El discurso alucinado (objetivamente homicida) del titular del Poder Ejecutivo de Brasil, el 24 de marzo, exigió el “retorno a la normalidad social” del país, ignorando todas las normas y prevenciones de salud universalmente reconocidas, con consecuencias potencialmente catastróficas debido a la pandemia de coronavirus, todo en nombre de “salvar la economía”, y la tentativa desordenada (mas no carente de bases políticas) de imponer una especie de poder de facto, situado por encima del Legislativo, el Poder Judicial e incluso, en parte, del propio Ejecutivo. Un “Jefe Supremo”, un Duce. Aprovechando la emergencia, la declaración de estado de sitio entró en la agenda política. Bolsonaro, además, exoneró a 30 generales bajo el mando de una tropa y nombró a un nuevo Jefe de Estado Mayor, Marcos Antônio Amaro dos Santos, quien fue Ministro Principal de la Casa Militar de Dilma Rousseff. La empresa de Bolsonaro reconoce un precedente (por lo tanto, una lógica política) en las movilizaciones, dirigidas al Congreso y al Poder Judicial, convocadas y apoyadas por el propio presidente el 15 de marzo. La intervención en la red nacional (cadena nacional) de Bolsonaro fue condenada por alcaldes, gobernadores, senadores y diputados (con la excepción de la bancada del PSL, el 10% del Congreso, que calificó el discurso ‘bolsomínia’ como “intervención estadista”), portavoces de los trabajadores de la salud, e incluso por sus órdenes profesionales (tradicionalmente conservadoras) que literalmente la llamaban “criminal”.
Uno de los escenarios oficiales previstos por Abin (documento nº 015/2020 – 23 de marzo de 2020) funciona con una proyección máxima de 5,571 muertes hasta el 6 de abril, mostrando a Brasil un comportamiento similar a las curvas epidémicas de Irán, Italia y China. La comparación de Abin de las curvas de crecimiento de 100 casos confirmados, Brasil x Europa, muestra un crecimiento similar de estas curvas en nuestro país y en Alemania, Italia, España, Francia y el Reino Unido. El informe de la agencia de inteligencia cita fuentes científicas: “Dos de cada tres infecciones del nuevo coronavirus fueron causadas por personas que no fueron diagnosticadas con el virus o que no tenían síntomas. Esto significa que las personas infectadas que se sienten sanas o tienen síntomas muy leves están propagando el virus sin darse cuenta, lo que representa un desafío importante para contener la pandemia. Los científicos dicen que lo más probable es que haya entre cinco y diez personas no diagnosticadas por cada caso confirmado. Las autoridades de Nueva York (EE. UU.) Solicitaron que todos los ciudadanos se comporten como si ya estuvieran expuestos al nuevo coronavirus ”. El ministro de Salud, Luiz Mandetta, quien inicialmente llamó al coronavirus “otra gripe”, anunció la probabilidad (quizás una certeza) de un colapso en el sistema de salud brasileño.
Las olas de protesta contra el presidente, con estridentes “Fuera Bolsonaro” dominando las voces, se escucharon en todas las capitales e incluso en ciudades medianas y pequeñas del país. Rede Globo actuó y actúa como una especie de portavoz de medios no oficial, si no oficial, de este heterogéneo conjunto. Curiosamente, o no tanto, ninguna de las entidades oficialmente protestantes, especialmente la Legislativa, abrió ninguna iniciativa institucional destinada a prevenir (destituir) a quienes se convirtieron en un peligro inminente e inmediato para la supervivencia de la población, especialmente los más pobres. Esta extraña pereza (o “prudencia”) contrasta con la velocidad con la que los legisladores (de casi todos los colores políticos) comenzaron a lidiar con medidas como la suspensión de contratos y la reducción de los salarios de los funcionarios públicos y privados, llegando hasta el 50% del ordenó, supuestamente contener los gastos del estado (en el caso de los servidores públicos), asignar más recursos para combatir la pandemia y “evitar el cierre de empresas”, achicando la nómina salarial.
