El hecho de que la lucha contra la Reforma Previsional -en reflujo, con su aprobación fue postergada por el Senado- y la lucha contra los ataques a la educación y la investigación públicas no hayan evolucionado hacia un combate común, mientras la huelga de los correos, fuerte y decidida, se desenvuelve en el aislamiento, no implica un fortalecimiento del proyecto bonapartista/personalista del clan miliciano en el gobierno.
“El bolsonarismo como movimiento político está en reflujo, y Bolsonaro intenta compensar esto con golpe de Estado y uso de la máquina (política)”, señaló Celso de Rocha Barros (Folha de São Paulo, 16/9).
El índice de impopularidad del gobierno -el 38% lo considera “malo o pésimo” (44% declaran, además, que “nunca confían” en el presidente)- es inédito para un gobierno en su primer año de mandato. Los intentos de centralización del poder, que van desde el inédito nombramiento de un Fiscal General de la República ignorando la lista de nombres indicados por la asociación (de procuradores), hasta la insistencia en nombrar a su retoño miliciano para la embajada en Washington, pasando por la descalificación pública y poco elegante de sus competidores políticos potenciales en su propio campo político (El “ingenuo” Moro, ministro de Justicia, el “chúcaro” Guedes, de Economia, y hasta el “eyaculación precoz” Doria, gobernador de San Pablo), muestran un “bolsonarismo” cada vez más reducido a una clique, y fisuras cada vez más evidentes en el precario frente político que le permitió obtener casi el 60% de los votos a fines del 2018.
Comparemos ese 60% con los de menos de 30% del electorado que, según las encuestas, continúan apoyando al gobierno y tendremos el cuadro de dislocación de “sectores fluctuantes”, especialmente de “clase media” (pequeña burguesía) para una potencial oposición política, con consecuencias explosivas no sólo para el gobierno, sino para el régimen político como un todo. El despido de Marcos Cintra de la conducción de la Receita Federal (equivalente a la DGI argentina), un cargo estratégico, después de su desastroso intento de reintroducir una versión ‘aggiornata’ de la CPMF (contribución provisoria sobre movimientos financieros), se evidencia así como mucho más que un episodio anecdótico o una alteración del segundo escalón (del gobierno): ella es, en primer lugar, un indicio de la ausencia de rumbo del gobierno en materia económica, o sea, en lo que refiere a la bomba de tiempo en la cual está sentado. Según Reinaldo Azevedo,
“Marcos Cintra cayó porque no consiguió sacar de las manos de Sérgio Moro y de la Lava- Jato el control de sectores de la Receita Federal” (Folha de São Paulo, 13/9),
o sea, en poner el sistema tributario, reformado (o mejor, recauchutado) al servicio de una recuperación económica 100% basada en el favorecimiento al gran capital financiero en primer lugar. Bolsonaro va a precisar de otro cuadro para la función:
“Cuando Bolsonaro dice y repite que quien manda es él (como en el caso del despido de Cintra), el destinatario del mensaje es Moro” (Estadão, 5/9),
lo que no deja de significar que, como comentó Vinicius Torres Freire (Folha de São Paulo, 12/9), “el degüello de la CPMF quiebra las piernas de Guedes”, cuya cabeza puesta a premio en caso de que la economía no muestre signos de recuperación en el período próximo inmediato.
Las medidas centrales del gobierno, además de las iniciativas disparatadas que buscan beneficiar a su ‘entourage’, son las que buscan mantener o profundizar la adhesión de la base política y social que decidió a su favor la verdadera disputa política (y sólo después político/electoral) de 2018: quién debería ser el candidato que enarbolase la bandera del anti-petismo y del “combate a la corrupción”, o sea, el gran capital y las Fuerzas Armadas.
