Diversos observadores han señalado que el impeachment consumado contra Dilma Rousseff en la cámara de diputados se encuentra dentro del cuadro constitucional, alegando que el procedimiento parlamentario realizado no constituye un golpe de Estado. Esta posición ha sido la adoptada por el Partido Nacional, el Partido Colorado y el propio gobierno del Frente Amplio que no condenó el impeachment, ni lo caracterizó como un golpe.
Quienes impulsan el juicio político a Dilma están involucrados en enormes casos de corrupción y malversación de fondos en torno a Petrobras y su red de contratistas, así como también en los Panamá Papers. Seis de cada diez diputados tienen causas judiciales abiertas por corrupción, alcanzando al propio vicepresidente Temer y el presidente de la Cámara de Diputados, Cunha. Se trata de un parlamento lleno de ladrones, que no tiene ninguna autoridad política. A la Presidenta se le acusa de “maquillar” el presupuesto público para obtener financiamiento. Sin embargo, el proceso de destitución se lleva adelante sin que se haya comprobado el delito que se le imputa.
Los argumentos esgrimidos para vehiculizar la destitución de Rousseff son una excusa para ocultar los poderosos intereses económicos en juego.
Petrobras y el impeachment
Dilma Rousseff asumió la presidencia por segunda vez, en alianza con el mayor partido de la burguesía brasileña que ahora denuncia como derechista: el PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño). Esta alianza no nació con Dilma, sino que fue realizada desde el primer gobierno del PT en donde Lula designó a funcionarios del Bank Boston y del PMDB para conformar su primer gabinete. Se trató de un gobierno capitalista de coalición con la burguesía y la derecha; el mecanismo que aceitaba la alianza era la corrupción generalizada, como lo reveló el primer gran episodio del ‘mensalao’ -bajo el gobierno de Lula- por el cual los recursos públicos eran destinados a la compra de votos de la bancada del PMDB.
La corruptela no se destapó mientras los negocios de la burguesía avanzaron. El destape de las coimas en torno a Petrobras se produjo en momentos de una brusca caída de los precios internacionales del petróleo que deja a la empresa con una deuda de 250 mil millones de dólares -diez veces su capital en bolsa-, liquidando el intento del Lula y el PT de convertir a Petrobras (asociada al capital internacional) y la red de constructoras en un eje de desarrollo industrial de Brasil. Este plan entró en contradicción con las petroleras internacionales que reclaman la privatización completa de Petrobras, así como con los accionistas de esta última que exigen una mayor porción de los dividendos en un contexto de caída de la rentabilidad y un endeudamiento que supera diez veces su capital. Por debajo del impeachment se encuentra el derrumbe industrial de Brasil y la violenta disputa por despojar a las industrias más importantes, sean públicas o privadas.
Rousseff cedió a la presión del capital financiero internacional eliminando el monopolio de Petrobras como operadora de yacimiento “presal”; su gobierno intentó encarar un ajuste colocando a ministros representantes directos del gran capital -como Joaquim Levy-, recortando los gastos sociales y aprobando leyes de precarización laboral. Para la burguesía nacional e internacional, este paquete antiobrero debe ir, aún, más a fondo; ésta es la razón última del impeachment. La baja del precio de la soja, de los minerales de hierro y, especialmente, del petróleo, rematan un cuadro de crisis económica y de recesión sin precedentes en Brasil desde la década de los treinta. La Federación Industrial de Sâo Paulo, un sostén fundamental de Rousseff durante todo un período -emitió declaraciones en su apoyo durante todo el año 2015-, se pasó al bando de los destituyentes. Culminado el golpe, Temer del PMDB sucederá a Dilma Rousseff, pero deberá encarar el ajuste de gastos sociales, despidos y la privatización completa de Petrobras con legisladores envueltos en escándalos de corrupción y sin los recursos políticos de cooptación de la movilización popular, configurando un régimen inestable y en crisis donde podría culminar gobernando el Poder Judicial -si se consuman nuevos juicios políticos a Temer y Cunha-. El temor de la burguesía es, por sobre todo, el estallido de una rebelión popular como consecuencia del vacío de poder creado en esta transición precaria, cuando deben aplicarse sendos planes de ajuste. No se trata de un ‘cambio de ciclo’ de gobiernos progresistas a derechistas, sino de la bancarrota económica y política que recorre América Latina, sacudida por la crisis mundial.
En el estribo de Brasil
Desde el gobierno de Vázquez se afirmó que el proceso se sucedió en el marco de la “legalidad” y se abstuvo de denunciar el golpe, posición impulsada por el astorismo y compartida por Lacalle Pou y Bordaberry. La legalidad o no del recurso no es lo que importa a la hora de caracterizar el proceso, sino el significado y el objetivo político que persigue. En Uruguay, por ejemplo, las medidas prontas de seguridad están enmarcadas en la Constitución y por tanto en la legalidad, y sin embargo expresan la suspensión de las garantías individuales y libertades democráticas por parte del Estado con un fin marcadamente político.
De esta manera, hacen suya la versión de los golpistas que niega la existencia de un golpe. La razón es que Vázquez ha comenzado a poner en marcha la política económica de ajuste que llevó a Brasil a la enorme crisis actual. El presupuesto austero, pautas salariales que apuntan a rebajar el salario real, crecimiento de los despidos y envíos al seguro de paro, cierre de fábricas, y el aval de reducir la jornada laboral en la industria y comercio con rebaja salarial, entre otras.
Del otro lado, el MPP, el Partido Comunista y los sectores en torno a Constanza Moreira, señalan el impeachment como un “golpe de estado parlamentario”, apoyando políticamente al PT y al gobierno de Dilma Rousseff. Sin embargo, la lucha contra el golpe no puede hacerse desde el campo del apoyo político a una versión del ajuste.
En momentos en que la dirección frenteamplista en los sindicatos está aceptando los planes de ajuste del gobierno y las patronales, la lucha “contra el golpe” en Brasil defendiendo la política del PT, se transforma en una excusa para apoyar la política ajustadora de Vázquez y la derecha.
Junto con Brasil, Uruguay camina a la bancarrota económica. La burguesía nacional e internacional ha diseñado un plan para que la crisis la paguen los trabajadores, con despidos, rebaja salarial y precarización del trabajo.
Desde el Partido de los Trabajadores hacemos un llamado a los trabajadores uruguayos a movilizarnos decididamente frente al golpe de Estado en Brasil, cuyo objetivo último es profundizar el ajuste contra la clase obrera y el pueblo brasilero. Enfrentar a los golpistas no significa de ningún modo el apoyo al gobierno del PT y de Dilma que constituyen la otra variable del ajuste en curso, como lo constituye en nuestro país el gobierno de Tabaré Vazquez. Es necesario abrir una salida independiente de los trabajadores, que coloque frente a ambos bloques de ajustadores la agenda de los explotados. Con este cometido y con el objetivo de establecer una profunda deliberación política de la izquierda y los trabajadores, junto al Partido Obrero de Argentina estaremos convocando para el mes de julio una Conferencia Latinoamericana en Montevideo, para dotar de un programa socialista a los trabajadores, y para que la crisis la paguen los capitalistas.