Para innumerables trabajadores, comprometidos con gastos con créditos inmobiliarios, préstamos consignados, débitos automáticos para gastos de condominio y servicios, pensión alimenticia, créditos para bienes muebles, etc., tales recortes significarían, en muchos casos, recibir un cheque de pago negativo al final del mes, creando una ola de miseria social y morosidad y la reanudación masiva de activos (muebles e inmuebles), y una especulación desenfrenada, con un solo beneficiario importante al final de la cadena, el gran capital financiero, que ya se benefició en gran medida por el Banco Central, que anunció la disponibilidad de R $ 1.216 billones para los bancos brasileños, lo que equivale al 16,7% del PIB.
Comparese esta cifra con el “paquete” anunciado por el gobierno (el 23 de marzo) de R $ 88,2 mil millones para combatir la pandemia: es equivalente al 7,5% de los fondos “puestos a disposición” del gran capital financiero. Los fondos “humanitarios” anunciados por el equipo económico, por otro lado, se refieren básicamente a la renovación o reestructuración de las deudas de los estados y municipios, y al posible (y costoso) uso de líneas de crédito, con un porcentaje mucho menor que la cantidad anunciada para el aumento efectivo de la capacidad sanitaria del país. La “ayuda” para desempleados y “autónomos” (vendedores ambulantes) ni siquiera es un paliativo. En otras palabras, el “paquete” está perfectamente ubicado dentro de la línea de “salvar a quien pueda” de la clique Bolsonarista que sigue, además de las manifestaciones de ignorancia y brutalidad del presidente (lo que obligó a sus disculpas públicas) y su Ministro de Salud, a una lógica de clase estricta, que se expresó explícitamente en los días anteriores a los comunicados y discursos del gobierno. Detrás de la pandemia, hay una verdadera guerra de clases.
Ella es agudizada por la crisis capitalista misma (no solo “del neoliberalismo”). El neoliberalismo se definió, más empíricamente que teóricamente, como la política que debería revitalizar el capitalismo, restaurando el “espíritu animal”, empresario e inversor, supuestamente amortiguado por la mano intervencionista del Estado. Sin embargo, nunca hizo eso. Las tasas de crecimiento en las últimas cuatro décadas se han mantenido consistentemente por debajo de las del período “estatista” de posguerra, los llamados “Treinta años gloriosos” del capitalismo. En cambio, el sistema de producción capitalista fue tenso. Espacialmente, abarcaba el mundo. Se tensó con la producción justo a tiempo, con poco o ningún inventario y poco margen financiero para hacer frente a las contingencias. Finalmente, socialmente, presionó a los trabajadores y a los proveedores externos de pequeñas empresas, haciéndoles producir trabajo y productos basados en bajos salarios y precios y descargando todo tipo de riesgos sociales y financieros sobre ellos.
La operación ideológica en curso consiste en presentar la crisis económica como un producto de la crisis sanitaria (un factor supuestamente aleatorio y fuera de control, lo cual no es cierto) cuando, de hecho, aquella precedió a la pandemia, que la manifestó abiertamente y la agudizó. El “paquete económico” anunciado en los Estados Unidos por Donald Trump, el “modelo” y presidente de Bolsonaro, fue calificado, por su impresionante cantidad (US $ 3,2 billones, equivalente a 150 veces el “paquete” brasileño) como manifestación de la seguridad económica del país debido a los grandes recursos económicos en manos del Estado. De hecho, en los Estados Unidos, hemos visto un aumento espectacular en la llamada “deuda corporativa”; En el contexto de décadas de acceso al “dinero barato (crédito)”, las compañías no financieras han visto crecer su deuda más del doble, de $ 3.2 billones en 2007 a $ 6.6 billones en 2019, más del doble del paquete Trump. La deuda corporativa es una burbuja gigante que actúa como un factor de crisis global, como las hipotecas llamadas subprime en 2007-2008. En esta situación, un shock repentino en el sistema puede desencadenar una ola de impagos corporativos, poniendo a la economía global en riesgo de colapso.
