El ajuste fiscal que el gobierno anunció como medida urgente para bajar un punto porcentual el abultado déficit fiscal que llega al 4% del PBI, implica la reducción del ingreso a la Administración Central (de cada 3 funcionarios que egresan, sólo ingresarían 2) y la postergación del gasto social, en educación y salud pública- entre otros-, del ya menguado presupuesto estatal bi – anual aprobado el año pasado. Se trata de un recorte del presupuesto en la salud, el Hospital de Clínicas, el INAU, y algunas áreas de la educación pública.
En el anuncio inicial, el Poder Ejecutivo anunciaba el recorte de los siguientes recursos; 455 millones a la salud, entre los que se encuentran 55 millones para el Hospital de Clínicas, 200 millones a INAU, 1437 millones a la educación; 544 mill de Udelar y 793 mill de ANEP. La nueva versión que el Ministro Astori presentó hace unos días dónde incorporó los acuerdos debatidos con el FA, plantea que no se postergarán solamente los recursos destinados para la Agencia para el Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic), el Instituto Pasteur, el Programa de Desarrollo en Ciencias Básicas (Pedeciba) y el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim).
En el caso de Inau y Udelar, los recortes al gasto corresponden entre otros rubros a salarios, poniendo en peligro los convenios salariales firmados. Este recorte también afecta al Hospital Universitario que en la actualidad se encuentra en un estado de completo derrumbe, en infraestructura como en la atención. El Ejecutivo anunció que dará ingreso al proyecto de rendición de cuentas la semana próxima, para que el Parlamento le dé un rápido tratamiento, y el FA lo apruebe a la brevedad.
De conjunto, el anunció de la reducción del gasto pone de manifiesto la orientación que el gobierno ha tomado, descargar la crisis sobre los trabajadores, tomando a la educación y salud pública como variable de ajuste.
Frente a esta situación, la FEUU resolvió en un federal extraordinario emitir una declaración política donde denuncia el ajuste, dejando de manifiesto los intereses que defiende el gobierno a través de estas políticas. La declaración, a pesar de ser una respuesta contundente, no pasó de tener un carácter puramente declarativo. Ninguna de las corrientes que dirigen la Federación (ni el oficialismo, ni el Frente de Participación Estudiantil Susana Pintos) propusieron medida alguna de acción para enfrentar el recorte en lo inmediato. El planteo de la Agrupación Primero de Mayo de convocar a una gran marcha educativa antes de finalizar el semestre fue dejado a un lado por ‘falta de aliados’, en un panorama de completa desmovilización de los sindicatos. Por su parte, la propuesta del FPE plantea trabajar para una marcha educativa para antes del 14 de agosto (finalmente se aprobó para el 9 de agosto), es decir dentro de un mes y medio, dónde es posible que el ajuste ya se encuentre consumado.
Desde la Agrupación Primero de Mayo, continuaremos impulsando en los centros de estudiantes, así como en la Federación, medidas de acción para enfrentar en las calles el recorte presupuestal de la salud y la educación que el gobierno pretende imponer, defendiendo principalmente la Universidad pública. Nos movilizamos con los trabajadores estatales y de la salud el 15 de junio, marchando al MEF.
Vamos por un paro estudiantil, con corte de calle en todas las Facultades, para manifestarnos activamente contra este atropello.
