La actual rendición de cuentas ha dejado de manifiesto una vez más los intereses que defiende el gobierno del FA. El esquema económico de Vázquez continua basándose en un fuerte subsidio a los capitalistas, y en la garantía del enorme negociado del capital financiero. La nueva asignación de recursos mantiene la estructura que los sucesivos gobiernos del FA han defendido desde el principio de su gestión en 2004. Se prioriza a las fuerzas represivas en nombre de la combatir la ‘inseguridad’, en vez de a la salud y a la educación pública, y se continua con la política de ajuste sobre los trabajadores.
Justificándose en un contexto regional difícil el gobierno viene desenvolviendo a partir de un achique del gasto público, de tarifazos – el más reciente el de 9% en la nafta y derivados – y de pautas salariales a la baja (que plantean la desindexación salarial).
De otro lado, la deuda pública sigue su ascenso en un cuadro de reversión de los flujos financieros de los ‘emergentes’, como consecuencia de la política de guerra financiera de Trump que ha acelerado la suba de las tasas de interés del Banco Central norteamericano. El ajuste y el endeudamiento son dos caras de una misma política. El FMI y las calificadoras de riesgo piden más ajuste como condición para abrir la canilla de dólares y financiar el agujero del déficit fiscal provocado por el incremento…de los intereses de deuda. Suspender el pago de la deuda pública se ha convertido en una cuestión medular para la política de la clase obrera.
Qué presupuesto
El presupuesto del FMI se desenvuelve un escenario donde todos los observadores económicos señalan un agravamiento de las condiciones económicas. La desocupación ha adquirido los niveles más altos de la década, como consecuencia de los cierres de numerosas empresas – sobre todo vinculadas a la industria- y los despidos.
La crisis industrial hace estragos, como se manifiesta por ejemplo en la industria láctea, con cerca de un 20% de desocupados.
La ecuación del presupuesto depende de un incremento de las exportaciones y de la entrada de inversión extranjera. Por ello, en la agenda de la burguesía se encuentran la firma de Tratados de Libre Comercio, como el acaba de votar el Frente Amplio en unidad con la oposición de derecha que busca abrir el comercio con Chile y, por esa vía, con los países de Asia y el Pacífico. Detrás de los legisladores que votan estos acuerdos semicoloniales se encuentran grandes multinacionales que buscan saltar barreras arancelarias, para subordinar las economías de los países atrasados. La firma del TLC con Chile se produce en un escenario de transición a una crisis mundial de mayor escala, donde las medidas proteccionistas que ha disparado el régimen de Trump podría provocar una caída fenomenal del comercio mundial. La política de los TLC’s está destinada al fracaso.
Un presupuesto público en manos de un gobierno de trabajadores, debería comenzar por impulsar una reorganización social de la economía y alterar las prioridades políticas en función de las necesidades populares: suspensión de la pago de la deuda y los subsidios a las multinacionales, eliminación de impuestos al salario (IVA e IRPF) e impuestos progresivos al gran capital y satisfacción de las demandas en educación, salud y vivienda. En manos de los trabajadores el presupuesto también podría transformarse en una poderosa palanca para el desarrollo industrial y terminar con la desocupación, expropiando toda empresa que cierre o despida para ponerla en funcionamiento bajo control de sus trabajadores, lo que exige, en primer lugar, la concentración del ahorro nacional estatizando la banca y el comercio exterior.
‘No hagamos olas’
Las movilizaciones, paros y ocupaciones de los sindicatos y gremios de la educación, de la salud, de adeom, aute, supra, ffose, de los sindicatos lácteos o frigoríricos en los últimos dos meses señalan la necesidad de un plan de lucha que unifique los reclamos en el marco de la Rendición de Cuentas y los Consejos de Salarios, que quiebre la política de ajuste del gobierno, el FMI y la oposición derechista. Frente a esta necesidad urgente, la mayoría del PIT-CNT comandada por el PCU-Articulación logró posponer el paro de 24hs que estaba planteado para el 25 de Julio que debía ser el comienzo de un plan de acción general del movimiento obrero, para colocarlo hacia fines de agosto (cuando la rendición de cuentas ya esté votada en la cámara de diputados). Se trata de una orientación para ahogar y aislar la lucha de los trabajadores en función del apoyo al ‘bloque social y político de los cambios’ y los candidatos del FA en danza (Astori, Martínez, Murro, Cosse, Orsi…)
De otro lado, se expresó una oposición de una veintena de sindicatos a esta resolución que votaron mantener el paro del 25 de Julio. Como un eco de los debates del Congreso del PIT-CNT, se coloca la cuestión de reagrupar a los sectores combativos bajo la bandera de la independencia política del movimiento obrero con respecto al gobierno como cuestión central para derrotar el ajuste en curso y superar la loza de la burocracia sindical. En este terreno, se destaca de forma sobresaliente la resolución de la asamblea general del sindicato municipal de ADEOM, quien caracterizó al gobierno de Daniel Martínez y de Vázquez como defensor de los intereses de la banca y el gran capital, ajeno a cualquier bloque social y político que los trabajadores precisamos para enfrentar la descarga de la crisis capitalista sobre la clase obrera.
La clase obrera debe tener sus propios candidatos
La conclusión de la asamblea de ADEOM debe ser asimilada por el conjunto de luchadores obreros, una condición necesaria para impulsar a fondo un plan de lucha que imponga nuestras reinvidicaciones. Pero no sólo esto: expresa la necesidad de que la clase obrera construya su propio partido y tenga sus propios candidatos para pelearle a los partidos patronales la salida a la crisis capitalista.
