El decreto de “guardias mínimas” en el Puerto, firmado por el “comunista” Juan Castillo y la “tupamara” Lucía Etcheverry, es una nueva vuelta de tuerca en la derechización del gobierno del FA.

La medida es especialmente pérfida porque recurre a malabarismos para anular el derecho de huelga sin recurrir sin embargo a los “servicios esenciales”. La maniobra cede al reclamo de la patronal y los exportadores, evitando al ministro Castillo tener que firmar abiertamente la “esencialidad”.

El resultado es el mismo, según confesó el presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala (también del PCU): las guardias impuestas por el gobierno implican “normalidad en el trabajo”.

Castillo cruzó (hace rato) su propia “línea roja”

En una reciente entrevista, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez (MLN, MPP) amenazó al ministro de Trabajo con la expulsión del gobierno. El jerarca emepepista manejó la posibilidad de decretar la esencialidad, ante lo cual la periodista advirtió que el ministro del PCU había marcado allí su “línea roja”. Sánchez respondió rápidamente: “entonces renunciará”. “Todos somos fusibles y responsables de nuestras decisiones”, remarcó.

El virtual ultimátum de Sánchez tiene un antecedente de su mentor político. En noviembre de 2011, el entonces presidente José Mujica “apretó” al MLN y -especialmente- al PCU: “No se puede estar con un pie adentro y otro afuera del gobierno. O se está con los dos adentro o los dos afuera”. En ese momento se desarrollaban dos conflictos fundamentales (AEBU Banca Oficial y ADEOM Montevideo). El PCU presidía entonces el sindicato municipal, y a la vez la Intendenta Ana Olivera era dirigente de ese partido. El secretario general Eduardo Lorier jugaba de “oposición interna”, con el discurso del “gobierno en disputa”. El ultimátum de Mujica condujo rápidamente al recule de Lorier, y la intendenta Ana Olivera solicitó al gobierno que declarase los “servicios esenciales” contra la lucha de los municipales. Mujica llegó a convocar al ejército para actuar como rompehuelgas, levantando la basura en el marco del conflicto de ADEOM.

No fue la primera vez que el PCU avaló e incluso solicitó los servicios esenciales. También se aplicaron en la salud pública cuando ocupaban el MSP el ministro Jorge Venegas y luego Susana Muñiz. Las líneas rojas el PCU las cruzó una y otra vez, también bajo el gobierno de Tabaré Vázquez: por ejemplo, en junio de 2017, en ANCAP, cuando Juan Castillo era entonces el Director de Trabajo del MTSS. Las líneas “rojas” se destiñeron hace rato.

“Bonapartismo”

La tesis de que el régimen constitucional en Uruguay permite al presidente obligar a los ministros a “firmar o renunciar”, no tiene asidero jurídico. Es una interpretación que busca reforzar el poder presidencial, el carácter bonapartista del gobierno. Según la Constitución, el Poder Ejecutivo no es únicamente el Presidente, sino este junto al Consejo de Ministros, que al menos teóricamente puede llegar a votar una decisión en contra de la opinión presidencial. Si un ministro se niega a firmar un decreto, no se impone inevitablemente su renuncia: debería reunirse el gabinete y tomar posición como tal. Según la Constitución, los ministros deben contar con apoyo parlamentario (aunque no obliga a una votación explícita en el parlamento). Por lo tanto, echar a un ministro no es apenas un trámite, debería ser avalado al menos por la bancada del gobierno. Al anunciar su eventual renuncia, Castillo anuncia una capitulación por anticipado. Por el otro lado, la amenaza de Sánchez (y de Orsi por transitiva) es también una advertencia de que el gobierno podría cambiar de alianzas (sosteniéndose en otras bancadas, sin contar con el PCU y el PS).

