La burocracia sindical del PCU-PS defiende al gobierno, no a los trabajadores

La lucha de los trabajadores portuarios de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) enfrenta a un frente único patronal que no solamente incluye a la patronal directa (una asociación de Katoen Natie con la estatal Administración Nacional de Puertos), sino al conjunto de las cámaras patronales -en especial a los agroexportadores-, a la oposición de derecha y al gobierno frenteamplista -incluido su ministro “comunista” que decretó los “servicios esenciales” bajo la mentirosa denominación de “guardias mínimas”.

Los portuarios reclaman medidas elementales. Se trata de un sector súper explotado y precarizado, cuya reivindicación central es que se les paguen 25 jornales garantizados al mes (hoy muchos perciben apenas 13 jornales en el mes). Mientras la patronal no garantiza un ingreso mensual, el trabajador debe estar disponible para ser convocado según las necesidades de la empresa, condicionando la vida familiar a las convocatorias impredecibles de TCP.

TCP tiene la concesión para la operación de la terminal de contenedores hasta 2081, y maneja en torno al 80% de la operativa del sector. El Estado es socio de la empresa (posee el 20% de las acciones y obtiene alrededor de 13 millones de dólares anuales de dividendos, frente a más de 50 millones que se embolsa la multinacional belga) y por lo tanto de la explotación de los obreros de la termianl.

Decreto ilegal

El decretazo del gobierno no se ampara en las leyes del pachecato y posteriores contra la huelga (como lo hicieron los gobiernos del FA en los casos de conflictos de ADEOM o de la salud, entre otros) sino en las propias leyes sobre el puerto que establecen que esa actividad es “estratégica” para el país. En otras palabras, carece de base legal porque esas leyes no son una reglamentación del derecho constitucional a la huelga (como lo pretende ser la 13.720 de Pacheco). Por otra parte, la actividad portuaria puede mantenerse de una forma sencilla si el gobierno -en lugar de atar las manos a los trabajadores para debilitar su lucha- decreta el pago de 25 jornales garantizados a los obreros portuarios.

Abdala y los servicios esenciales

El PIT-CNT debió aprobar en forma inmediata un paro general de 24 horas ante este atentado contra el movimiento obrero. Por el contrario, Marcelo Abdala declaró: “Me congratula que no se haya decretado la esencialidad del puerto”. El presidente del PIT-CNT y dirigente del PCU estableció una diferencia entre la esencialidad y las “guardias mínimas”, como si estas últimas hubieran sido determinadas autónomamente por el sindicato y no impuestas por el Estado despóticamente. El propio Abdala reconoció que las “guardias mínimas” decretadas por su “camarada ministro” limitan a tal extremo las medidas de lucha que “se acercan a una situación de normalidad en el trabajo”. Al mismo tiempo, sostiene que si se hubiera aprobado la “esencialidad”, como planteó TCP, “no hubiera correspondido” y hubiera tenido “consecuencias nefastas” porque la OIT solo permite esta medida “cuando está en riesgo la vida, la salud o la seguridad”, algo que no ocurre en el puerto. En otras palabras: Abdala se “congratula” de que el gobierno utilizó otra vía para violar el derecho de huelga en lugar de recurrir a uno que la propia OIT hubiera rechazado.

El paro del SUPRA

Frente a la “esencialidad” disfrazada, el SUPRA (que agrupa a todos los portuarios públicos y privados) decretó un paro de 24 horas y convocó a una asamblea general que mandató a la dirección a llevar adelante un paro de 48 horas si no se llega a un acuerdo a nivel del convenio de TCP, y a presentar un recurso jurídico y a su vez elevar una denuncia a la OIT por la violación del derecho de huelga llevado adelante por el gobierno.

El sindicato, cuya mayoría está en manos del PS y el PCU (ambos partidos integran el gabinete ministerial y el PCU el Ministerio de Trabajo), ha declarado “excesiva” la medida anti-sindical del gobierno, cuando evidentemente se trata de un ataque al derecho de huelga que debe ser repudiado sin medias tintas.

Continúa la “mediación” de Castillo

El ministro de Trabajo propuso para la reunión del lunes que “a partir de mayo de 2027, los trabajadores que actualmente cuentan con 20 jornales asegurados pasen a tener 21”, un planteo que mantiene la división de los trabajadores en distintas franjas desde 13 a 21 jornales. La propuesta gubernamental está por debajo de la última elevada por el sindicato (que aceptaba 22 jornales a partir del año próximo). La política del MTSS del FA apuesta a un desgaste paulatino de los trabajadores, haciendo que los trabajadores rebajen paulatinamente sus demandas, hasta que se vuelva imposible sostener una lucha por tan escasa diferencia.

Es necesario rodear la lucha de los portuarios para enfrentar la “esencialidad” maquillada y la política de estrangulamiento del conflicto por parte de la burocracia sindical frenteamplista. ¡Por un paro general de 24 horas, exigiendo el inmediato levantamiento del decretazo anti-sindical!