El gobierno de Yamandú Orsi envió al parlamento un proyecto de Ley que establece una “causal de jubilación anticipada” para trabajadores de 60 años o más que acrediten al menos 30 años de trabajo. La iniciativa fue saludada por el PIT-CNT, que la caracteriza como un cumplimiento de lo resuelto en el “Diálogo Social”.
El proyecto mantiene intacta la ley 20.130 aprobada bajo el gobierno de Lacalle Pou, que aumentó la edad de retiro (causal normal) a los 65 años de edad. Hasta esa ley, una persona se podía jubilar con 60 años y 30 de trabajo con una tasa de reemplazo de 45% (si acumulaba 35 años de trabajo, la tasa era del 50%). Con 65 años y 30 de trabajo podía retirarse con una tasa del 55%, y si acumulaba 35 años de trabajo podía retirarse con 60% o más. Ese porcentaje se calculaba sobre un sueldo básico jubilatorio que tomaba el promedio de los últimos 10 años aportados -o los mejores 20 años (si eran mayores) pero con un tope: no podía superar en más de un 5 % al promedio de los 20 mejores años. La ley lacallista impuso no sólo trabajar más años, sino que además rebajó la jubilación al establecer un cálculo aún peor: sólo se toma el promedio de los 20 mejores años (sin posibilidad de incrementar un 5%), y sobre ese sueldo básico jubilatorio se calcula una “tasa de adquisición de derechos” (la vieja tasa de reemplazo) aún menor: con 30 años de trabajo, apenas un 45% (contra 55% antes de esa ley), y con 35 años de aportes, un 52,5% (contra más del 60%). Una verdadera confiscación del salario diferido del trabajador, que es la jubilación.
El nuevo proyecto de Orsi, Oddone y Castillo establece que la “tasa de adquisición de derechos” a los 60 años (con 30 de trabajo) será de un 36%, y por supuesto deja intactas las formas de cálculo establecidas por la ley 20.130 de la derecha para los que trabajen más años.
En definitiva, se trata de un proyecto de ley continuista, que confirma la caracterización del Partido de los Trabajadores sobre el llamado “Diálogo Social”: este buscaba cerrar la lucha contra las AFAP y la confiscación de las jubilaciones que llevaron adelante los gobiernos de derecha (y mantuvieron en lo esencial los del llamado “progresismo”). Tras el plebiscito de la seguridad social impulsado por los sindicatos y sectores sociales y de izquierda, el gobierno de Orsi necesitaba enterrar esa reivindicación, para lo cual contó con la colaboración de la burocracia del PIT-CNT. Esta llevó a ese “diálogo no vinculante” los puntos de aquel plebiscito, pero simplemente para dejarlos como una “constancia” en el documento, mientras acordaban lo esencial: mantener las AFAP, mantener la ley 20.130 en lo esencial, y abrir la posibilidad de un retiro “anticipado” pero a condición de cobrar una jubilación aún más miserable.
Esta caracterización del PT ha sido confirmada por la propia burocracia sindical frenteamplista. El dirigente Carlos Clavijo, que integra el llamado “Equipo de Representación de los Trabajadores en el Banco de Previsión Social” (ERT-BPS), declaró que “El proyecto va en el camino de contemplar lo que se discutió en el Diálogo Social, más allá de que queríamos otra cosa, pero es un avance” (PITCNT.uy, 22/10). Tanto Clavijo, como Marcelo Abdala “destacaron que la iniciativa representa un ‘avance en materia de derechos’ y amplía la libertad de elección de los trabajadores”. Hay que ser muy cínico para llamar un “avance” un proyecto que establece una jubilación inicial del 36% (cuando con las mismas condiciones, antes de la ley 20.130 se establecía un cálculo del 45%). Es decir, implica una rebaja del 20% de las jubilaciones.
Presentar este cambio como una “ampliación de la libertad de elección de los trabajadores” es una infamia: obviamente los trabajadores no podrán optar por jubilarse, porque sus ingresos se derrumbarían en caso de acogerse a esta causal. De hecho, ya con el régimen anterior a la ley lacallista muchos postergaban su retiro por esa razón, siendo la edad de retiro promedio de unos 63 por esa misma razón. Con una rebaja del 20% obviamente esta “libertad de elección” se restringe aún más.
