Lacalle Pou atiende al capital con el apoyo del Frente Amplio

A medida que pasan las semanas algo va quedando claro: un obstáculo fundamental para afrontar la crisis económica, social y sanitaria es la propia política del gobierno nacional. Bajo la idea de que “los motores económicos no se apaguen”, Lacalle Pou fue delineando desde el comienzo una orientación comparable a la de Bolsonaro, Trump o Boris Johnson.

Bajo la presión de la clase capitalista avanzó en ese camino, esta semana, de cara a una “normalización” de la economía y la vida social, instando a la vuelta a clases en el medio rural a partir del 22 de abril, el regreso al trabajo de 45.000 obreros de la construcción el próximo lunes o el próximo envío de la Ley de Urgente Consideración al parlamento.

Mientras la Organización Mundial de la Salud o el Sindicato Médico del Uruguay recomiendan la cuarentena obligatoria, test masivos en barrios y lugares de trabajo, y protocolos estrictos en los servicios esenciales (producción de alimentos, distribución, comercialización, salud), el gobierno ignora todas las prevenciones sanitarias en nombre de que no se apague la ganancia capitalista. Sigue, en este terreno, el libreto según el cual sería peor una crisis económica que cientos de miles de muertos. Como Inglaterra o EEUU, el lobby empresarial fuerza en dirección de una vuelta rápida al trabajo. La consecuencia es que ambos países se han transformado en el epicentro de los contagios y las muertes por Covid-19.

Los envíos al seguro de paro han sobrepasado los 100.000 trabajadores ¡entre ellos más de 900 trabajadores de la salud privada!. Miles de cuentapropistas, tercerizados y trabajadores precarizados en general han sido despedidos. Con el detenimiento económico, los más de 400 mil trabajadores de la economía informal han visto evaporarse su fuente de ingresos. Esta situación da cuenta de que la gestación de la precarización del trabajo no surgió en marzo de 2020, sino que precede a la pandemia. Por otra parte, el otro foco de urgente consideración es la precaria situación de hospitales, falta de personal disponible y de infraestructura para hacer frente a la pandemia (test, respiradores, etc.), luego de años vaciamiento presupuestal.

¿Quién paga?

Las medidas económicas adoptadas en la gestión de la crisis no contemplan atender estas emergencias, sino que revelan un inocultable carácter de clase. El concepto que transmitió Lacalle Pou fue claro: “Gravar el capital es amputar la posibilidad de los que van a hacer fuerza en la salida de la crisis, así que no lo vamos a hacer”. Es decir que lo que sí lo va a lograr es la liquidación del salario y los ingresos de la clase trabajadora.

Apenas unos días antes, el gobierno había enviado al parlamento un proyecto para la creación de un fondo Coronavirus que se nutre de los aportes de los empleados públicos, jubilados y pensionistas, ganancias del Banco de la República, la Corporación Nacional para el Desarrollo y préstamos de organismo internacionales. El fondo, creado a partir de un ajuste contra los trabajadores y jubilados contaría con 400 millones de dólares. El texto fue aprobado de forma unánime, esto es, con el apoyo del Frente Amplio, que delineó una política de tregua y “unidad nacional”. Entre otras medidas, se redujo el encaje de los bancos en el Bcu con el objetivo de habilitar circulante para ampliar los créditos -se trata de una inyección de circulante a la banca privada.

Se ha puesto en evidencia¹ que un impuesto a los dueños de la tierra, los grandes capitales de la industria, el comercio, la energía o la banca podría aportar para la creación de un fondo que atienda la emergencia sanitaria y garantice una renta equivalente al costo de la canasta familiar para los trabajadores perjudicados por la crisis. A vía de ejemplo, las ganancias de UPM equivalen a U$S 400 millones de dólares anuales, los bancos extranjeros tuvieron ganancias por U$S 500 millones de dólares en 2019, los terratenientes agrarios² se apropian de U$S1.500 millones anuales, las grandes superficies de supermercados superaron los U$S 600 millones de dólares anuales y el sector energético privado facturó U$S413 millones en 2019. En tanto, la erogación estatal por concepto de la deuda pública se estima en U$S 3.973 millones³ en 2020. La lista podría seguir…

A este cuadro debe agregarse la devaluación del peso, que acumula un 34 por ciento en lo que va del año, cuyos impactos son conocidos: los exportadores aumentan significativamente su poder de compra en pesos, al tiempo que los sectores que transan en pesos se empobrecen, dado el encarecimiento de bienes de consumo e insumos. De este modo, la devaluación supone, en lo inmediato, una redistribución del ingreso en la que ganan los exportadores y pierden los trabajadores. Lo único que se achata es la curva del poder adquisitivo.

Bien mirado, el problema pasa por afrontar la crisis a partir de un impuesto general a las grandes fortunas, ganancias y dividendos; el cese del pago de amortizaciones y préstamos de la deuda pública para constituir un fondo público que aplique recursos al sistema de salud y sostenga el consumo de la clase trabajadora.

Los trabajadores

La reciente huelga de los obreros de la carne para garantizar los protocolos de salud, el rechazo de docentes de primaria a la vuelta clases, la deliberación de los trabajadores de la construcción sobre la vuelta al trabajo o los cientos de ollas populares creadas en estas semanas muestran que la preservación de la salud solo puede ser garantizada por la iniciativa y acción de la clase obrera organizada.

Las iniciativa de responder a la emergencia sanitaria, en todos los sectores económicos, estuvieron precedidas por la iniciativa de los trabajadores. Los sindicatos del correo, de UTE (energía estatal), OSE (obras sanitarias del estado), la unión ferroviaria o Adeom, tuvieron que empezar a paralizar los sectores para lograr el aislamiento, el trabajo a distancia o determinados protocolos mínimo de seguridad para los sectores esenciales y con trabajo presencial. También en la construcción y la carne tuvieron que empezar con la paralización para arrancar los protocolos.

El programa y plan de acción parte de exigir la cuarentena de la población, asegurando el cierre de toda actividad económica no indispensable, garantizando el 100% de los salarios. El combate a la epidemia plantea de una acción centralizada que coloque todos los recursos económicos, materiales y humanos, de la nación al servicio del tratamiento del contagio, garantizando la seguridad alimentaria y de salud de la población, lo que exige en primer lugar la estatización y centralización de hospitales y la salud pública y privada. Parte de la industria debe ser reconvertida para la fabricación en gran escala de respiradores mecánicos, productos de esterilización, equipamientos de protección individual y colectiva, distribuidos gratuitamente a la población. La posibilidad de la centralización de todas las operaciones del sistema financiero puede ser asumida por el Bcu y sus trabajadores, asegurando el pago de los salarios, la continuidad de la cadena de pagos y actividades productivas, a cuenta de los grandes capitales.

A los trabajadores de la “primera línea” de hospitales, supermercados, fábricas esenciales de alimentación -pero también las cárceles e institutos de atención social- deben garantizarse los test masivos y protocolos estrictos, bajo supervisión y control de las comisiones obreras de salud e higiene. La reducción de jornada laboral a 6 horas y el establecimiento de un cuarto turno de trabajo es una necesidad para garantizar la “distancia social”.

Mientras la clase capitalista se orienta en función de la economía política del beneficio privado, la economía política de la clase obrera se rige por el principio que contempla la vida y la salud públicas. Más que apagar los motores de la economía capitalista, exige reorganizarla sobre nuevas bases sociales.