En menos de un mes Uruguay conoce al tercer comandante del Ejército designado por Tabaré Vázquez, Claudio Feola, quien declaró este lunes ante una rueda de prensa que frente a los hechos de terrorismo de Estado “no los voy a repudiar, porque no sé si están confirmados o no”.
En estos dos meses se profundizó la crisis entre el Ejército y el gobierno, que estalla en los inicios de la campaña electoral. Se ha revelado el fallo de un tribunal de Honor Militar que no condenó los delitos de lesa humanidad, en el cual José “Nino” Gavazzo admitió haber arrojado al río el cuerpo del militante de la Federación de Estudiantes del Uruguay (FEUU) Roberto Gomensoro. Fallo que contó con el apoyo del ex comandante Manini Ríos (cesado en marzo) y la firma del otro ex comandante, José González (cesado a la semana de asumir); ahora se suman las declaraciones del actual comandante. Se reveló también el encubrimiento del propio gobierno que conocía al detalle las declaraciones y los fallos, y que sólo actúo cesando a los comandantes y hasta el Ministro de Defensa cuando el mismo fue publicado por la prensa.
Balance histórico
Este periplo da cuenta de que el Ejército ha quedado intacto desde el Pacto del club Naval –suscripto en 1984 entre los jerarcas de la dictadura y los de los partidos Colorado, Unión Cívica y Frente Amplio–, manteniendo en ejercicio a los militares responsables de los crímenes de la dictadura. Cuando la dictadura militar se vio forzada a retirarse, el conjunto del régimen político que lo sucedió se puso de acuerdo en garantizar la impunidad de aquellos crímenes. Los partidos Colorado y Nacional mantuvieron intacto ese pacto. Con la ascenso del FA, el pacto se renovó a partir de limitar el enjuciamiento por los crímenes de la dictadura a algunos militares (luego recluidos en cárceles VIP), pues, de otro modo, se hubiera involucrado al conjunto del aparato militar y policial responsable. Por otra parte, el FA mantuvo el compromiso de mantener la ley de impunidad. El proceso actual revela que el régimen de impunidad sigue en pie.
Un régimen que garantizó que los crímenes políticos cometidos para defender un orden político y social de opresión y de explotación no fueran juzgados.
El balance histórico no deja lugar a dudas: el Estado que emerge de la dictadura y el Pacto del Club Naval es un violador serial de los derechos humanos –ahí están para probarlo la represión a la protesta social a la reciente movilización por el Día Mundial del Agua, las torturas en las comisarías, las violencias penitenciarias, la colusión entre los aparatos de represión y la delincuencia, etc.
Candidatos de la impunidad
El ascenso de Bolsonaro en Brasil ha dado nuevo impulso a personajes como los comandantes destituidos que reivindican un revanchismo militar en el cuadro de ajuste y de guerra de clases que se abre en América Latina. Asistimos a un revanchismo militar que quiere imitar a los Bolsonaros: el reciente ex comandante Manini Ríos acaba de presentarse como candidato a la presidencia por un partido pseudo-fascista de ex militares que reivindican la dictadura. No tiene, sin embargo, el apoyo de ningún sector de la clase capitalista relevante que le permita reagrupar tras su figura una salida electoral –será en todo caso, un recurso extremo de crisis.
La oposición derechista (Sanguinetti, Lacalle Pou) se guarda de no alentar al “Bolsonaro uruguayo”, mirando de reojo a los Alckim y compañía, buscando generar condiciones de un gobierno de coalición (Partido Nacional y Colorado) que mantenga intacto el régimen de impunidad.
En tanto, el principal candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, señaló que hay que “tender puentes con los militares”, augurando la necesidad de volver a tejer el hilo de los pactos con los altos mandos.
Detrás del choque con el ejército se encuentra el problema del fondo: el pasaje de un régimen de conciliación a un régimen de ataque a las masas, es un síntoma de la transición política abierta. En la agenda está presente el aumento de la edad de retiro y la reforma de la previsión social, las privatizaciones de las empresas públicas, el ajuste del gasto social y un mazazo contra el salario. Se trata de un intento de intervención política del ejército que busca candidatearse como árbitro de los choques sociales por venir. El resultado momentáneo, sin embargo, es su desprestigio generalizado.
Democracia y fascismo
El PIT-CNT y organizaciones de derechos humanos concentraron el pasado 11 de Abril bajo la consigna “Democracia o fascismo. Abajo la impunidad”. Para la dirección de la central sindical, la defensa de la democracia es igual a la defensa del gobierno y los candidatos del FA. Por ello, mientras ocurre este choque con los militares, los despidos y cierres fábrica siguen su curso (60.000 durante el último gobierno de Vázquez) bajo una tregua de la dirección mayoritaria del PIT-CNT de no ‘hacer olas’ porque hay que defender la “democracia” y enfrentar el fascismo. Entre republicanos y militares fascistoides hay un factor importante que los une: el capital y su tendencia a descargar la crisis sobre las masas.
El Partido de los Trabajadores se movilizó el 11 de abril para enterrar la impunidad, para luchar por el juicio y castigo a todos los torturadores, no para brindar apoyo político al gobierno y a los candidatos de la impunidad.
Sólo una política independiente de las organizaciones de derechos humanos y de la clase obrera puede terminar con la impunidad.
