una como capital realmente invertido (maquinarias, edificios, materias primas, salarios) y otra como valor-capital de esas acciones. Este capital ficticio cumple una función real, que es ensanchar el terreno de sus negocios, facilitando el consumo y extendiendo las posibilidades de producción durante un cierto tiempo, pero como contrapartida hacen más estrepitosas las caídas y crisis ulteriores, que tienen como base este capital operando más allá de sus límites. Se trata de la expresión más acabada del parasitismo del capital, cuyo monto supera actualmente en diez veces el valor real de la producción mundial, alcanzando una cifra superior a 500 billones de dólares.
La cotización en bolsa, permitiría al capital financiero acceder a las ganancias en rubros dónde el lucro le estaba (relativamente) vedado, e influir directamente en la gestión y la política de las mismas con una garantía estatal; un negocio rotundo. No se trata de una privatización a lo Menem, que fue rotundamente rechazada por el pueblo uruguayo, sino que es una nueva modalidad, que de todas formas violenta el pronunciamiento que significaron los plebiscitos de ese período.
La lucha contra esta forma de privatización de las empresas públicas (dónde el Estado aparece como garante de la ganancia capitalista y descarga los costos sobre los bolsillos de los trabajadores) plantea una lucha estratégica por la nacionalización y control obrero de la tierra, la banca y los recursos naturales, para terminar con el lucro de los grandes monopolios, y reorganizar la actividad económica nacional sobre nuevas bases, esta es la gran tarea que tenemos la izquierda y los trabajadores.
