El 8 de agosto pasado, Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley para que se les otorgue prisión domiciliaria a los mayores de 65 años de oficio, es decir, sin trámite, audiencia ni consideración por parte del juez que intervenga en la causa.
A grandes rasgos, podemos llegar a entender una contradicción entre lo que pretende la referida Ley de Urgente Consideración en materia de Derecho Penal y lo que pretende el proyecto de ley presentado por otro de los partidos de la coalición.
Sanguinetti intentó salir a lavarle un poco la cara al reaccionario Manini Ríos diciendo que el proyecto de ley “también puede ser para muchos que no son militares… el tema lo planteó un grupo muy cercano al mundo militar… naturalmente, sesga el debate” [12-11/ La Diaria].
Pero esta ley no tiene nada de “humanitaria”. Llega cuando la pandemia ha menguado, con la excusa de que para una persona mayor de 65 años no se trata solo de privación de libertad sino también de una condena a su salud física. Se agrega al debate que Cabildo Abierto votó la LUC en toda su expresión, sobretodo lo referido a los artículos penales donde se establece una clara dogmática punitivista que pretende saldar los problemas socio-económicos con el sistema penitenciario, pero resulta que un año después, el Senador Manini Ríos se dio cuenta que el sistema carcelario está colapsando de la superpoblación y la falta de presupuesto y por ello quiere que se liberen a los mayores de 65 años que -y acá es donde se pone interesante- exceptuándose aquellos que “se los tipifique con las penas de violación, homicidio agravado (salvo que hayan cumplido dos tercios de la pena máxima del delito) y los crímenes y delitos contenidos en la ley 18.026 (crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra), que se hubieren cometido posteriormente a la fecha de entrada en vigor de dicha ley” [06-08/Montevideo Portal]
Por otro lado, el Diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, dijo que el proyecto de ley “está diseñado para los presos de Domingo Arena… Cabildo Abierto no es un partido militar, pero tiene un importante flujo electoral militar”, reconoció. Así las cosas, “no está mal que un partido político que se identifica con un sector de la población presente un proyecto para beneficiarlo. Lo que hay que hacer es decirlo” [10-11/ Montevideo Portal]. Ya no hay nada que esconder, cuando los propios de Manini Ríos salen a desnudar sus intenciones.
Es una ley con nombre y apellido, que intenta esconder tras el humanitarismo lo que otro texto legislativo ya toma en cuenta (que es el Código del Proceso Penal, donde, a modo de ejemplo, en su art. 228 sobre prisión preventiva dice que el juez debe especialmente evaluar el estado de salud del imputado antes de decidir su encarcelamiento en una penitenciaría), y que está dirigido a los presos de Domingo Arena. Y es que Manini ya había dicho en varias oportunidades que para él “’hay nueve casos emblemáticos’ en los que fueron ‘mal procesados’ y es en esos en los que se debería establecer la libertad, expresó. Se refiere a los casos de Rodolfo Álvarez, Walter Gulla y Enrique Ribero, Carlos Calcagno, Ricardo Zabala, Leonardo Vidal, Aquiles Moraes, y los fallecidos Gregorio Álvarez, Miguel Dalmao, Juan Carlos Gómez.” [12-11/ El Observador].
Es muy difícil distinguir cuál es el sentido de la vida para la coalición multireaccionaria, si la vida vale menos que la propiedad que defiende (art. 1 Ley 19.889/ LUC) o si es realmente tan importante la vida como para excarcelar a aquellos que han reducido la vida a las vejaciones y humillaciones más grandes a las que se puede someter un ser humano, algunos de ellos representados en los presos de Domingo Arena.
Es que cuando se habla de la ley se la intenta separar de la política con algo así como un fórceps en donde no caben cuestionamientos políticos porque la ley es la ley. Pero es que la ley no sale de un repollo, la ley la hace la política y sus mayorías circunstanciales en una cámara de “representantes”. Esta ley tiene mucho más de político que de dogmática, porque intenta esconder tras la fachada del progresismo la garantía de la impunidad.
Pero esta impunidad no es solo de hoy, esta impunidad viene garantizada desde el Pacto del Club Naval con su correspondiente Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Nº 15.848), su no derogación por parte del parlamento en la oportunidad de votarla, la complicidad de ex presos que ocuparon u ocupan un lugar en el gobierno garantizando que el plebiscito del 2009 no llegara a los votos, y actualmente garantizada además por el cuerpo que cometió tales atrocidades sentado en el banco legislativo.
Para terminar con la impunidad hay que abrir los archivos de la dictadura, que permitirán acceder a la información necesaria para demostrar que los delitos cometidos en ella no fueron por la “lógica de los hechos originados” sino que responden a un plan sistemático de amedrentamiento para la clase obrera y las organizaciones que luchan por un mundo mejor. Terminar con la impunidad significa cárcel efectiva para todos los genocidas.
Si queremos debatir sobre humanitarismo, debemos en primer lugar derogar la Ley de Urgente Consideración, luego aumentar el presupuesto en Educación, Salud y Desarrollo Social… quizás mucho tiempo después de esto podamos hablar de humanitarismo y reinserción. Porque si algo es evidente es que los presos de Domingo Arena no son unos inadaptados, muy por el contrario, están bien adaptados al sistema que defendieron y defienden.
La Ley de Manini Ríos tiene nombre y apellido, la impunidad también, y no distingue de partidos dentro del Palacio Legislativo.
