La confirmación de la candidatura de Oscar Andrade suma un nuevo elemento al fragmentado cuadro electoral (y político) del oficialismo. La integración del PCU al Estado, a través de la ocupación de cargos ejecutivos, tiene larga data y en este sentido no significa una novedad. El partido al que pertenece Andrade ha ocupado varios ministerios en los tres gobiernos del FA (incluyendo a Castillo en el Ministerio de Trabajo) y hasta puso a Ana Olivera como Intendenta de Montevideo. A través de esta experiencia, han demostrado ser férreos defensores de la política capitalista del FA y han acudido a la represión contra el movimiento obrero, echando mano en más
de una oportunidad al recurso de esencialidad y a la prohibición de ocupaciones. En términos de candidaturas presidenciales, tampoco es una novedad la existencia de sectores minoritarios que ofician de colectoras de votos para el FA, cuyo objetivo es bloquear la ruptura por izquierda y la emigración de votos. En las elecciones pasadas, este papel lo desempeñó Constanza Moreira y el armado electoral Casa Grande, que no sobrevivió a las elecciones y que acompañó sin oposición las lineas estratégicas del gobierno de Vazquez. En este sentido, la candidatura de Andrade tampoco significa una novedad.
Un recurso de excepción
¿Dónde radica lo nuevo? En que el lanzamiento de Andrade expresa una situación política diferente a la que respondía la candidatura de Moreira. Su utilización por parte del PCU, representa un recurso político excepcional que da cuenta del creciente protagonismo del movimiento obrero en la
escena nacional y de la transición que atraviesan los sindicatos con relación al gobierno y a la burocracia oficialista. Es parte de la reacción del Partido Comunista al cuadro político de “divorcio” entre el FA y los movimientos sociales, en palabras del dirigente del SUNCA.
En el movimiento obrero, este divorcio se expresó en la huelga docente del 2015 y su consiguiente represión, en la lucha de los ferroviarios, en la conquista de direcciones sindicales por parte de sectores ajenos al oficialismo, en los posicionamientos de FENAPES y ADEOM frente al gobierno, en el aumento de la conflictividad y los paros generales y en el impasse crítico que atraviesan los consejos de salario. En este cuadro, no hay espacio para la candidatura de Astori.
La precandidatura de Andrade se inscribe en la misma orientación que la integración de la Corriente Gerardo Cuestas en el PIT CNT, a través de la cual el PCU cerró filas con el resto del oficialismo para salvaguardar la política de subordinación al gobierno, así como la elección de Castillo a la
Secretaria del PC, representando el triunfo de su ala integrada al Estado. Este reacomodo ha sido acompañado del abandono de la estrategia de “disputar el gobierno por izquierda”, para sustituirlo por la defensa sin fisuras del Frente Amplio detrás de la tesis del “bloque social y político de los cambios” y los “dos proyectos de país”.
Se trata de un recurso de bisagra con el movimiento obrero y con los “movimientos sociales”, que se coloca en los discursos como el representante de los militantes que no están integrados al Estado.
Su objetivo político explícito es cerrar la “grieta”, funcionando como rastrillo de votos por izquierda para Martínez o Cosse. Esta precandidatura no se coloca como una oposición a la orientación capitalista que domina el FA. Son agentes y articuladores de la orientación de chantaje que puede resumirse en “Macri o el Frente Amplio”, que busca ocultar que en nuestro país es el propio FA el que lleva adelante el programa del gran capital de endeudamiento, privatización, ataque al salario y al trabajo y realineamiento con el imperialismo en política internacional.
El programa
Al mismo tiempo que el PCU confirmaba la candidatura de Andrade, una nota de El Popular, curiosamente titulada “Economía y lucha de clases”, tiene la virtud de aportar claridad al debate programático. En relación al problema del dólar y la devaluación, el artículo afirma que “las medidas no deben ser aumentos generales del tipo de cambio sino específicas para cada sector, atendiendo a aquellos que realmente lo necesite para tener ganancias razonables y para que no se pierdan empleos”. Esto no es una novedad, el año pasado Abdala ya se había mostrado (en nombre del Secretariado del PIT CNT) como defensor de una devaluación para “mejorar la competitividad” de los empresarios. En relación al salario, el mismo artículo afirma que “el planteo es no perder salario real, no subas desmesuradas que impacten en la competitividad de las empresas y pongan en riesgo empleos”. Para el PCU, son los capitalistas los que pueden crear empleos, cuando el cuadro actual de cierres de empresas, despidos y suspensiones deja en evidencia que son los principales destructores del trabajo y el salario de los obreros, para lo cual han contado con el beneplácito del gobierno, que garantiza incentivos fiscales y préstamos a los vaciadores. Su programa para enfrentar la crisis consiste en un aumento de los subsidios a determinados sectores de la clase capitalistas y en permitir el ataque al salario en defensa de las “ganancias razonables” de los empresarios. El cuadro se completa con medidas “contracíclicas” y un control de cambios en términos netamente capitalistas, prescindiendo de la nacionalización de la banca y el comercio exterior. El programa que presenta el PCU se toca en muchos puntos con las exigencias de las Camaras Patronales al gobierno, porque para ambos se trata de defender la “competitividad” y la “ganancia empresarial”. Pero este programa, que se apoya en utilizar las finanzas del Estado para amortiguar y apuntalar determinados sectores capitalistas, choca con el cuadro de endeudamiento crónico de la economía nacional y con la orientación actual del Frente Amplio de priorizar los intereses del capital financiero y de los grandes monopolios. ¿Que recursos se utilizarán para esta política cuando
las finanzas del Estado están comprometidas en el pago a los acreedores financieros y se dilapidan de a millones en el mantenimiento del dólar?
El programa no son solo enunciados de propaganda: en la práctica, el PCU se ha subordinado a la orientación económica del Astorismo, votando sucesivamente las Rendiciones de Cuentas (lo cual le tocó hacer al propio Andrade) y las privatizaciones. El programa de gobierno del PCU es, como
mucho, el de un sector de la clase capitalista golpeada por la crisis, mas no el de los trabajadores.
Un programa que defienda integralmente una política de industrialización y obras públicas, de creación de empleos y de aumento general de salarios, solo puede ser llevado adelante rompiendo con el capital financiero, suspendiendo el pago de la deuda externa, concentrando el ahorro nacional
a través de una banca única nacional y del control del comercio exterior, garantizando el control obrero de la economía.
Candidatos obreros
Andrade se presenta bajo este programa y esta experiencia, por lo cual, a pesar de su extracción social y de su militancia sindical, no constituye una candidatura de los obreros, sino un candidato de los capitalistas extraído de la burocracia sindical, como recurso para que los trabajadores sigan votando a los partidos del régimen. Frente a este recurso, el movimiento obrero debe tener candidatos propios , con un programa obrero y socialista, para contraponer al de la burocracia sindical integrada al Estado. El movimiento obrero no debe quedar encerrado en el chantaje de los “dos proyectos de país”: el Frente Amplio y la oposición patronal están comprometidos en un mismo proyecto para que la crisis la paguen los trabajadores.
Se trata de impulsar la movilización social, de los trabajadores y la juventud, pero no en defensa del “proyecto político” del Frente Amplio, sino en una movilización independiente de los banqueros, los patrones y sus partidos. Se trata de concretar el “divorcio” entre el gobierno y los movimientos sociales, que deben tener su propia expresión política para estas elecciones.
Martín Girona