Orsi se arrima al “Escudo de las Américas”

La medida anti-sindical del gobierno se inscribe un cuadro de conjunto de viraje a la derecha, que el pretendido “polo de izquierda” del FA viene acompañando, con alguna queja ocasional (como cuando Oscar Andrade del PCU y Gustavo González del PS votaron “marcando su malestar” la autorización para el ingreso de soldados de EE. UU.).

La integración de Uruguay al “Compromiso de Santiago”, impulsado por el ultra-derechista presidente chileno José Antonio Kast, lo alínea con los gobiernos derechistas sudamericanos. El acuerdo compromete a intercambiar información de inteligencia, unificar legislación y coordinar operaciones de seguridad (y entre otras cosas, la gestión de la “inmigración irregular”) entre los gobiernos de Chile, Argentina (Milei), Bolivia (Paz), Ecuador (Noboa), Perú (Fujimori), Paraguay (Peña) y Uruguay. El acuerdo regional con los gobiernos aliados de Trump (sin el Brasil de Lula) marca un claro alineamiento internacional, que coincide con la postura cómplice frente al genocidio en Gaza, así como frente al secuestro de Nicolás Maduro para convertir a Venezuela en un protectorado yanqui. La delegación uruguaya se mantuvo presente en la sala cuando hablaba el criminal Netanyahu en la Asamblea de la ONU.

En la seguridad interior, Orsi profundiza el camino de la LUC, a través de la militarización de los barrios populares, enviando tanquetas a patrullar las calles. La derecha levanta nuevamente la legalización de los allanamientos nocturnos, cosa que el ministro Negro no ha rechazado completamente.

Del “diálogo social” a la esencialidad maquillada

La “izquierda frenteamplista” aceptó también que el ministro de Economía Gabriel Oddone entierre el planteo de retocar el funcionamiento de las administradoras de fondos previsionales (AFAP), que había surgido del llamado “diálogo social sobre seguridad social”. Oddone no solamente anunció que se mantendrá intacto el régimen de las AFAP, sino que además se ampliarán las posibilidades de estas para realizar inversiones fuera del país (hoy limitadas a papeles públicos estadounidenses, y a determinado porcentaje de su cartera de inversiones).

El gobierno de Orsi se ha aplicado sistemáticamente a defender las conquistas reaccionarias del gobierno de Lacalle Pou; no solamente la reforma previsional sino en primer lugar la LUC (Ley de Urgente Consideración), la ley ómnibus que incluyó medidas anti-huelgas, ilegalización de los piquetes y cortes de ruta, y amplió la posibilidad de privatizar las sociedades anónimas que son propiedad del Estado. Esta LUC vigente también eliminó los consejos desconcentrados colectivos (y con representación docente) en la educación, sustituyéndolos por una dirección unipersonal.

Colaboración de clases

La estrategia de colaboración de clases, que se corporiza en el Frente Amplio -y en lo gubernamental en la integración del PCU y PS en el gabinete capitalista de Orsi-Oddone-Lubetkin- muestra su agotamiento. El cuadro internacional está marcado por la guerra imperialista, que arrastra a los gobiernos burgueses –“progresistas” o no- a alinearse con una u otra potencia rival, estrechando los márgenes de autonomía. El cuadro económico internacional explosivo, en el que se vislumbra un estallido financiero y una tendencia a una depresión económica, plantea una agudización de la lucha de clases, a partir de ataques aún más decisivos contra los derechos laborales, previsionales y sociales. Para prepararse, el movimiento obrero necesita sindicatos y un PIT-CNT independientes del gobierno, superando a la burocracia sindical del FA.

No hay espacio para los “diálogos sociales” y los “consensos” policlasistas, incluso en términos puramente declarativos. La clase obrera necesita sacar todas las conclusiones del cuadro internacional, que marca la inviabilidad de una salida progresiva en el marco de la decadencia capitalista. El seguidismo a un gobierno burgués proimperialista traerá más padecimientos a los trabajadores. La clase obrera debe recuperar su independencia política, construyendo un partido propio, realmente comunista, es decir, que luche por un gobierno de trabajadores y por el socialismo.