A fines de 2017 Ades y Fenapes frenaron en gran medida el intento del CES de imponer planes de reforma y el recorte de grupos y cargos -fuentes de trabajo- en todo el país. Para el comienzo de 2018 se impone precisar si es posible iniciar los cursos si hay un retroceso con respecto a las condiciones en que arrancamos las clases en 2017.
El recorte no es un capricho de las ‘autoridades’, ni un tema de buena o mala ‘gestión’. Se adscribe en el ajuste profundizado desde 2015 por el gobierno a partir de la Ley de Presupuesto y las sucesivas rendiciones de cuentas. Éste opera en un doble sentido: el ahorro en el gasto estatal para pagar los crecientes intereses de la deuda externa, y la pauperización consciente de la educación pública para impulsar su mercantilización y privatización. Ambos aspectos forman parte de los condicionamientos impuestos por el FMI y la OCDE, que presionan para abrir aún más el ‘mercado educativo’ a la inversión del capital. Estos condicionamientos trascienden lo nacional, son parte de una política general de ofensiva del capital financiero internacional. Los giros políticos en América Latina obedecen a esto, los ‘progresismos’ son desechados como un limón exprimido por parte del imperialismo, reemplazándose por gobiernos ya no de contención sino de ataque directo a las masas.
Si en secundaria pública el proceso de privatización y ajuste no ha avanzado como en otros subsistemas del Codicen, se debe en gran parte a la lucha que el sindicato ha dado sistemáticamente desde hace varios años a la fecha. Estas luchas han obstaculizado parcialmente los planes de reforma y ajuste -en salario, cargos e infraestructura, entre otros-. Pero el ajuste y la reforma privatizadora son el plan maestro del gobierno y de los partidos patronales como agentes del capital. Eso lleva a que los trabajadores de la educación debamos estar en una lucha permanente de resistencia a los embates que pretenden destruir paulatina y sistemáticamente el sistema estatal y gratuito de enseñanza.
Para el próximo inicio de cursos va a ser crucial lo que suceda en las negociaciones bipartitas de febrero entre Fenapes y el CES. Los temas pendientes -grupos, planes impuestos, distribución de horas de ECA, exigencia de nuevos grupos por parte de varios núcleos sindicales a causa de la superpoblación- deberán tener una respuesta que satisfaga los reclamos de la Fenapes. Arrancar en peores condiciones que en 2017 implica un retroceso difícil de remontar en el marco del ataque del gobierno vía recorte al gasto público en general.
Consideramos que ante una respuesta negativa a los reclamos sindicales, las asambleas de trabajadores deberán considerar el no inicio de los cursos y nuevas asambleas a las 48 o 72 horas que debatan y decidan cómo proseguirá la lucha. Si el CES persiste en su intento de recorte y privatización, sólo mediante la lucha decidida de los trabajadores encontrará un ‘parate’. Una señal de firmeza al inicio de los cursos, ayudará a organizar la lucha por más presupuesto que nos deparará este 2018, a sabiendas que hasta 2021 regirá el mismo presupuesto. Si éste es de ajuste o de avance depende en gran medida de nosotros.
Docente de educación secundaria, militante de ADES Montevideo y del Partido de los Trabajadores.
