El gobierno del Frente Amplio impuso en la pasada Rendición de Cuentas una profundización del recorte -ajuste- presupuestal a la educación pública.
El prometido 6% del PBI para la educación ha pasado a ser un imposible. Incluyendo varios ítems, el presupuesto para la enseñanza ronda el 5% del PBI. Pero el reclamo de los sindicatos y gremios estudiantiles es de un 6% como mínimo sólo para Anep y Udelar, quienes hoy llegan apenas al 4% del PBI. Es decir que habría que aumentar un 50% el presupuesto actual para que el sistema no colapse. Se calcula que si los docentes y funcionarios obtuvieran el salario de media canasta básica al inicio de la carrera, el 6% resultaría absolutamente insuficiente. El 4% actual es un ahogo presupuestal en toda la línea, significando un mísero aumento del 0,1% del PBI con respecto al presupuesto anterior.
Por otra parte, el presupuesto es solamente por un año. Esto refleja la precariedad de la economía y finanzas estatales. Lo que generalmente se vota como presupuesto quinquenal en el primer año del nuevo gobierno, ha sido fragmentado en un presupuesto a dos años -2015 a 2017-, y ahora a uno -hasta 2018-. De esta manera el gobierno se reserva la posibilidad de recortar el gasto ‘a piacere’ en educación, salud, vivienda, de acuerdo a sus necesidades y compromisos con el gran capital internacional -reducción del déficit fiscal y pago serial de la deuda externa-.
La fragilidad de las finanzas estatales se traduce en la improvisación con la que el gobierno aborda su ‘política’ hacia la educación. Las tercerizaciones y la flexibilización laboral se han convertido en regla. La apertura de la educación pública al lucro del capital, y la reducción del precio de la fuerza de trabajo, van en consonancia con la crisis capitalista que sacude al mundo desde hace una década. El capital necesita abrir nuevas esferas donde invertir, reduciendo salarios para garantizarse la rentabilidad.
El gobierno del FA cumple a rajatabla con los requisitos del capital -reduce el gasto social, privatiza, terceriza-. La casi inexistente negociación con los sindicatos de la educación -el ejecutivo ingresó el 20/6 el mensaje presupuestal al parlamento, acotando a menos de una semana la posibilidad de negociar- refleja que el gobierno impone a los trabajadores el ajuste, en tanto cede ante las presiones del gran capital -FMI, UPM y demás-. El carácter de clase del gobierno se trasluce por los intereses que objetivamente defiende.
La lucha presupuestal también deja como conclusión política la necesidad de recuperar los sindicatos para el clasismo. El aislamiento impuesto por las direcciones sindicales oficialistas a los sindicatos y/o filiales más combativos es un elemento a tener muy en cuenta, máxime cuando las posibilidades de arrancar una victoria están sujetas totalmente a la unificación y masificación de la lucha.
Asimismo la lucha en la etapa parlamentaria -entendida como paralización de actividades- se ha demostrado absolutamente inútil, sirviendo solamente para hacer ‘lobby’ ante la posibilidad de supuestos ‘desalineamientos’ en la bancada del gobierno, o para los intereses de algunos sectores de la izquierda extrafrenteamplista.
Desde el Partido de los Trabajadores apostamos a la organización y movilización de las más amplias masas de trabajadores y estudiantes para enfrentar el ajuste. La independencia política del Pit-Cnt es condición ‘sine qua non’ para tal fin.
Docente de educación secundaria, militante de ADES Montevideo y del Partido de los Trabajadores.
