La resolución de postergar el paro general para el 22 de agosto responde a la continuidad de una política de contención y fragmentación de las luchas obreras, que vienen desarrollado las direcciones oficialistas del PIT-CNT, expresada en una negativa a un plan de lucha que unifique los conflictos por presupuesto y consejos de salario, así como al carácter tardío y aislado de las medidas adoptadas hasta el momento.
El objetivo de esta orientación consiste en darle margen político y paz social al gobierno para pasar el ajuste en la rendición de cuentas y el ataque al salario. Mientras sus agentes en el movimiento sindical imponen este rumbo de derrota y desmovilización, todos los sectores políticos del FA se preparan para aprobar, nuevamente, un presupuesto que desfinancia la educación y la salud pública avanza en las privatizaciones y el fortalecimiento del aparato represivo; mientras aumenta los subsidios a los capitalistas y el botín de los acreedores internacionales mediante el pago de la deuda. A pesar de las críticas aisladas y los circos disputistas, todos los sectores que integran la coalición están alineados detrás de la política de Astori, es decir la del FMI y el gran capital.
Al mismo tiempo, las patronales se encuentran en una ofensiva contra el trabajo y el salario, impulsando reformas laborales precarizadoras y recorte de conquistas obreras. A los cierres de empresas y las reestructuras internas se le suman el aumento de la jornada y la flexibilización laboral. El gobierno es cómplice y garante de este ataque: subsidia y exonera de impuestos al gran capital, permite los despidos y cierres que han llevado a la destrucción de casi 50.000 puestos de trabajo (según cifras oficiales) en los últimos cuatro años, mientras que establece pautas salariales a la baja y muy inferiores a la inflación. A la política del desempleo hay que contraponerle la prohibición de los despidos, la estatización y el control obrero de toda empresa que cierre, la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas entre los trabajadores ocupados y desocupados.
El salario de $16.500 que reivindican la mayoría en la dirección del PIT-CNT apenas tiene diferencia con lo impulsado desde el gobierno, no alcanza a cubrir un cuarto de la canasta familiar y bloquea la posibilidad de unir la lucha por aumento general de salarios. Necesitamos una plataforma de salida: en lo inmediato un salario mínimo equivalente al costo de la media canasta familiar, que se ajuste inmediatamente al aumento de la inflación, la eliminación de todos los impuestos al salario y su sustitución por impuestos progresivos al gran capital.
En defensa de su política anti obrera, el gobierno aprueba y utiliza decretos que limitan y reprimen el derecho de huelga y los métodos de lucha del pueblo trabajador, garantizados por la policía, como demuestra el caso de Bimbo y la represión a los piquetes obreros. Es parte de una política general de fortalecer el aparato represivo contra el pueblo para defender a toda costa los intereses de los patrones y los banqueros. La agenda de profundización represiva que promueve la derecha esta siendo aplicada por el gobierno del FA.
En este cuadro político tendrá lugar la preparación de los trabajadores y sus organizaciones hacia el paro del 22 de agosto. La potencialidad de las fuerzas obreras y populares para enfrentar y derrotar la ofensiva capitalista debe organizarse y expresarse a través un plan de lucha contra el ajuste y sus responsables políticos, que unifique todos los conflictos por salario, trabajo y presupuesto. En este sentido, la tarea inmediata de los sectores combativos e independientes en el movimiento sindical es transformar la jornada del 22 en un paro general activo, con una gran movilización y un acto que denuncie a los responsables políticos del ajuste donde tengan oratoria los sindicatos en lucha.
En amplios sectores del movimiento obrero se ha ido desarrollando la conciencia de que el gobierno defiende los intereses del gran capital contra el pueblo trabajador. El congreso del Pit-CNT dio cuenta de ese debate estratégico instalado en el seno del movimiento obrero. La burocracia sindical oficialista tiene la tarea de garantizar la gobernabilidad para el ataque del gobierno y las patronales contra los trabajadores. La defensa de la tesis de un “bloque social y político de los cambios” no es más que la justificación de esta política de subordinación de los sindicatos a la política del gobierno. La situación política en América Latina deja de manifiesto que todos los gobiernos capitalistas, derechistas y “progresistas”, están comprometidos con la misma agenda de ataque estratégico contra el pueblo trabajador.
Como conclusión de esto, queda de manifiesto que la oposición para derrotar esta política no vendrá del interior de los partidos que gobernaron el continente durante la última década en defensa de los mismos intereses, sino del seno de la clase obrera organizada y de su capacidad de movilización política. La lucha por nuevas direcciones clasistas e independientes para el PIT-CNT debe estar regida, en lo inmediato, por el reagrupamiento detrás del impulso consecuente de un plan de lucha para derrotar el ajuste. Al mismo tiempo, la izquierda obrera y el clasismo solo puede dar una salida en función de los intereses populares, a través de orientarse con la perspectiva estratégica de desenvolver una oposición política a los partidos del ajuste.