Estados Unidos aumenta cualitativamente su deuda pública, situándose en el umbral de la bancarrota e hiperinflación del estado financiero, solo para posponer temporalmente el colapso de todo el sistema: “La economía global está en ruinas. Las cadenas de suministro y las redes de viajes se han visto gravemente afectadas, los mercados bursátiles se han hundido y una recesión ahora parece casi inevitable. Incluso el mercado de bonos de Estados Unidos, normalmente un bastión de valores durante los períodos de crisis del mercado, se ha vuelto extremadamente volátil. La situación es fluida e incierta, lo que hace que las proyecciones de las consecuencias a corto plazo sean tenues e improbables. Pero dada la gravedad de la situación, vale la pena preguntarse: ¿la llegada de COVID-19 significa que se acerca el día del ajuste de cuentas para los prestatarios corporativos con exceso de trabajo? Realizamos encuestas que mapean la estructura de la deuda de las compañías no financieras de los EE. UU. Que cotizan en el mercado de valores. La evidencia descubierta sugiere que los expertos tienen razón en preocuparse por aumentar el apalancamiento corporativo.
“Pero debemos tener cuidado al especificar qué corporaciones son más susceptibles al incumplimiento. Al clasificar los niveles de deuda para empresas de diferentes tamaños, nuestro análisis produce resultados impresionantes. Lo que descubrimos es que las pequeñas y medianas empresas enfrentan la carga de deuda más importante, lo que las hace especialmente vulnerables a la desaceleración del mercado. Mientras tanto, las empresas en la cima parecen ser más sólidas financieramente que hace casi medio siglo. Si Covid-19 es realmente el catalizador de una catástrofe de la deuda corporativa, afectará a los de abajo. ¿El resultado probable? Más turbulencia de mercado, más concentración y menos inversión ”(Joseph Baines y Sandy Brian Hager. Covid-19 y la próxima catástrofe de la deuda corporativa, 13 de marzo de 2020). Una recolonización del mundo por parte del gran capital monopolista, especialmente en los Estados Unidos, está en la agenda geopolítica, con consecuencias para todo el planeta, en primer lugar para China. Brasil es un peón en esta disputa.
No nos enfrentamos a una crisis que solo afectaría, o afectaría principalmente, al sector financiero: “Nuestra estructura productiva, demasiado concentrada, exagerada y muy debilitada, ya debería ser evaluada. La segunda semana de marzo, cuando la OMS actualizó Covid-19 a una “pandemia global”, se produjo una sacudida sin precedentes en los mercados mundiales. Las bolsas de valores en los Estados Unidos han sufrido la mayor caída en un día desde 1987, a pesar del recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal y la promesa de inyectar billones en el sistema. No fue una “solución” cómoda. Inusualmente, las bolsas de valores, generalmente consideradas más riesgosas, no estaban solas en la agitación. Los mercados de bonos menos riesgosos también sufrieron, al igual que los mercados de activos ‘más seguros’, los bonos estadounidenses y los mercados de oro, ya que los inversores buscaron liquidez. Además, el dolor fue más que financiero. País tras país, impusieron paros y restricciones de viaje, aerolíneas, líneas de cruceros, aeropuertos y otras compañías relacionadas con viajes, junto con vastas áreas del sector de servicios grande, probablemente inflado, que depende principalmente de la producción y el consumo cara a cara, sufrió cierres, recortes y despidos. Las cadenas de suministro interrumpidas y el colapso de los mercados ejercen presión sobre la producción. Además, en otro desarrollo, la desunión entre la OPEP y sus aliados condujo a una guerra de reducción de precios que convirtió a la producción de esquisto estadounidense en una de las estrellas más brillantes del firmamento económico en una década sombría, antieconómica. depende de los altos precios del petróleo ”(Radhika Desai. El cálculo inesperado: coronavirus y capitalismo, 17 de marzo de 2020).
En este escenario de crisis mundial, las disputas sobre el costo, y quién paga el costo de la pandemia, es el aspecto central de la lucha de clases en el escenario mundial actual, poniendo, en este momento, la vida y la supervivencia de la mayoría de los explotados. Abundan los ejemplos históricos. Las plagas y pandemias del pasado no “unificaron” a la sociedad, como se suele decir, sino que, por el contrario, la dividieron y la enfrentaron como nunca antes: la “Peste Negra” de 1347-1350 presidió y aceleró el declive del orden feudal en Europa (y fue el trasfondo del surgimiento de nuevas clases sociales, de las luchas entre las cuales la burguesía capitalista finalmente salió victoriosa); La “gripe española” de 1918-1921, en el contexto de la destrucción causada por la guerra mundial, vio una ola revolucionaria que se extendió por Europa y el mundo, de la cual la Revolución de Octubre y su consolidación fue la expresión más avanzada.
