Las cámaras empresariales festejan la normalización de la actividad portuaria, tras la firma del convenio colectivo entre el sindicato y la Terminal Cuenca del Plata (TCP). El acuerdo fue aprobado en una asamblea por mayoría, tras una campaña lanzada para contener y finalmente levantar la lucha del sindicato. Todo el arco patronal (Asociación Rural, exportadores, partidos de la derecha, y por supuesto la patronal portuaria) atacó una y otra vez la paralización del puerto por los trabajadores, que reclamaban fundamentalmente contar con 25 jornales asegurados al mes.
Mientras la patronal no garantiza un ingreso mensual, el trabajador debe estar disponible para ser convocado según las necesidades de la empresa, condicionando la vida familiar a las convocatorias impredecibles de TCP. Hay trabajadores que apenas cobran 13 o 15 jornales, mientras que algunos tienen 20 jornales asegurados. El reclamo principal era elevar a 25 los jornales que la patronal debía pagar -se convocara o no a trabajar- a todos los trabajadores de TCP.
TCP tiene la concesión para la operación de la terminal de contenedores hasta 2081, y maneja en torno al 80% de la operativa del sector. El Estado es socio de la empresa (posee el 20% de las acciones y obtiene alrededor de 13 millones de dólares anuales de dividendos, frente a más de 50 millones que se embolsa la multinacional belga) y por lo tanto de la explotación de los obreros de la terminal de contenedores.
Decreto ilegal
El gobierno frenteamplista primero prolongó largamente las negociaciones, provocando el desgaste de la lucha que era atacada por la prensa. El Ministerio de Trabajo podría haber votado junto a los trabajadores contra la patronal, y definir el fin de la precariedad laboral.
El siguiente paso fue la aparición del secretario de Presidencia, Alejandro “Pacha” Sánchez, amenazando con la declaración de “servicios esenciales”. En ese momento, el planteo ni siquiera había sido realizado por la T.C.P. Sánchez incluso llegó a amenazar con la salida de Castillo del Ministerio de Trabajo si este no aplicaba la medida anti-huelgas. El ministro “comunista” finalmente decretó una medida “innovadora”, que obliga a realizar “guardias” o servicios “mínimos”. Es decir, el mismo perro con distinto collar. El propio Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT y del mismo partido que Castillo, reconoció que este decretazo implicaba prácticamente el trabajo normal en la terminal, es decir, prohibía en la práctica la huelga. Contradiciéndose, al mismo tiempo Abdala “se congratuló” de que el gobierno no decretara los “servicios esenciales”, que “no hubieran correspondido” y hubieran tenido “consecuencias nefastas”: el presidente del PIT-CNT señaló que la OIT solo permite esta medida “cuando está en riesgo la vida, la salud o la seguridad”, algo que no ocurría en el puerto. En otras palabras: Abdala se “congratula” de que el gobierno utilizó otra vía para violar el derecho de huelga en lugar de recurrir a uno que hasta la propia OIT hubiera rechazado.
El decretazo del gobierno no se ampara en las leyes del pachecato y posteriores contra la huelga (como lo hicieron los gobiernos del FA en los casos de conflictos de ADEOM o de la salud, entre otros) sino en las propias leyes sobre el puerto que establecen que esa actividad es “estratégica” para el país. En otras palabras, carece de base legal porque esas leyes no son una reglamentación del derecho constitucional a la huelga (como pretende ser la 13.720 de Pacheco). Por otra parte, la actividad portuaria podía restablecerse de una forma sencilla si el gobierno -en lugar de atar las manos a los trabajadores para debilitar su lucha- decretaba el pago de 25 jornales garantizados a los obreros portuarios.
El paro general y la asamblea del SUPRA llegó muy tarde, cuando arreciaba la presión sobre los trabajadores de la terminal portuaria. La asamblea autorizó a la dirección a resolver un paro de 48 horas, pero la medida quedó “gatillada” para el caso de que fracasaran las negociaciones, mientras crecía la presión desde el ministerio de Trabajo para firmar un convenio que no consagraba la reivindicación fundamental y que establece “claúsulas de paz” (anti-huelgas) más rígidas aún que las que existían en anteriores convenios.
La propuesta del MTSS
La fórmula de Castillo eleva los jornales garantizados a 21 (a partir de enero) pero solamente para aquellos trabajadores que ya perciben al menos 20 jornales. Las escalas de trabajadores con 13 o 15 jornales se mantienen, y nada impide que en el futuro la empresa siga ingresando obreros con esas condiciones. Además, se establece que anualmente habrá una evaluación “técnica” en forma tripartita para tratar recategorizaciones y cambios en la escala. Esta evaluación está ligada al volumen de la actividad y la productividad, al cumplimiento individual y obviamente si tiene el acuerdo de la empresa. En otras palabras, mientras se firma la “paz sindical” por cinco años (el sindicato quería limitar el convenio a dos años) la patronal apenas asegura un jornal más para un grupo de trabajadores, y el resto queda condicionado a esta evaluación “técnica” en la que la patronal en la práctica tiene poder de veto.
Las bases sindicales demostraron gran voluntad de lucha, pero la dirección sindical condujo a una negociación regimentada. El PIT-CNT debió convocar a un paro general ante la andanada de ataques de empresarios y partidos de derecha, así como ante el decretazo de “esencialidad” disfrazada. La burocracia sindical del Frente Amplio, que canta loas al “diálogo social” y los “acuerdos tripartitos”, llevó a esta lucha a una encerrona. Es necesario poner en pie agrupaciones anti-burocráticas en los sindicatos, por un PIT-CNT independiente del gobierno.
