Desde hace una semana el tema está en el tapete. El Ministro de Economía anunció el ajustazo en el IRPF bajo la forma eufemística de una pretendida “consolidación fiscal”. Tal vez se refiera a que con el ajustazo se consolida el carácter procapitalista del FA, cosa de la que cada vez menos trabajadores dudan. Astori pretende vestir la mona de seda infructuosamente, hasta los medios de comunicación masiva “de derecha” se “apropiaron” del discurso del PT: todos hablan de “ajuste fiscal”. Es que, en buen romance, la suba de impuestos al salario, la reducción del tope de las deducciones en el IRPF y la limitación del ingreso de trabajadores al Estado, no tiene otro nombre que AJUSTE.
Desde los salarios de 28000 pesos nominales –poco más de 22000 “en la mano”- habrá recortes salariales. En este caso por el tope en un 8% en las deducciones –por hijo, hipoteca, alquiler-. A partir de los 33401 nominales –poco más de 26000 líquidos- se aumentan desde un 3% las tasas por IRPF. Esto supone en esta franja pagar un 20 % más del impuesto. Algo similar ocurre en la franja siguiente –desde 50101 nominales, unos 40000 líquidos-, en la que el aumento supone un 15%. Con los topes de un 8% en las deducciones estos porcentajes de aumento son mayores aún. Es decir que trabajadores que están bastante por debajo de la canasta familiar –unos 68000 pesos- tendrán un recorte salarial con las nuevas medidas del gobierno. Queda claro que los trabajadores vamos a pagar “los platos rotos” de la crisis capitalista.
El mismísimo presidente Tabaré Vázquez dijo que “este modesto aumento” sólo lo pagaría el 20% de los tributantes del IRPF. Lo que no dice el presidente es que el restante 80% no lo paga por percibir salarios miserables de menos de 22000 y pocos pesos líquidos. Es decir que la enorme mayoría de los trabajadores gana menos de la tercera parte de la canasta familiar –dentro de ellos, los más, menos de 15000-. Quiere pasar por una medida de “sensibilidad social” lo que es una vergüenza nacional: los salarios miserables.
Por otra parte, el gran capital extranjero, los pulpos financieros, los latifundistas y demás poderosos, siguen gozando de exoneraciones fiscales por un monto de 1800 millones de dólares, que equivalen a tres veces y media más del ajuste impuesto a los trabajadores. Queda más que claro qué intereses protege el gobierno del FA.
La dirección del PIT-CNT amenaza con un paro de 24 horas para el ¡29 de junio! ¿Plantea la abolición del IRPF y un plan de lucha? NO, tan sólo “maquillar” el ajuste gravando más a partir de los ingresos superiores a 100000 pesos. De cierta manera se avala que sean los salarios y no el capital los que asuman el costo de la “desaceleración” económica –la dirección mayoritaria del PIT-CNT no habla aún de crisis-. No hablar de crisis ni elaborar un plan de lucha para que el ajuste lo paguen los capitalistas es hacerle el juego a “la fuerza política de gobierno”, negociando a la interna de la misma alguna modificación al plan de Astori para hacerla pasar como una conquista “fruto de la lucha”.
¿Qué pasa en el FA? Varios sectores –MPP, PCU, la 711, Casa Grande, PS, Liga Federal, PVP- plantean, con pequeños matices, la intención de que no corra el aumento a partir de los 50101 pesos nominales. Esta tibieza y demagogia pretende mitigar el descontento y la bronca de la enorme mayoría de los trabajadores que se expresa en las calles, los ómnibus, los lugares de trabajo y las redes sociales. Pretensión que busca “rastrillar por izquierda” para luego someterse a la “lógica del bien común”: la disciplina partidaria y el acatamiento a las directivas del “equipo económico” liderado por Astori como paladín de las directrices del FMI y demás expresiones del capital financiero internacional. Ya el contador fue claro: si se toca una franja, se toca toda la “progresividad” piramidal del IRPF. De todas maneras, el planteo de estos sectores no va más allá de reducir el impacto del ajuste, no de trasladarlo al capital –en la línea del PIT-CNT-.
Punto aparte merece otra parte del “plan”: reducir el número de los trabajadores del Estado sobre la base de que cada tres cesantías se incorporen sólo dos nuevos funcionarios. Esto supone una reducción de la plantilla de funcionarios en un tercio –varias decenas de miles-. El ajuste “progresista” se va a traducir en más privatizaciones, tercerizaciones y precariedad laboral en el Estado, con la consiguiente reducción salarial y de derechos laborales adquiridos: todo un paquete fondomonetarista.
En resumen, esta “consolidación fiscal” -según Astori- consolida “el rumbo” del gobierno: descargar la crisis sobre los trabajadores y jubilados. De la construcción de una oposición obrera y socialista depende la salida política para que la crisis la paguen los que la generaron: los capitalistas.
Andres Mancioni
Docente de educación secundaria, militante de ADES Montevideo y del Partido de los Trabajadores.
