Hace algunas semanas la senadora y precandidata del Partido Nacional, Verónica Alonso, propuso incrementar la edad de jubilación de 60 a 65 años para logar “mejorar las cuentas públicas del Banco de Previsión Social (BPS) y las pasividades mínimas, que representan alrededor de 155.000 jubilados” (La República, 30/07/2018). Alonso, señaló que el Estado debe cubrir 600 millones de dólares para el pago de pasividades, pues con el aporte actual de trabajadores y empresarios (U$S 1.800 millones) no es suficiente. Según analistas del gobierno, el número de jubilaciones creció un 23% entre 2008 y 2016, lo que implica 30.000 jubilaciones nuevas por año. El aumento de la edad de retiro implica, como se ve, más años de aportes de los trabajadores y el bloqueo de nuevas jubilaciones.
Mientras se aprobaba el proyecto de ley sobre los “cincuentones”, Bordaberry presentó también un proyecto para subir la edad de retiro a 62 años. Larrañaga, expresó “Si no hay una reforma profunda sobre el BPS y el régimen de la seguridad social vamos a tener un lío enorme” (Observador, 21/12/2017) En el mismo sentido, Vázquez afirmó “Si no se toman medidas el sistema caminará hacia el colapso” (28/02/2018). Mujica también apoyó la necesidad de una reforma y Astori destacó que esta reforma deberá incluir “todos los parámetros y, sin duda, uno de ellos es la edad de retiro y los haberes de retiro” (La República, 10/04/2018). Murro, también había expresado su acuerdo con esta política (Observador, 20/09/2016).
En torno a este punto, las coincidencias del Frente Amplio y la oposición derechista son programáticas. La reforma del régimen de seguridad social estaba presente en el programa de 2014 del Partido Nacional, mientras que el FA señalaba la necesidad de “una alteración de las edades de retiro” (Bases programáticas, 2015-2020, p.89).
Al paquete de recortes de salud, educación y vivienda que exige el FMI para pagar la deuda externa y repartir subsidios a los grandes capitales, debe sumarse el ataque a la seguridad social. En este cuadro, la defensa derechos jubilatorios deberán estar en el centro de los próximos combates de la clase trabajadora.
Privatización y desfalco
El déficit del sistema de previsión social se encuentra ligado a las reformas privatizadoras de las últimas dos décadas, que establecieron rebajas de las jubilaciones y de los aportes patronales. La reforma de 1995 (que entró en vigencia al año siguiente) estableció una rebaja de la jubilación inicial que presta el BPS, como consecuencia de la rebaja de la tasa de reemplazo (el porcentaje que se utiliza para el cálculo jubilatorio) y del aumento de los años para tomar el salario promedio del trabajador –antes se utilizaban los últimos tres años, ahora los últimos 10 o los 20 mejores años aportados. Combinando estos dos elementos, surge una caída muy grande del sueldo percibido al jubilarse. En el caso de los que tienen aportes también a las AFAPs, la renta previsional dependerá del fondo generado por los aportes del trabajador, en un régimen de capitalización individual. Con la reforma, las patronales tuvieron una rebaja del aporte patronal. Pasaron de aportar un 15% a un 12%, y en 2007 el propio Frente Amplio estableció una nueva rebaja (ahora aportan un 7,5%). Como ese porcentaje apenas cubre diversos riesgos (salud, muerte, etc.) que tiene el trabajador durante su vida laboral, la realidad es que la jubilación es prácticamente financiada exclusivamente por el propio asalariado. Esto es explícito en la parte “privada” o “individual” (AFAP) pero es evidente también que la parte “estatal” de la jubilación la financia casi totalmente el trabajador.
Como la jubilación no es otra cosa que un salario diferido, el hecho que la misma dependa no de las patronales sino del ahorro de los propios trabajadores implica en los hechos una rebaja salarial. La privatización busca generar un mercado para un capitalismo donde existen capitales sobrantes que no encuentran dónde reproducirse y obtener un plusvalor.
En el marco de la crisis mundial, los fondos de pensión (como las aseguradoras) están sufriendo particularmente la caída de las tasas de interés, dado que no pueden valorizar sus reservas, por lo que enfrentan una perspectiva de pérdidas. Toda la ofensiva ideológica que fundamenta un aumento de la edad de retiro basado en el aumento de las expectativas de vida, oculta que la razón de fondo está en la propia crisis del capital, que tiene una expresión en la caída de la tasa de ganancia.
Esta es la razón de fondo, del ataque a las jubilaciones y sistemas previsionales que forma parte de la agenda internacional del FMI y el capital financiero que reclaman la liquidación de derechos conquistados por décadas de lucha de los trabajadores a nivel mundial. Las reformas previsionales en Argentina, Francia, Brasil y Nicaragua son una muestra de esto.
Programa
El Partido de los Trabajadores lucha por la prohibición del aumento de la edad de retiro.
Defendemos los beneficios jubilatorios por insalubridad. Debemos profundizar la lucha por la reestatización de todo el sistema previsional, bajo control de los trabajadores. Eliminación de las AFAP. Restablecimiento de los derechos jubilatorios arrebatados por la reforma de 1995 (cálculo de la jubilación inicial) en forma inmediata, estableciendo como objetivo llevar la jubilación inicial al 82% del último sueldo en actividad.
Jubilación mínima equivalente al 50% del costo de la canasta familiar (hoy, $ 35.000). Eliminación de las exoneraciones de aportes patronales; aumento del aporte patronal para garantizar el financiamiento del BPS. Las jubilaciones y pensiones son un salario diferido, propiedad de los trabajadores, y debe será administrado exclusivamente por trabajadores y jubilados.
