El 16/11 El País informaba : “De no lograr una ley, decreto, o convenio colectivo para regular los piquetes y ocupaciones, los finlandeses advirtieron en el documento que no garantizan la construcción de la megaplanta de celulosa en el centro del Uruguay.” A continuación señalan la conformación de un ‘protocolo de prevención y solución de conflictos’ como un elemento clave para la confirmación de la inversión de 4.000 millones de dólares -sumado a los 1.000 millones que deberá desembolsar el Estado para infraestructura.
Como se puede apreciar para UPM no es suficiente el acuerdo que firmó con el gobierno y el PIT-CNT de reglamentación de la huelga generando un “tribunal” de prevención de conflicto. Es decir, no se pueden detener las tareas hasta que dicho tribunal no laude. Si bien esto busca impedir la paralización inmediata de las obras si la asamblea obrera lo decide, es decir, anula la utilización libérrima del derecho de huelga de los trabajadores cuando lo entiendan necesario.
Sin embargo, a los capitalistas finlandeses no le resulta una garantía total, ya que en algún momento puede llegar a aplicarse el paro si no hay conciliación. Es por eso que exigen ahora, que se establezca por ley o por convenio, la prohibición de la ocupación de las obras y los piquetes. Quieren la zona liberada para que si hay huelga puedan organizar la ruptura de la huelga con sustitución de trabajadores. No es más que la exigencia de que el gobierno aplique la política que ensayó a principios de año con el decreto antipiquetes, el cual caracterizamos como una “concesión al capital extranjero con el objetivo de viabilizar las inversiones y la entrega nacional: es lo que exigen UPM y Montes del Plata contra los paros y piquetes sindicales” (Tribuna, 10/04/2017). Una orientación que busca imponerse con la complicidad de las direcciones oficialistas del PIT-CNT.
La represión al movimiento obrero también se encuentra al servicio del ajuste, como lo muestra los ataques de la patronal del Frigorífico Solís a los trabajadores, donde viene exigiendo al Estado la disolución de los piquetes con orden judicial y la policía, pero en este caso con “ley o convenio”.
