El Intendente Ing. Daniel Martinez modificó su gabinete de gobierno hace unos meses, entendiendo que el año 2017 debe ser de viraje en el ritmo de aplicación de los planes elaborados en el 2015 para el quinquenio. Dicho plan está basado en el Fondo Capital acordado con Novick.
Con un déficit acumulado de décadas la única vía de financiamiento para la contratación de empresas privadas para la obra pública no fue otra que bicicletear el endeudamiento e hipotecar como garante de pago de dichos fondo ingresos genuinos de la IM, inclusive más allá del quinquenio.
La decisión de colocar al mando a Puntigliano (Partido Socialista) en el Departamento de Desarrollo Ambiental, de trayectoria en la política de privatizaciones en la playa de contenedores del puerto de Montevideo, y en el proyecto de Aratirí, confirma la idea de profundizar aún más, el tema de la gestión de residuos sólidos urbanos, en un negocio para privados.
También es un golpe a dos bandas, porque desliga a Curuchet de la limpieza urbana (Asamblea Uruguay) de una exposición pública permanente, dada la crisis congénita del tema, ya que este es el que suple a Martínez como intendente interino, enrocándose ahora en un lugar estratégico en cuanto a las inversiones de capital en Montevideo conjuntamente con Jorge Rodríguez, del PDC, en planificación y desarrollo económico.
También hay planes iguales en Movilidad dirigido por Pablo Inthamousu, integrante del MPP y ex dirigente de ADEOM, completa la escuadra Ramón Méndez (FA independiente) hombre del gobierno de Mujica en el ministerio de industria y energía e impulsor de la energía eólica, que UTE compra en beneficios de privados con independencia que la utilice, como denuncia AUTE recientemente. Este último opera como coordinador del gabinete por ende los proyectos de entrega de la obra pública a las empresas privadas y la precarización de las condiciones de vida de los trabajadores, a través de ongs y tercerizadas, van en fila tras la única fuente financiamiento y nuevo endeudamiento, el buque insignia de la inversión privada con el Fondo Capital, acordado con Novick y votado en la junta departamental por todos los partidos del FA.
El desafío de Martinez-Novick
Para aplicar este plan de entrega de la obra pública al capital, tras la alianza Martínez-Novik, solo hay una vía. Contar con la colaboración de ADEOM arriba y combinadamente establecer una política de choque y represión contra la resistencia y organización sindical desde la base y sus sectores más combativos e independientes del gobierno.
Los últimos sucesos indican dos movidas destacadas en ese sentido. El intento de imponer un encargado o capataz, que ejercía represión antisindical sobre los trabajadores naufragó y tuvo que ser retirado del lugar por la paralización general de los trabajadores de limpieza y ahora hace sólo días el intento de traslado de un delegado de la Disposición Final de Residuos que fue respondido de la misma manera y se puso en discusión hasta la eventualidad de una asamblea general teniendo que reintegrarlo a su lugar de trabajo. Estas paralizaciones generales victoriosas han arrojado un mentís, sobre la versión del oficialismo sindical (la lista frenteamplista de ADEOM 2011 o de la mayoría del PIT-CNT) de que los obreros de limpieza no pueden parar por que la esencialidad expone a los trabajadores a la sanción.
Por el contrario, ha puesto en claro que en primer término lo único que expone a los trabajadores a las sanciones antisindicales es el gobierno del FA y su alianza con la derecha, que ha hecho de la “esencialidad” un recurso permanente y que ha provocado por su puesta en práctica en otros gremios, un paro general del PIT-CNT el mes pasado. En segundo término, lo que viabiliza las sanciones, la represión antisindical es la colaboración de las direcciones sindicales que bloquean las repuestas unitarias y de lucha del movimiento obrero.
