Las declaraciones del actual Jefe de Policía Mario Layera referidas al avance de la criminalidad en Uruguay generaron fuertes repercusiones. El jerarca crítico el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) que según él limita el accionar de la policía, y la reduce a un auxiliar de la justicia. Con un discurso conservador que asocia delito con pobreza, apeló a generar miedo diciendo que ‘Uruguay va rumbo a un escenario como El Salvador o Guatemala’. El policía cuestionó también que organismos como el MIDES y el BPS no transfirieran la información a las fuerzas represivas.
La intervención política del Jefe de Policía cuestionando el nuevo código aprobado por el gobierno y solicitando mayor libertad para su accionar es un dato de relevancia que se debe tener en cuenta en la actual situación regional que vive América Latina; las fuerzas represivas piden vía libre. Rápidamente el presidente Tabaré Vázquez envío un proyecto de ley al Parlamento con modificaciones al CPP para darle ‘mayor flexibilidad en el trabajo’ y cierta autonomía a la policía, además de otras modificaciones referentes al proceso judicial.
De este modo, a días del 20 de mayo se instaló toda una campaña sobre la inseguridad. La oposición aprovechó para reforzar su perspectiva punitivista, y Larrañaga lanzó su campaña de recolección de firmas para modificar la Constitución, imponiendo mano dura, a partir de la habilitación de los allanamientos nocturnos, la creación de una Guardia policial con el Ejército, la pena perpetúa, y la imposibilidad de la reducción de penas o salida anticipada.
Las políticas del fracaso
La agenda que pregona el líder de Alianza Nacional ya ha sido en gran parte tomada por los sucesivos gobiernos del FA, quienes además de los considerables aumentos presupuestales para las Fuerzas represivas, otorgaron jurisdicción nacional a la militarizada Guardia Republicana, compraron multimillonarios sistemas de espionaje (el Guardían Web) para reforzar la División de Operaciones Especiales (DOE) – Inteligencia policial- (que durante la huelga docente se dedicó a filmar y registrar las ocupaciones de estudiantes y trabajadores.) Además habilitaron al Ejército a patrullar las fronteras y los perímetros carcelarios.
El Partido Nacional busca otorgarle un rol de represión interna a un Ejército que no ha sido depurado, y que continúa impregnado de torturadores y asesinos de la última dictadura militar, que gracias a la impunidad de la que han sido responsables todos los gobiernos ‘democráticos’ – incluidos los del FA- continúan libres. La orientación derechista que promueve Larrañaga se está visualizando y hace crisis en la actualidad en Brasil, dónde el saldo de la intervención militar en Río de Janeiro es un aumento fenomenal del ‘gatillo fácil’ y del accionar de bandas paramilitares cobijadas bajo las fuerzas armadas, como lo dejó de manifiesto el asesinato de la diputada del PSOL Marielle Franco.
Lo que hay detrás del discurso
Cualquier trabajador que vive en los barrios obreros de Montevideo sabe perfectamente donde se encuentran las bocas de venta de droga, y sabe que estos funcionan con la complicidad policial. En este sentido, el argumento de que para combatirlas son necesarios los allanamientos nocturnos es falso. De hecho, cualquier allanamiento o irrupción policial en un barrio en horas de la noche pone en riesgo a todos los vecinos de la zona, y promueve el abuso policial, pues la oscuridad no permite visualizar el propio procedimiento policial. Se trata de una medida que busca amedrentar a la población y darle una mayor vía libre al accionar policial para cometer todo tipo de exabruptos y abusos.
Ni Larrañaga, ni la oposición, ni el gobierno del FA quieren realmente ponerle punto final a la inseguridad y combatir la delincuencia. De hecho, una medida muchísimo más efectiva para terminar con el crimen organizado y el narcotráfico (que con la tecnología actual con la que cuenta la DOE sólo puede existir con la complicidad Estatal) es la eliminación del secreto bancario, la publicación de los libros de las comisarias, y de los libros contables de las empresas para dejar al descubierto las redes y vínculos entre los políticos, los bancos, las empresas y las fuerzas represivas que hacen posible al crimen organizado. Atacar el lavado de dinero es atacar al narcotráfico, pero eso implica sin dudas apuntar la mira no hacía los marginales, sino hacia el empresariado y sus representantes políticos.
La agenda que se pretende colocar con la excusa de la inseguridad, es una orientación política de conjunto. Frente al cuadro de crisis y de bancarrota que se extiende por América Latina con la reversión del ciclo especulativo la salida que intentan ensayar – tanto oficialistas como opositores – es la militarización y la represión a la lucha popular. En toda América Latina, los trabajadores debemos imponer nuestra propia agenda y nuestra propia salida a la crisis. Porque la inseguridad la generan los grandes capitalistas y el Estado y es con ellos con quienes debemos ajustar cuentas para combatirla.