Sin embargo, volvamos a nuestro país y a “nuestra” pandemia, que aún se encuentra en una etapa temprana. Brasil es el país de América Latina con el mayor número de casos confirmados de coronavirus, con el mayor número de muertes y el menor subregistro. Para los explotados, dejar la gestión de crisis en manos de la burguesía y sus representantes políticos significa un desastre humanitario. Tan pronto como declaran un plan de guerra contra los trabajadores para la preservación de sus ganancias y una política cosmética contra la epidemia, la burguesía brasileña se refugia en sus casas de playa y granjas, mientras millones de trabajadores habitan barrios marginales sin saneamiento básico, sin comida garantizada y sin la menor posibilidad de distancia social.
La hoja de ruta dirigida por el gobierno brasileño corresponde a la política general del imperialismo sobre el coronavirus. El rechazo de la cuarentena para permitir la propagación masiva del virus fue anunciado por el británico Boris Johnson como el “método” más rentable para el capital financiero. Todos los expertos en salud rechazaron inmediatamente la fantasía de que el contagio masivo provocaría inmunidad natural, y la presión popular llevó a Johnson a regresar parcialmente e iniciar una política de mitigación. Estados Unidos siguió una línea similar, con la única diferencia de que su implementación abandonó cualquier protocolo y se impuso a través de las mentiras habituales de Donald Trump. El resultado fue un escenario aterrador que llevó a los gobernadores y funcionarios locales, como en el caso de Nueva York, a actuar contra el reloj.
Bolsonaro viajó a Florida para recibir órdenes de Trump, logrando que el virus se diseminara por toda su comitiva, y se hizo responsable de hacer del DF la tercera unidad de la federación en el número de casos de Covid-19. A diferencia de los británicos, que anunciaron el experimento de “inmunización natural” para todo el país, el gobierno de Bolsonaro maniobró y ocultó información para una política que realmente se cumplió. El subregistro de casos fue el resultado de la política del gobierno, con la complicidad de los principales medios de comunicación. Cuando el número de casos sospechosos aumentó después del Carnaval, y comenzaron a aparecer contagios en todas las regiones del país, el Ministerio de Salud comenzó a informar solo los casos confirmados, quedando por detrás de los números informados por los secretarios de estado. La plataforma en línea que registró los casos fue eliminada del aire, en paralelo a la insistencia de Bolsonaro de que el coronavirus sea descrito como una “pequeña trampa” y defendía la concurrencia de la multitud en las iglesias evangélicas. La OMS advirtió que la lucha contra la epidemia requería no solo una restricción total, sino también pruebas masivas para detectar en detalle el avance del virus. El gobierno brasileño decidió no hacer nada, causando contaminación general. El ocultamiento de la situación real promovida por el Ministro de Salud, alabado unánimemente por la prensa como “el adulto en la sala”, fue funcional a la política dictada por Bolsonaro.
La reacción inicial del gobierno y la gran burguesía fue aprovechar la epidemia para extorsionar al Congreso, a través de Paulo Guedes, para exigir la aprobación del paquete de reformas contra los trabajadores (privatizaciones, reformas administrativas, etc.). Hace más de dos semanas, Guedes fue informado de un estudio reservado del Banco Central que mostró una propagación del coronavirus en Brasil a una escala mayor que en China e Italia. Un nuevo paquete económico “antivirus” autorizó a las compañías a reducir los salarios en un 50%, una asignación mensual insignificante de 200 reales (menos de US $ 40), durante tres meses, para 40 millones de trabajadores que fueron lanzados al sector informal, beneficios para grandes empresas y la compra de bonos del gobierno por parte del Banco Central en respuesta a la sequía en el mercado financiero. El choque con el Legislativo terminó elevando esta cantidad a R $ 600, para evitar una catástrofe social que podría convertirse en un terremoto político.
