Luego de la crisis política en torno a la renuncia de Sendic, el capital financiero brindó un apoyo unánime al gobierno. Un aspecto medular de este apoyo lo constituye el respaldo de la calificadora de riesgo Fitch (y semanas atrás de Moody’s) que mantuvo la deuda pública en grado inversor, en momentos en que el gobierno emitirá nuevos bonos para refinanciar los vencimientos de deuda de este año. Es una apuesta a garantizar la gobernabilidad de Vázquez.
Rescate y contradicciones
La culminación de la aprobación de la Rendición de Cuentas en el Senado, terminó de sellar el presupuesto de ajuste que garantiza los 3.000 millones de dólares de intereses para los acreedores internacionales y otros 2.000 millones en subsidios para los exportadores, principal origen del déficit fiscal. Se trata de una operación, exitosa por el momento, de rescate al capital en crisis que deberá enfrentar en lo sucesivo las contradicciones de ese rescate. Esta operación ha disparado la deuda pública a unos U$S 40.000 millones, un enorme hipoteca para el Estado, que se suma al fuerte endeudamiento de las empresas en el agro e industriales. Este endeudamiento es un factor potencial de crisis pues condiciona toda la política económica.
Mientras se asiste a un quiebre industrial y cierre de empresas, las inversiones extranjeras han ido a parar a la especulación con la deuda pública. De este modo, la acumulación de capital, en Uruguay, se desarrolla por la vía del endeudamiento y no de reinversión de utilidades.
En este cuadro, la futura mega inversión de UPM exige como contrapartida que el Estado asuma una hipoteca de U$S 1.000 millones, condicionando la capacidad futura de pago del propio Estado. La reciente renuncia de Masoller -negociador con UPM- del MEF expresa estas contradicciones; la exigencia de UPM que incrementaría el déficit fiscal se enfrenta a la de los acreedores de la deuda pública.
En este punto, el contenido de la división en el gobierno y el FA es en torno hacia que fracción del capital se dirige la sangría de los recursos públicos. Lo esencial del problema es que las salidas a la crisis que proponen Vázquez y el FA conducen a la entrega de los recursos naturales a las grandes multinacionales y a la bancarrota del Estado.
En oposición a estas variantes de sometimiento al capital financiero y al neo-colonialismo, planteamos la expropiación de UPM y el gran latifundio, la suspensión del pago de la deuda externa y el fin de los subsidios al capital.
Quién lidera el ajuste
De conjunto, el gobierno enfrenta contradicciones que superan los planes oficiales. El núcleo se encuentra en los giros de la crisis mundial que, por ejemplo, puede en breve encarecer el financiamiento internacional con una deuda pública enorme, desplomar los precios de las materias primas sea por el estallido de la crisis financiera en China o una menor demanda de ese país, o una apreciación internacional del dólar. En cualquier escenario, la burguesía -en todas sus variantes- pide el pasaje del ‘ajuste en cuotas’ a una ofensiva general contra los trabajadores, lo que se traduce en la necesidad de un viraje político.
En este escenario, el gobierno del FA parece afirmarse políticamente para liderar la etapa de transición, encolumnando a las distintas fracciones de las clases capitalistas y reforzando la subordinación de las distintas variantes de dirección del PIT-CNT. En contraste, la principal oposición patronal, el Partido Nacional, carece de una agenda propia, de iniciativas políticas y se divide. Las denuncias por corrupción de Bascou (del agrupamiento de Larrañaga) en Soriano señalan un cuadro de corrupción y descomposición del Partido Nacional (y de todo el régimen político). Mientras en el continente las variantes derechistas de Temer o Macri se afirman en sus planes de ajuste contra la clase obrera para viabilizar las inversiones, en Uruguay esa tarea se encuentra en manos de Vázquez y el FA.
Para que el desenlace de la quiebra del capital no lo paguen los trabajadores, el resumen de las alternativas políticas en juego exige que sean los trabajadores quienes lideren el ajuste contra las clases poseedoras. La construcción de una alternativa política propia, independiente del Estado y los partidos patronales, es la condición para preparar este camino.
Movimiento obrero
En este cuadro, un reciente documento aprobado por la cúpula del PIT-CNT trazó la estrategia de cerrar filas detrás del gobierno contra el “ascenso de la derecha” y la “restauración conservadora”. Se trata de un operativo de chantaje hacia el movimiento obrero para dejar pasar el ajuste, las privatizaciones y los despidos. Bajo la misma consideración de ‘defender la negociación colectiva’ contra el avance derechista se apresuraron a sellar la paz sindical con UPM.
En contraste a esta política se encuentra la enorme lucha de los trabajadores del Brou contra la “bancarización”, el achique privatizador y la defensa de los puestos de trabajo con un programa que impulsa la nacionalización de la banca bajo control de los trabajadores, la cual debe ser parte de una reorganización social de conjunto. Esta batalla señala un camino para todo el movimiento obrero y plantea la lucha por nuevas direcciones clasistas e independientes para el PIT-CNT.
