En los últimos meses, se instaló en Uruguay un discurso “antichorro” (especialmente contra la juventud) que abarca a todo el arco de partidos de la patronal.

En un contexto signado por la agudización de la crisis capitalista, el gobierno desarrolla una política de ataque contra el salario, el trabajo, la vivienda, la educación que envilece las condiciones de vida de las masas explotadas y la juventud.

En este contexto de defensa del gran capital, el pago de la deuda pública, las exoneraciones fiscales y otros privilegios, que se combina con una ola de violencia que se expresa en las instituciones educativas, el tránsito, la familia, etc., se produce un giro a la derecha que anticipa una política represiva a gran escala (“a lo Bukele”, cuyo ejemplo Orsi quería estudiar).

Por tanto, las declaraciones de “Pacha” Sánchez, Jaime Saavedra y el propio presidente constituyen una advertencia respecto al rumbo del gobierno, no un mero giro discursivo para congraciarse con las masas.

El carácter ¿“antichorro”? del gobierno se materializa en medidas concretas como el repudiado convenio entre INISA y el Ministerio de Defensa Nacional -que militariza a una parte de los jóvenes privados de libertad, como forma de disciplinamiento.

Mientras tanto, el debate sobre seguridad elude discutir los factores que sostienen el narcotráfico y el tráfico de armas, por ejemplo. Según el Ministerio del Interior, hay casi un millón de armas en nuestro país, lo que repercute en las cifras sobre violencia: casi el 80% de los homicidios se producen con armas de fuego.

Hace años que Uruguay es considerado un polo de acopio de drogas, que se distribuyen en todo el mundo.

Pero este sistema de negocios que destruyen la vida de la juventud más empobrecida, no se sostendría sin una herramienta fundamental para el Estado capitalista: el secreto bancario, que permite que el sistema financiero siga siendo un motor sustancial para el lavado de dinero. Como ejemplo, el Banco Central informó que en 2025 se registraron más de mil reportes de actividades sospechosas de lavado de activos, una cifra histórica en nuestro país.

Los mecanismos jurídicos para levantar el secreto bancario son complejos y no hay control eficiente sobre grandes flujos financieros, haciendo a nuestro país un foco de atracción para organizaciones internacionales de narcotráfico, como ha quedado demostrado con resonados casos como el de Marset.

Mientras el discurso oficial ocupa horas en los medios de comunicación colocando el foco sobre los jóvenes más pobres, las redes económicas que permiten el narcotráfico, permanecen intactas.

Se trata de una “seguridad” selectiva: represión para los pobres y tolerancia estructural hacia las economías ilegales que sostienen el crimen. El resultado es un castigo a las consecuencias visibles de la violencia social y no las bases materiales que las generan.

Es necesario combatir el discurso que criminaliza a la juventud y a la pobreza, generando el caldo de cultivo para un aumento de la represión en los barrios. bLa explotación capitalista, en todas sus variantes y la barbarie que genera, sólo podrá ser drrotada a través de la defensa consecuente de un programa para la clase obrera, a través de una organización cuya perspectiva sea el socialismo y el gobierno de los trabajadores.