El 20 de marzo, el Ministro de Salud admitió que para fines de marzo la pandemia debería comenzar una fuerte curva ascendente y que “claramente” el sistema de salud brasileño colapsaría a fines de abril. Se espera que la fase de crecimiento exponencial de los casos dure en abril, mayo y junio, con una meseta a partir de julio, para comenzar a caer a partir de septiembre. Esto significa que, a partir de mayo, no habrá capacidad para lidiar con casos graves que requieren cuidados intensivos, causando la muerte de decenas o cientos de miles por falta de atención. En lugar de responder a esta realidad con la única política posible, es decir, con una política de restricción de movimientos y pruebas masivas, solo habrá “algunas interrupciones”. La promesa de millones de pruebas en un futuro incierto, cuando la catástrofe será inevitable, es solo una cortina de humo para ocultar la política real del gobierno. El ministro Mandetta repitió diariamente, hasta hace poco, que las pruebas masivas serían un “desperdicio de recursos”. Los principales empleados de la gran capital brasileña, con FIESP a cargo, celebraron la decisión del gobierno de no “detenerse” y el paquete de beneficios de Guedes. El apoyo al gobierno trajo nuevos beneficios al sector, con la autorización para suspender los contratos de trabajo durante cuatro meses durante la epidemia, sin pagar ningún salario, además de las exenciones de impuestos y el pago de cargas sociales. Bolsonaro parecía decidido a enviar a la clase trabajadora al matadero. El escándalo nacional causado por el anuncio del MP obligó a Bolsonaro a retirarse (¿por cuánto tiempo?), discutiendo por el anuncio de medidas “complementarias” que traerán efectos similares en el corto plazo.
Bajo el mando de Donald Trump y en busca de un chivo expiatorio, el bolsonarismo lanzó una provocación contra China, que abrió una profunda fisura en su base de apoyo político. La presión de la burguesía de agronegocios (China es el mayor socio comercial de Brasil, responsable del 30% de sus exportaciones) ha colocado al gobierno en una situación extremadamente débil, en medio de una crisis política que baila al son de los caceroleos diarios y aumento diario en el número de casos de contagio y muertes. La clase capitalista brasileña está profundamente dividida y su sistema político está fracturado. La principal consultora mundial para la evaluación del “riesgo político”, “Eurasia”, detectó (y decretó, para posibles inversores) la posibilidad de una “crisis institucional” en Brasil (O Estado de S. Paulo, 24/3 / 2020), acelerando una fuga de capitales que ya se puede medir a diario. La crisis es tan profunda y acelerada que la burguesía comenzó a intentar hacer frente a la crisis de salud, haciendo de la salud una fuente de negocios. Se abrió una disputa para definir qué clase social liderará la gestión de crisis. La clase capitalista utilizará el aparato estatal para preservar el orden, las relaciones de propiedad y salvar a las grandes empresas de la bancarrota, a expensas de la vida de millones de brasileños.
La única forma viable para los trabajadores y los explotados en general es imponer una centralización obligatoria de todos los recursos del país, basada en un único plan social y económico, bajo la movilización y el liderazgo de los propios trabajadores. Las empresas comenzaron a disparar (incluso en el sector de transporte crítico, responsable de toda la logística de distribución de alimentos y medicinas): debemos exigir la prohibición de todos y cada uno de los despidos en una emergencia nacional y social. El control del sistema financiero por parte de los trabajadores del sector, para evitar la fuga de capitales y el vaciamiento del país, también está en la agenda la perspectiva de su nacionalización. Combatir la epidemia requiere una acción centralizada que ponga todos los recursos económicos, materiales y humanos de la nación al servicio de la prevención del contagio, garantizando la seguridad alimentaria y de salud para toda la población activa, ampliando la capacidad del sistema de salud para servir a todos pacientes, priorizando la producción y distribución de artículos de trabajo para profesionales de la salud. Es necesario transformar el sistema de producción de acuerdo con las necesidades planteadas por el escenario de crisis.
Los profesionales de la salud denuncian la falta de equipos y suministros médicos. El gobierno incluso llega a imponer que los médicos y las enfermeras reutilicen máscaras protectoras. Los trabajadores de call center y telemercadeo, los trabajadores industriales, los distribuidores de alimentos y medicinas comenzaron a combatir los procesos para exigir garantías de seguridad e higiene. En los barrios marginales y las periferias, los comités vecinales y comunitarios asumen la tarea de establecer una vigilancia de la salud para reducir la propagación de la plaga. La huelga de los trabajadores metalúrgicos en São Paulo exigiendo vacaciones pagas es la punta de un iceberg que tiende a crecer sin parar. Es necesario formar comités sanitarios en fábricas, en el lugar de trabajo, en las comunidades, para unificarse en un gran movimiento nacional.
