Los desafíos de la radicalización de masas
El 19 de julio se cumplieron 39 años del derrocamiento de los Somoza en Nicaragua, por una insurrección popular que tuvo a su frente al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hoy, el gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosana Murillo, es evidente que ha traicionado las expectativas revolucionarias y se ha transformado en actor central de la postración nacional ante el FMI y el gran capital, de los planes de ‘ajuste’ y de la represión sangrienta para sostenerlos. Desde el 18 de abril, el gobierno sandinista enfrenta una rebelión popular que lleva cerca de 400 muertos, miles de heridos y centenares de presos y ‘desaparecidos’. Sobrepasadas las fuerzas policiales (muchas de las cuales han desertado para no reprimir al pueblo), el presidente Ortega ha organizado bandas de mercenarios parapoliciales que son los que llevan adelante el ataque central a las barricadas.
El sábado fue desalojada la Universidad con varios muertos.
Uno de los centros principales de la rebelión popular es la ciudad de Masaya, particularmente la barriada, mayoritariamente indígena de Monimbó, a la que se intentó desalojar de tranques y barricadas a través de la acción de 600 parapoliciales hace un mes. En aquella oportunidad, tuvieron que retroceder, ante la fuerte resistencia del pueblo alzado con armas rudimentarias (hondas, morteros caseros, etc.). Ahora, Ortega ha logrado recuperarla: más de 1000 efectivos en su mayoría irregulares parapoliciales, encapuchados, organizados en grupos de tareas, a bordo de camionetas cero kilómetro, con armas pesadas de primera generación, han rodeado la ciudad, sometiéndola a un bloqueo de entradas y salidas. Esta madrugada del miércoles, después de 7 horas de bombardeo, particularmente contra Monimbó, los orteguistas ocuparon la zona. Los jóvenes resolvieron retirarse en la oscuridad ante la desigualdad del armamento, para no ser víctimas de una carnicería. Sin poder entrar a Masaya, se habla de tres nuevos muertos.
Esta semana el Congreso dirigido por Ortega, sacó dos leyes: una, antisubversiva que puede terminar con penas de 15 a 20 años a los que participen en protestas populares y otra, de control de lavado de dinero. Bajo esa nueva ley, el gobierno de Nicaragua procesó a los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, a pesar de que fueron capturados antes de su aprobación. La del ‘lavado de dinero’ es para chantajear a la burguesía que fuga libremente sus capitales y obligarla a apoyar al régimen en crisis.
Con la caída de Masaya, el régimen orteguista canta victoria, declara aplastada la sublevación e intentara presentarse como garantía de estabilidad institucional.
Nada más alejado de la realidad.
La polarización popular contra el gobierno ha crecido sistemáticamente en cantidad y radicalización. El jefe de la bancada sandinista en el parlamento nicaragüense, Edwin Castro, fue expulsado de un supermercado por los clientes, que le gritaron “asesino, degenerado, genocida”.
La mesa de “diálogo” instrumentada por la Iglesia Católica ha sido utilizada por Ortega como cortina de humo para formar los grupos de tareas y armarlos hasta los dientes. La propuesta negociada con la ‘embajada’ yanqui y avalada por la “Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia” (ACJD) dirigida por las cámaras patronales, planteaba el adelantamiento de las elecciones para entre 9 y 14 meses (marzo-agosto del 2019) convocadas con Ortega en el poder. Se trata de armar una salida de ‘consenso’ y ‘continuista’ que preserve al orteguismo y sus negocios, aun sin la figura directa de Ortega. Lo que está claro, tanto para Ortega, como para la ‘oposición’ hoy democrática, hasta hace tres meses, apoyatura y socia del régimen, es que hay que evitar que se produzca una nueva revolución como en 1979.
Por eso se trata de impedir que la situación evolucione hacia la Huelga General (base de la cual partió la insurrección en 1979). Esa es la preocupación principal del imperialismo y de las burguesías centroamericanas. El estallido de la rebelión en Haití contra el aumento de los combustibles reclamado por el FMI, la revuelta en Panamá contra los tarifazos, la tensión en Puerto Rico, etc., marcan que Centroámerica y América Latina se están transformando en un polvorín, bajo el acicate de la crisis capitalista mundial.
En la lucha por organizar la huelga general se plantea recuperar y/o poner en pie sindicatos independientes (hoy atomizados y regimentados por Ortega) y partidos políticos independientes y socialistas, que tengan por norte la lucha por instaurar un Gobierno de los Trabajadores. Así la clase obrera será un factor autónomo y revolucionario en el proceso nicaragüense. Porque no cabe duda: en Nicaragua se plantea la necesidad de una nueva revolución.
