A fines de octubre, el gobierno del FA expuso los resultados de su política de reducción de la pobreza en 100.000 personas. Sin embargo, esta disminución no oculta que la pobreza estructural, se mantiene intacta.

El salario que no alcanza a fin de mes

Los datos del INE reflejan una disminución de la pobreza, pero al mismo tiempo, revelan que la línea de pobreza para un hogar de tres personas, se ubica en $59.000, mientras que el salario mínimo nominal de $25.300, por lo que una familia con dos trabajadores de ubica muy por debajo de la línea de pobreza. Ni hablar de la situación de los hogares monoparentales, con ingresos que no cubren ni siquiera la mitad de las necesidades de alquiler, luz, agua, alimentación, etc.

Esta es la situación de los 600.000 trabajadores que cobran salarios en el entorno de los $25.000.

Esta situación redunda en que un 15% de la población de nuestro país, vive por debajo de la línea de pobreza (que estaba en 18%).

¿Cuál es la política del FA frente a los miles de trabajadores que cobran salarios que no cubren las necesidades básicas?

Endeudarse para comer

Muchos hogares dependen de más de un ingreso, de horas extras, de otros trabajos o de la ayuda de familiares para sostener sus necesidades.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, se traduce en privaciones y postergación de gastos esenciales y endeudamiento.

Según el BCU, más de 2.060.000 uruguayos están endeudados y de ese total, 800.000 tienen dificultades para pagar o sobreendeudamiento (La diaria, 22/10/26), especialmente para cubrir gastos básicos, hacer frente a problemas de salud o saldar otras deudas.

Como es esperable, las encuestas reflejan que la situación es especialmente compleja en la población juvenil (casi medio millón de jóvenes entre 18 y 30 años están endeudados) y en la más empobrecida.

La pobreza infantil

De forma recurrente, el ministro de Economía Gabriel Oddone, se ha referido a la pobreza infantil. En una actividad organizada por la Liga de Defensa Comercial en Argentina que “la pobreza infantil es una bomba de tiempo” (Portal de Medios Públicos, 12/08/26), en el marco de la votación de la reasignación de la irrisoria cifra de U$S 31.000.000 para combatir la pobreza infantil, que alcanza a uno de cada tres niños en el país. Hace poco, en otro foro en Argentina, se refirió a los niveles de pobreza infantil como “impresentables”, al tiempo que los comparó con los niveles en adultos mayores (El Observador, 4/11/26), una comparación que reafirma su política divisionista a la interna de la clase trabajadora.

Por su parte, el diputado del FA, Bruno Giometti (PCU), destaca las medidas adoptadas por el gobierno en favor del abordaje de la pobreza infantil: “Quedamos conformes porque la Rendición tenía algo que para nosotros era bien importante: que no fuera una Rendición de Cuentas de gasto cero, porque entendíamos que el gobierno tenía que encontrar los recursos incrementales para poder atender principalmente el tema de la pobreza infantil”, en referencia a los $31.000.000 que se asignaron (Crónicas del Económicas, 23/10/26). Sin embargo, las asignaciones presupuestales a salud, vivienda y educación, no cubren ni siquiera una fracción del gasto presentado por los organismos estatales, no ya por los sindicatos.

Es claro que a la interna del gobierno y del FA, los dirigentes buscan cerrar filas.

Los dueños de todo, se enriquecen año a año

En nuestro país, el 1% de la población concentra 41% de la riqueza y continúa siendo el país con mayor concentración de la riqueza, superior al promedio mundial (35% aproximadamente) y a México y Chile. Según un informe elaborado por Mauricio Da Rosa para la Facultad de Ciencias Económicas, el 10% de la población, es decir los ricos más ricos, poseen el 60% de la riqueza total (un tercio de ella, heredada) y el 50% de la población, los pobres más pobres, apenas el 5%.

Es evidente que el gobierno no ha adoptado medidas que combatan la desigual distribución de la riqueza.

Asimismo, se trata de una burguesía que se dedica a actividades que implican un grado mínimo de inversión y de desarrollo productivo, en una perspectiva histórica. En 2025, los productos más exportados por Uruguay fueron materias primas como la carne bovina, la celulosa, los productos lácteos, concentrados de bebidas y el arroz.

El Presupuesto Nacional 2025-2029 mantiene la orientación de reducción del déficit fiscal. El Ministerio de Economía y Finanzas proyectó que el déficit global del Gobierno Central y el BPS pasaría del 4,1% del PIB previsto para 2025 al 2,6% en 2029, para lo cual, mantuvo en términos generales, una regla fiscal, combinando metas a corto plazo y el anclaje de la deuda.

El gobierno del FA organiza su política económica en torno a la reducción del gasto y el mantenimiento de los beneficios a los grandes capitalistas. Frente a un discurso basado en la protección social y la reducción de la desigualdad, el FA lleva adelante una política que apuesta a la inversión privada, a la “consolidación fiscal” y a la “estabilidad macroeconómica”, en una línea de clara continuidad con el gobierno anterior.

Que la crisis no la paguen los trabajadores

La crisis mundial, que profundiza la tendencia a mantener el margen de ganancia de los grandes capitales, impone un panorama de ataque generalizado a las condiciones de vida de la clase trabajadora, del cual Uruguay forma parte. Por tanto, las medidas transicionales se hacen necesarias.

En primer lugar, un aumento general de salarios, para llevarlos a la canasta familiar, se vuelve un imperativo. Al mismo tiempo, la reducción de la jornada laboral es una condición para el aumento del empleo, especialmente el juvenil.

La apertura de los libros contables de bancos y empresas, la estatización de la banca y de toda empresa que cierre o despida, bajo control obrero, son condiciones para que los trabajadores tomen en sus manos el funcionamiento de las empresas.

En sintonía, el aumento del presupuesto estatal volcado a vivienda, educación y salud, implica priorizar a los intereses de las familias obreras, por sobre el pago de la deuda y de las ganancias de la burguesía.

Es preciso, por tanto, desarrollar un programa cuyo objetivo estratégico sea transformar las relaciones sociales de producción, que imponga las condiciones necesarias para que los beneficios del trabajo no sean confiscados por la burguesía, que reorganice la economía sobre bases socialistas.