En el “Manifiesto en defensa del mundo del trabajo”, firmado por entidades sindicales y profesionales y varias personalidades (www.aterraeredonda), se rechaza el decreto eventual de estado de sitio y se defiende un programa que reproducimos a continuación en su totalidad:
1. Prohibición del despido de empleadas y empleados, servidoras y servidores públicos.
2. Prohibición de la reducción de salarios para las empleadas y empleados, servidoras y servidores públicos.
3. Interrupción inmediata de la provisión de trabajo, en los sectores público y privado, en todas las actividades que no estén directamente relacionadas con la preservación de la vida, sin perjuicio de la plena recepción de salarios.
4. Interrupción inmediata en la provisión de trabajo, en los sectores público y privado, para hombres y mujeres mayores de 60 (sesenta) años, mujeres embarazadas y otras personas insertadas en grupos de riesgo, independientemente de la actividad realizada, sin perjuicio del recibo completo de los salarios.
5. En las actividades esenciales para la preservación de la vida, que no pueden interrumpirse, la obligación de proporcionar a los empleadores públicos y privados, incluidos las trabajadoras y los trabajadores subcontratados e informales, los medios necesarios para trasladarse de forma segura al entorno de trabajo y al equipo de seguridad. Protección individual y colectiva necesaria para reducir los riesgos.
6. Diálogo y negociación efectiva con el sindicato de trabajadores, como condición necesaria para la implementación de medidas de restricción de riesgos, como la definición del equipo esencial para el trabajo de los profesionales de la salud, la prohibición del exceso de trabajo, la práctica de relevos y la reducción de las horas de trabajo. sin disminuir los salarios, observando las notas técnicas emitidas por el Ministerio Público de Trabajo (www.https: //mpt.mp.br/pgt/noticias/coronavirus-veja-aqui-as-notas-tecnicas-do-mpt) .
7. Determinación del pago inmediato de recargos potencialmente mortales a todos los profesionales que no pueden interrumpir su actividad.
8. Prohibición de contratar personas para llevar a cabo actividades esenciales a través de contratos precarios (intermitentes o que no garantizan un mínimo: derechos laborales legales y convencionales).
9. Formalización inmediata de la relación laboral de los trabajadores que prestan servicios a empresas que poseen plataformas digitales, imponiendo, además, la creación de un fondo a cargo de estas empresas para proteger, en caso de emergencia, los ingresos de sus trabajadores.
10. Provisión y financiamiento, por parte del empleador, de los medios necesarios para llevar a cabo, dentro de los estándares de salud y seguridad, el trabajo a domicilio, cuando sea factible.
11. Observancia de la limitación de horas de trabajo para trabajadores y trabajadores sujetos a teletrabajo.
12. Prohibición de cualquier medida que implique el debilitamiento de los instrumentos disponibles para la inspección de las condiciones de trabajo y de los profesionales que trabajan en actividades esenciales.
13. Apoyo institucional a formas de autoorganización, organización social y sindical y solidaridad colectiva, incluidas las financieras, como una forma fundamental de ayudar a combatir la pandemia.
14. Pago de ingresos básicos de ciudadanía para todas las familias con ingresos inferiores al mínimo requerido por DIEESE, en febrero de 2020, por un monto de R $ 4,366.51 (cuatro mil trescientos sesenta y seis reales y cincuenta y uno centavos) )
15. Extensión del período de recepción del seguro de desempleo por un período indefinido, para aquellos que disfrutan o disfrutarán del beneficio, en este caso, con la cancelación del tiempo mínimo requerido para el acceso.
16. Derogación de la enmienda constitucional 103/19 (reforma de las pensiones), la enmienda constitucional 95 (limitación del gasto en el ámbito de las políticas públicas sociales) y la Ley 13.467 / 2017 (“reforma” laboral), ya que destruyen las bases del Estado Social.
17. Pago inmediato de pensiones para todos los que ya han logrado este derecho, pero que, debido a las políticas gubernamentales para retrasar la concesión de beneficios, han estado esperando en la cola durante meses.
18. Exención de impuestos para familias con un ingreso inferior al mínimo requerido por DIEESE y para entidades legales con hasta 10 empleados que no utilizan medios fraudulentos para enmascarar las relaciones laborales.