La crítica de la derecha
Los líderes derechistas se han colocado en contra del proyecto -que apenas maquilla la ley 20.130 que ellos aprobaron. Álvaro Delgado cuestionó que “El gobierno vuelve a insistir por otra vía con algo sobre lo que la ciudadanía ya se pronunció en las urnas”. Pablo Abdala acusó de que es “demagógico”, y “va a conducir a haberes jubilatorios de muy escaso valor”. El “independiente” (?) Pablo Mieres declaró que “Si te jubilas a los 60 vas a cobrar una miseria y entonces mucha gente va a buscar changas en negro y aumentará la informalidad. ¡Vergonzoso!”. Mieres fue el Ministro de Trabajo y Seguridad Social que firmó la estafa jubilatoria de Lacalle.
Mientras tanto, el impulsor de las reformas jubilatorias de 1996 y 2023, Rodolfo Saldain, caracterizó el proyecto como “un riesgoso saludo a la bandera”. Saldain elogió al ministro de Economía Gabriel Oddone, en cuanto a sus planteos sobre las AFAP, que no solamente se mantienen intactas sino que tendrían más libertades para invertir en la timba financiera internacional.
Según argumenta el gobierno, no existe ningún riesgo porque muy poca gente se acogerá a esta causal especial, y tendría casi nulo impacto fiscal: “presentaría en el mediano plazo un costo máximo anual que alcanzaría entre 2040 y 2045 el 0,15% del producto interno bruto (PIB)”, “no supone un desvío relevante de la proyección del gasto previsional y el resultado a mediano y largo plazo respecto del escenario base que corresponde a la Ley 20.130” (sic). Por el contrario, “hacia 2070 se genera un ahorro de aproximadamente 0,03% del PIB” (la diaria, 17/10). A confesión de parte, relevo de pruebas.
Es posible que el proyecto sea finalmente aprobado con los votos de la derecha de Cabildo Abierto, aunque ni siquiera esto está garantizado. Tal vez el “saludo a la bandera” sea incluso gratuito y no se apruebe nada.
La crítica de ATSS
La Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) ha criticado el proyecto del gobierno de Orsi. La ATSS fue la principal impulsora del plebiscito de la seguridad social, logrando imponerlo en su momento en la Mesa Representativa contra la corriente Articulación y también contra el PCU (este último impulsaba un plebiscito que únicamente derogara la ley 20.130 y dejara vivas las AFAP). La dirección de ATSS participó también del Diálogo Social, al que consideró un avance. Ahora afirma que “la causal anticipada no otorga una jubilación digna”, algo que nadie podía desconocer al firmar el documento del “diálogo”.
(…) “se ha señalado que la tasa de reemplazo a los 60 años se ubicaría en el 36% del salario promedio para el cálculo jubilatorio, frente al 45% previsto en los regímenes anteriores. Esto plantea serias dudas sobre las condiciones materiales en que podrán vivir quienes accedan a esta causal (…) ATSS.org.uy, 14/10.
No puede existir ninguna duda respecto al carácter miserable de las jubilaciones resultantes de ese cálculo, comparados con la canasta familiar. ATSS menciona otro ingrediente que hará inviable acceder a esta jubilación “anticipada”: “A ello se suma la imposibilidad de continuar trabajando una vez jubilados. Para quienes perciben ingresos insuficientes, la posibilidad de complementar su jubilación mediante el trabajo puede resultar fundamental para sostener sus necesidades básicas”. Es obvio que casi nadie podrá jubilarse por este mecanismo, pero sólo el mencionar la necesidad de continuar trabajando “para sostener sus necesidades básicas” marca el carácter miserable de esa jubilación. Obviamente, quienes accedan a ese “retiro anticipado” seguirán trabajando “en negro” o como cuentapropistas.
El activismo clasista debe relanzar la lucha por: salario y jubilación mínima que cubra el costo de la canasta familiar -que deben calcular los sindicatos; aumento del aporte patronal como mínimo al 15 (igual al aporte obrero); eliminación de todas las exoneraciones de aportes e impuestos a las patronales; apertura de los libros contables de las empresas y eliminación del secreto bancario, para combatir la evasión empresarial; eliminación de las AFAP; causal de retiro normal a los 60 años, restableciendo la fórmula de cálculo anterior a la reforma de 1996.
