En un contexto de recesión producto del impacto de la crisis mundial en nuestro continente, el gobierno ha optado por desarrollar una política de fuerte ajuste fiscal, recortando del ya magro presupuesto 2015 una serie de asignaciones que se habían destinado a salud, vivienda y educación. El recorte se profundizó en lo que refiere a la inversión pública y el presupuesto estableció la asociación con privados a través de las PPP en servicios del Estado, como la educación y la salud pública. Esta ley de asociación con privados fue aprobada bajo el gobierno de Mujica, y contó con el apoyo de toda la bancada del FA, así como con el apoyo de la derecha.
Concretamente la Participación Público Privado, permite asociar al Estado con monopolios privados para realizar obras de infraestructura (centros de educación, cárceles, carreteras, puertos, hospitales, entre otros). El Estado se retira en áreas de gasto público sumamente relevantes, abriendo a privados campos de inversión que hasta el momento se encontraban vedados. Áreas que habían quedado fuera del lucro como la educación o las cárceles se incorporan, y se le brinda a privados la gestión, uso y dirección de los recursos públicos por decenas de años, el máximo que establece la ley es de 35 años.
Así, el Estado ofrece a los capitalistas un nuevo mercado para recuperar su tasa de ganancia. Se trata lisa y llanamente de una modalidad de privatización, que no aparece como directa, pero que introduce al privado en la construcción y gestión de parte del Estado. Lo que se plantea como la única forma de desarrollar la infraestructura pública, no es más que un gran negocio para los empresarios, pues el Estado es garante de todo proceso y asume todos los riesgos, el privado nunca pierde y tiene asegurada ¡de antemano! la rentabilidad, mientras que al Estado el canon que debe pagar termina siendo muy superior al costo de la inversión. Se trata de una gran hipoteca, que culmina con la entrega de servicios estatales.
Como toda privatización, la aplicación de las PPP en áreas como la salud y educación o incluso las cárceles, se encuentran precedidas de un fuerte ahogo presupuestal al que se condenó durante años a las instituciones hasta llevarlas al borde del cierre o del vaciamiento. El caso de la privatización de AFE es una clara muestra de esta orientación, pero también lo son la educación y la salud pública cuyo presupuesto necesario para funcionar con niveles mínimos adecuados estuvieron muy lejos en las últimas décadas. El caso del Hospital de Clínicas es también un claro ejemplo de esta política. El ahogo presupuestal impide funcionar a uno de los mayores Hospitales públicos del país, incluso lo que es peor, ASSE no entregó el dinero ya aprobado hace meses de 55 millones que el Hospital necesitaba para funcionar hasta que la Udelar ingresó el proyecto de refuncionalización del Hospital de Clínicas a la ley de PPP, es decir se produjo lisa y llanamente un chantaje mediante la retención de recursos que debían haber sido entregados al HC hace mucho tiempo.
El gobierno del FA está impulsando con esta política las privatizaciones del siglo XXI, una no tan nueva modalidad de asociación con privados que los trabajadores y estudiantes uruguayos hemos rechazados sistemáticamente.
Vamos por una gran campaña para derrotar el ajuste y las privatizaciones. Defendamos la salud y la educación pública frente a las PPP.
