La campaña derechista y sensacionalista de la derecha en materia de seguridad pública ha tenido un nuevo capítulo con el exabrupto esta vez de un diputado del Partido de la Gente. Luego del fracaso de la campaña del líder del Partido Nacional Jorge Larrañaga para habilitar al Ejército a intervenir en la represión interna, ahora le llegó el turno al diputado Guillermo Facello quién sugirió que el gobierno debe implantar las Medidas Prontas de Seguridad. El diputado afirmó que “cuando estaban implementadas esas medidas el clima era otro”, e hizo alusión a que vivimos en un estado de conmoción interna producto de la delincuencia y un supuesto aumento de los asesinatos. Tal como sucedió con el planteo de Larrañaga, rápidamente desde el Partido de Novick salieron a desmarcarse del planteo. Es que no sólo la caracterización cuasi delirante respecto de la situación del país, sino la abierta reivindicación de darle una mayor vía libre a la acción policial para la represión, apelando a las políticas de las épocas más nefastas de la historia de nuestro país, muestran la perspectiva sin rumbo en la que han ingresado la oposición patronal, con el único fin de diferenciarse del gobierno.
Por otro lado, la realidad muestra que el gobierno del FA, por el contrario de lo que reclama la derecha patronal, ha profundizado la orientación represiva. La militarización de la policía es un hecho, el aumento de las penas a los menores también, la ocupación mediante razias en los barrios pobres de Montevideo, son sólo algunas de las políticas que ha implementado en gobierno. Tal es el reforzamiento del aparato represivo que es uno de los rubros que mayor aumento tuvo en estas décadas de gobierno de ‘izquierda’, el cual se ha duplicado en la última década.
Así, el gobierno del FMI ha garantizado la seguridad para las empresas, tal como lo dejó de manifiesto el conflicto de los trabajadores de BIMBO, (que acamparon frente a los portones de la fábrica por la reincorporación de obreros despedidos), y tuvieron una rápida visita de la guardia Republicana armada hasta los dientes, con helicóptero rodeando la zona al mejor estilo de Hollywood. Un operativo digno de los mejores gobiernos derechistas.
El caso de BIMBO deja de manifiesto como el reforzamiento del aparato represivo, y la exigencia de militarización y de una mayor vía libre al accionar policial se encuentra en el núcleo de las demandas de las empresas y del capital financiero, frente a un cuadro de carestía, despidos y de movilización obrera. El programa de ataque a las condiciones de vida de las masas, viene de la mano con la típica receta de represión, militarización, decretos antihuelga como el de la esencialidad. Como bien claro lo tienen los trabajadores uruguayos, producto de la memoria histórica, nada bueno ha venido nunca de la mano de la represión, de los militares, y policías. Por el contrario, darle mayor vía libre a las fuerzas represivas, aumenta la inseguridad en los barrios, de la juventud, de los vecinos y de los propios trabajadores, es otorgar carta libre para los atropellos, para la violación de los derechos individuales, democráticos, y plantearlo desde el Estado es también una promesa de impunidad. El caso de México es muy ilustrador en este sentido, pues la orientación de militarización del país para combatir el crimen organizado, ha culminado en un gran negociado y en una alianza entre las fuerzas represivas y los carteles de droga, y han transformado a México en el país con más cantidad de asesinatos y desaparecidos de América Latina en estos últimos años. Como lo refleja el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos por el Ejército. Otro tanto, sucede en Río de Janeiro, con la militarización que ordenó el presidente Temer, que además de los cientos de casos de gatillo fácil en las favelas, se cobró la vida de la diputada Marielle Franco por parte de un grupo parapolicial con vínculos con Policía Federal. En este sentido, queda claro que el reforzamiento de los aparatos represivos es un mecanismo de ataque a las libertades públicas, a las democráticas y a las luchas obreras.
Al delito organizado se lo combate atacando a los grandes bancos, eliminando el secreto bancario para terminar con el lavado de dinero que realizan las empresas, con la apertura de los libros de las comisarias y con comisiones barriales independientes que controlen el accionar policial y determinen los vínculos con el delito. Se lo combate derrotando el trabajo precario, las tercerizaciones, los salarios de hambre, el ajuste del gobierno y del FMI, y el asistencialismo. Se lo combate organizando y dotando de una perspectiva de futuro a una juventud cada vez más pauperizada.
Que quede claro, la principal inseguridad viene de arriba, desde el propio Estado. A 45 años del golpe y de la dictadura militar, los trabajadores debemos recuperar nuestra memoria histórica y combatir cualquier avance represivo.
Las medidas prontas de seguridad y la militarización interna fueron mecanismos de la clase social explotadora para reprimir y prohibir las movilizaciones y las huelgas obreras. Que aparezcan como propuestas otra vez en el presente es la preparación de una guerra de clase contra las conquistas y las condiciones de vida de los trabajadores que ya viene desarrollando el gobierno del FA, y que la oposición patronal pretende profundizar.
