En momentos en que la economía nacional entra en una crisis imparable, el gobierno y el FA han pactado un ajuste fiscal de salvataje a la banca internacional y los grandes monopolios. Las inversiones de capital se han derrumbado un 25%, el déficit fiscal y comercial continúan en caída libre, al igual que el consumo, síntomas de que entramos en una etapa económica recesiva. Como agregado, la salida británica de la Unión Europea tendrá un impacto violento a nivel mundial y en América Latina en particular. La supuesta salida de la recesión a través de un TLC con Europa se ha desplomado con la crisis de la Unión Europa ante el Brexit.
El reajuste del ajuste y crisis de deuda
La agencia calificadora de deuda Standar’s and Poor -y ahora Moody’s- llamó a profundizar el ajuste fiscal para mantener el grado inversor, un reclamo de todo el capital financiero que ponen en cuestión lo insuficiente del ajuste actual para recuperar la rentabilidad del capital y mantener el pago de la deuda -una exigencia similar fue realizada a Dilma Rousseff en 2015. El gobierno se comprometió a tomar nuevas medidas de ajuste ante el capital financiero frente a la crisis (El Pais, 24/6), la actual se trata de la primera dosis. Los Bordaberry y Lacalle Pou se alinean con esta orientación, proponen profundizar el recorte sobre el gasto social en educación, salud y vivienda.
La política de ajuste fiscal comenzó desde el día uno del gobierno de Vázquez con recortes a las inversiones públicas, salarios de funcionarios estatales y tarifazos en cientos de millones de dólares; por el contrario, los pagos de intereses de deuda se han incrementado notablemente. Mientras la recaudación del Estado cae, durante este año se deberán pagar casi 7.000 millones de dólares de deuda, en un cuadro de posible pérdida del grado inversor que elevará las tasas de interés de manera astronómica en las operaciones de canje de deuda. Uruguay entra el circuito de la crisis de deuda y la bancarrota estatal que sacude América Latina.
La política de la burguesía para pilotear la crisis es un ataque violento al salario y las condiciones de trabajo del conjunto de la clase obrera. Es lo que expresa el reajuste actual del ajuste presupuestal votado el año pasado, cuyo significado político es el rescate del Estado al capital en crisis. Lo expresa también las pautas del gobierno para que los sindicatos firmen convenios salariales a la baja, en un escenario de incremento de los despidos y envíos al seguro de paro. Esta orientación no hace más que profundizar la recesión en curso, con el objetivo de operar una transferencia de ingresos del trabajo al capital.
Keynesianismo y rescate
De cara al debate sobre la rendición de cuentas, el Partido Comunista, MPP, PVP y sectores del PS proponen medidas para garantizar el “equilibrio fiscal” y “enfrentar el impacto de la crisis capitalista” mediante la adopción de políticas estatales contra cíclicas que implican un mayor intervencionismo estatal, aumentando la inversión pública, impulsando el mercado interno y el aumento de los salarios y gravando más al capital. Estas medidas serían en oposición a las llamadas “políticas neoliberales” de ajuste del astorismo. Bajo esta caracterización la crisis capitalista se transforma en un problema de distribución, es decir, una crisis de proporcionalidad entre las ramas que producen para la producción y aquellas que lo hacen para el consumo personal. Un desequilibrio de este tipo, podría ser corregido por una expansión de la demanda (inversión pública, aumento de salarios). Sin embargo, la perspectiva keynesiana que inspira estos planteos no propone redistribuir los ingresos, ni atenuar la explotación del trabajo, sino que plantea que el Estado se haga cargo, mediante el gasto público, del bache que provoca el estancamiento capitalista y la fuga de inversiones en curso. Se trata de movilizar, con recursos públicos, la inversión privada que se encuentra paralizada; es decir, de elevar la caída de la tasa de rentabilidad del capital.
El planteo de la izquierda keynesiana no cuestiona el crecimiento del endeudamiento público y el pago de la deuda externa, ni terminar con los subsidios y exoneraciones al capital, ni los impuestos al salario. Es decir, que la ‘distribución de la riqueza’ es un verso. Se trata de una política de rescate estatal al capital contra los trabajadores, cuya intervención tiene como objetivo sostener la acumulación capitalista. Bajo el peso de un endeudamiento fenomenal, en los últimos nueve años de desarrollo de la crisis mundial, esta política ha resultado en la quiebra de quién debería socorrer y a un derrumbe del sistema financiero y del mercado mundial, como ocurre en los países de Europa, en los Estados Unidos y, ahora, en América Latina. Esta política terminó por darle un nuevo impulso a la bancarrota y a la emergencia de enormes crisis políticas. En Uruguay, el Estado y la economía nacional se deslizan por ese abismo. La crisis internacional ha puesto al desnudo las limitaciones insalvables de la intervención del Estado para operar como salida a la crisis.
Próximas luchas y alternativa
Los paros y movilizaciones del PIT-CNT y los sindicatos para las próximas semanas tienen un significado político que se les escapa a las direcciones sindicales. Serán un pronunciamiento político de la clase obrera y el movimiento popular contra el ajuste del gobierno y la derecha. El paro sin embargo, se plantea con un programa que vuelve sobre una salida keynesiana. Desde el Partido de los Trabajadores llamamos a transformar estas jornadas de lucha en un plebiscito político contra el ajuste, en un canal de movilización para que los trabajadores desarrollen una alternativa política propia frente a la crisis en curso, mediante un programa de salida a la crisis capitalista. Contra el ajuste del gobierno, señalamos: No al pago de la deuda usuraria, nacionalización de la banca y el comercio exterior bajo control de los trabajadores, como punto de partida hacia una transición de la gestión de la economía por parte de la clase obrera para desarrollar la planificación del desarrollo nacional. Salario mínimo igual a $32.000, indexado al aumento del costo de vida; eliminación del IRPF y todo impuesto al salario; terminemos con las tercerizaciones, privatizaciones y la precarización laboral.
