Es noticia en todos los medios el caso de una red de explotación sexual de menores de edad que operaba en Punta del Este. La investigación comenzó con la aparición en el arroyo Solís Chico el pasado 20 de marzo del cuerpo de la joven Aldana Bonsignore que estaba vinculada a esta red, compuesta por empresarios y políticos (entre ellos un diputado del Partido Colorado y un candidato del Partido Nacional y algunos implicados en el financiamiento de campañas de este último partido), donde la joven fallecida y otra joven habían cruzado denuncias con un adulto mayor. La red tiene a 19 formalizados en la justicia penal, hasta el momento, con más de 20 allanamientos y 30 pericias a celulares.
No pasa inadvertido que la fiscal Viera no solicitara prisión preventiva por decir que no cumplen con los requisitos procesales para tal figura: poderosos de alto poder adquisitivo con vasos comunicantes con el poder político y judicial (hay un exjuez jubilado entre los formalizados) no tendrían como escaparse (¿?) ni como entorpecer la causa (¿?). Es una burla. La fiscalía pretende hacer pasar por personas indefensas a un grupo de hombres que tuvieron el capital y la capacidad de sostener una estructura que les permitía explotar menores y ofrecer drogas de manera ilegal (según nota de ECOS del 19/5 a las menores se las prostituía a cambio de dinero y drogas). Asimismo, Viera manifestó que “yo no dije que fuera una red nunca. Hasta ahora (eso es algo que) no nos surge” (El Observador 21/5): la fiscal, en contradicción con la cantidad de imputados, sostiene una posición que indica que no va a ir a fondo en la investigación. A los poderosos no se los toca y esta es la regla en la justicia burguesa.
La bibliografía sobre redes de trata (de menores o de mayores de edad, indistintamente) nos indica que para que exista una red tiene que existir la complicidad de autoridades locales (por lo menos) que hagan la vista gorda o que (más parecido a este caso) se enriquezcan con el acto. No podría ser de otra forma ya que la connivencia estatal es la que ha permitido la explotación sexual en Pando, donde todos saben de la existencia de redes de explotación sexual de menores (como el caso de Milagros, en el que hay 3 imputados vinculados a un prostíbulo del lugar) pero nadie denuncia por miedo. Tal miedo no existiría si no hubiese connivencia policial (los que deben reservar la identidad de los denunciantes) y judicial (los que deben llevar a cabo los procesos que encarcelen a los tratantes). Una estructura de estas características solo la sostiene el dinero y la encubre el secreto bancario: es urgente el levantamiento del secreto bancario que encubre a narcotraficantes y tratantes, facilitando así el establecimiento de este negocio podrido.
Un problema sistémico
Mientras el capitalismo va a una bancarrota sin precedentes, los sectores mas vulnerables de la población son arrastrados a todo tipo de acto desesperado.
La prostitución de menores no es la excepción: la promesa de pago o el pago a una joven en situación de vulnerabilidad social no hace más que mostrar que sería inaccesible para ella todo lo que las clases dominantes consiguen a través de sus negociados. No hay salida más sencilla que la entrada a estas redes, que no tienen salida.
Los poderosos han conseguido acrecentar su capital a consta de la vida de muchas jóvenes de la clase obrera. Alrededor de todo el mundo la lucha de las mujeres contra las redes de trata se acrecienta y en Uruguay el negocio se impuso con los aluviones de ricos que llegan a las zonas de turismo. La oferta cada vez es más siniestra: cada vez más pequeñas. En este sentido son muchas las intervenciones televisivas que muestran lo nefasto del negocio (Bruna, Sorjonen, etc.) que intentan hacer visible un problema endémico a lo largo y ancho del planeta.
Una salida
Solo las mujeres trabajadoras organizadas seremos capaces de enfrentar a estos monstruos. Nuestras vidas valen y nuestra dignidad no se basa en principios cristianos, se basa en que tenemos la capacidad de fabricar mercancías, pero no somos la mercancía.
En este sentido es indispensable la derogación del secreto bancario que permite el blanqueo de capitales de las redes de trata. La investigación hasta las últimas consecuencias de las redes de trata que desbarate las organizaciones micro (los prostíbulos) y macro (policías, jueces y políticos).
Centralización de los recursos destinados a género que sean controlados por organizaciones de mujeres para un tratamiento integral a la cuestión de las redes de trata: desde la elección de jueces y fiscales con la posibilidad de remoción de quienes, como la fiscal Viera, intenten encubrir o sean cómplices de estos delitos; atención integral a las víctimas con disposición de casas refugio y equipos multidisciplinarios para su atención a corto y largo plazo.
El programa de las mujeres debe ir de la mano con el de la clase obrera toda: debemos
desembarazarnos del capitalismo que nos oprime, explota, viola, secuestra y asesina. Para esto es necesario poner en pie un movimiento de mujeres que impulse estas reivindicaciones al seno del movimiento obrero y organizar así una alternativa política con independencia de clase
No hay machista más peligroso y asesino que el sistema capitalista, que impulsa y avala todos los procesos de segregación de las mujeres.
Nota actualizada el 7 de junio