El proyecto de presupuesto para 2020 prevé cortes pesados (y el inicio de una trayectoria destructiva) de los programas sociales, además de un ataque en regla a las bases económicas de los derechos universales (salud, educación, transporte, jubilaciones, previsión social). El “paquete del combate al desempleo” del gobierno, en fase de estudios, prevé la liberación de 65 mil millones de reales para las empresas, lo cual incluyendo la creación de una red de “agencias de trabajo” privadas – esto es, transformar el desempleo y la miseria en otro negocio capitalista. Y el mismo presupuesto que recorta salud, educación, jubilaciones y gastos sociales destina R$ 4.700 millones a los militares en beneficios instituidos en la Reforma Previsional. Bolsonaro bloqueó 36 puntos en los 19 artículos del proyecto parlamentario de la “ley de abusos de autoridad”, beneficiando básicamente a las fuerzas policiales. Esa es la cuestión central. El avance policial-militar corre por senderos paralelos: Moro y Bolsonaro se libran de una competencia, cada vez más acentuada (y reaccionaria), para mejor servirle. El primero ya anunció su intención de introducir alteraciones en el Código Penal que instituyen amplia licencia policial para matar. Como comenta Lincoln Secco (Le Monde Diplomatique, septiembre)
“los militares recuperaron fuerza política, con aumento de gastos y el comando del Ministerio de Defensa. Tales acontecimientos revelaron que el Partido Judicial estaba dejando el escenario después de haber sustraído el papel de los políticos profesionales. El vacío comienza a ser llenado por el Partido Militar”.
El problema es que la crisis política, motivada por el carácter heteróclito de la base social y política del gobierno, devolvió protagonismo a los tales “profesionales” de la política, encabezados por el presidente de la Cámara de Diputados Rodrigo Maia, que la red Globo (enemiga de la ofensiva del empresariado mediático/evangélico bolsonarista) viene promoviendo: Maia fue entrevistado amistosa y calurosamente por el presentador Bial (el más popular de la TV Globo, con programa propio) como no sucedió con Bolsonaro o cualquier otro político/funcionario del entorno del presidente; Bial incluso entrevistó (con evidente cariño) a un periodista autor de un libro que denuncia la carrera militar del ex capitán como un fraude con episodios “terroristas” (sic). Un periodista caracterizó que el “Papol” (Partido de la Policía) armó un alboroto en la Fiscalía General de la República haciendo renunciar a los procuradores vinculados a la Lava-Jato, para presionar a su futuro titular, un bolsonarista (no apoyado por la asociación de procuradores): “La operación le mandó un mensaje al propio Bolsonaro: ‘Cuidado, puede haber rebelión’” (Folha de São Paulo, 6/9).
Por ruidosos que sean, esos mini-escándalos no son nada puestos contra el telón de fondo de la crisis brasilera: la crisis económica (de base nacional, continental y mundial) que, si aún no está en el umbral del default como ocurre en la Argentina, evidencia los trazos de una decadencia sin salida capitalista en el horizonte. La celebrada (y casi nula) recuperación de la recaudación fiscal oculta que el saldo de transacciones corrientes en el primer semestre fue de -u$d 10.500 millones, un aumento del déficit corriente de u$d 2.000 millones en relación al mismo período del 2018, producido en medio de la bancarrota de Temer (- US$ 8 mil millones) (Informaciones Fipe, agosto).
En el cálculo sin piedad realizado por Delfim Netto (Folha de São Paulo, 4/9) la caída media del PBI per cápita en los últimos 5 años fue de 1,5% lo que incluye una reducción media de la productividad del trabajo del 1,1% anual (esto, más el aumento del desempleo). La cuota del producto y del presupuesto nacional consumida por el pago de la deuda pública (interna y externa) no para de crecer en términos absolutos y porcentuales. El excedente nacional cae, y es cada vez más devorado por los tiburones financieros. Solamente la clase obrera, apoyada por las mayorías populares puede poner fin a la sangría nacional mediante su propio gobierno. Cabe reorganizar y reconstruir a la izquierda brasileña en base a esa perspectiva, o dejar que suceda lo peor con variantes políticas de inferior importancia.