19. Remisión de deuda bancaria para préstamos, para familias con ingresos inferiores al mínimo requerido indicado por DIEESE.
20. Prohibición de órdenes de desalojo por falta de pago de la renta y prohibición de interrupción del suministro de electricidad, gas, agua, por incumplimiento de las familias con un ingreso igual o menor al mínimo indicado por DIEESE.
21. Suspensión de la recaudación de impuestos y facturas relacionadas con servicios esenciales, durante el período de crisis de salud.
22. Priorizar el presupuesto público a actividades esenciales relacionadas con la salud pública.
23. Suspensión del servicio de la deuda, en gran parte responsable de la crisis fiscal.
24. Suspensión inmediata de beneficios fiscales y prohibición de extensión de plazos para el pago al estado de deudas ordinarias, en relación con grandes empresas.
25. Cobro inmediato y extremadamente rápido de los mayores deudores del Estado.
26. Requisito para que las instituciones financieras contribuyan con dinero, equivalente al beneficio neto obtenido en 2019, para la construcción de hospitales temporales y el suministro gratuito de alimentos y medicamentos para todos los que los necesiten.
27. Nacionalizar hospitales para brindar asistencia inmediata a las necesidades de la población en general.
28. Determinación del uso inmediato de edificios públicos o privados que no cumplen su función social, así como hoteles y similares, para proporcionar refugio a personas sin hogar, centros de atención médica para personas infectadas, personas en aislamiento. y para aquellos que dependen de la atención de terceros y están aislados o infectados.
29. Imposición a los grandes transportistas y aerolíneas y compañías de carreteras para proporcionar transporte gratuito de alimentos y medicinas a todas las ciudades brasileñas.
30. Control e inspección de precios de medicamentos, combustibles y alimentos, para evitar la explotación oportunista de una situación extremadamente grave y delicada.
31. Incumplimiento de patentes sobre medicamentos necesarios para el tratamiento médico de COVID-19.
32. Subsidio para la fabricación a gran escala de respiradores mecánicos, productos de esterilización y asepsia y equipos de protección individual y colectiva para el área de salud, que se distribuirán en todo el territorio nacional.
33. Mantenimiento de todas las becas de posgrado e intensificación de las políticas de permanencia para los estudiantes de cuotas, así como otros programas de promoción educativa y de investigación, incluso como una forma de estimular el desarrollo de soluciones a la crisis de salud.
34. Concesión inmediata de beneficios del presupuesto de la Unión, con subrogación del Estado en la deuda salarial, para garantizar la recepción de los salarios de los empleados y empleados de las microempresas.
35. Se necesita una amplia difusión de información, de manera accesible, para las personas con discapacidad (sensoriales e intelectuales) y se respetan todos sus derechos.
36. Garantía de acceso a Internet para todas las personas con teléfonos celulares prepagos o planes populares, sin reducir la velocidad, cortar o cargar la conexión mientras dura el aislamiento social necesario para combatir Covid-19.
El programa para enfrentar la crisis también implica defender, para todas las industrias encargadas de producir para la salud y el abastecimiento de la población, un día laboral de seis horas, en el que la “distancia social” y todas las medidas de seguridad e higiene se observan, lo que implica establecer un cuarto turno de trabajo. La conversión de grandes instalaciones industriales para la producción de respiradores y otros dispositivos médicos debe realizarse bajo el control de los trabajadores. El control de los precios y abastecimiento por comisiones de trabajadores y vecinos debe incluirse en la agenda, dada la escasez y el aumento de alimentos básicos en los supermercados, lo que coloca el control de la producción por parte de los trabajadores en la agenda política. El principio esencial que debe guiar la respuesta a la crisis es que las necesidades de los trabajadores deben tener prioridad absoluta sobre los intereses del beneficio privado. La clase trabajadora debe exigir pruebas universales y acceso gratuito e igualitario a la atención médica; el cierre de toda la producción no esencial, con salarios garantizados para los afectados; condiciones de trabajo seguras en sectores esenciales para el funcionamiento de la sociedad; y un programa de emergencia para construir la infraestructura de atención médica y garantizar que todos los trabajadores de la salud tengan acceso al equipo médico y de seguridad necesario. Solo para empezar.
Osvaldo Coggiola – Edgar Azevedo
