Publicado en Semanario Voces.
El decreto del presidente Tabaré Vázquez que da vía libre a la policía para reprimir cualquier protesta que obstaculice la circulación constituye sin lugar a dudas una violación a las libertades democráticas e individuales.
La referencia regional a este decreto es el “Protocolo” anti piquetes aprobado en 2015 por Macri en Argentina, y su antecedente nacional más directo es durante la presidencia de Sanguinetti en 1999, datos que dan cuenta del signo derechista de la norma, y de la creciente macrización del gobierno de Tabaré Vázquez.
La primera utilización del decreto deja de manifiesto que está hecho a medida de las exigencias del gran capital, un mensaje a las multinacionales de Monte del Plata de que sus mercancías circularán sin problemas.
Para ganarse la confianza de la inversión extranjera y seguir contrayendo deuda el gobierno busca garantizar la ‘estabilidad política’ y el ataque en regla a las conquistas sociales y sindicales de los trabajadores. Una medida preventiva frente a la próxima rendición de cuentas que augura ser de ajuste y tener una repuesta popular como la de 2015.
Esta medida sin embargo, no constituye una novedad en cuanto a la política que viene implementando el gobierno, pues durante los mandatos frenteamplistas se han puesto en práctica decretos que reprimen la protesta, como el decreto contra la ocupación de edificios públicos, los sucesivos decretos de esencialidad a huelgas sindicales, y ahora se le suma además el protocolo que pretenden implementar para ‘regular’ las ocupaciones de fábricas. Son un conjunto de medidas que buscan sin dudas la regimentación del Estado sobre la protesta social, se trata de una política que pretende encorsetar a los trabajadores para que no reclamen contra el Estado o lo hagan sólo a través de los canales aceptados por este, es decir por los sindicatos y la central sindical cuya dirección se encuentra en manos de los ‘amigos’ del gobierno. Ya lo hemos visto con los decretos de esencialidad, que se han aplicado a conflictos donde las direcciones sindicales escapan a la regimentación oficial, el caso de ADEOM en 2010 o de los docentes en 2015 son ejemplares en ese sentido.
El gobierno también pretende desprenderse de su responsabilidad, pues el avance de las protestas y su extensión tiene que ver con una insatisfacción de las necesidades populares. Quién fomenta las protestas al no garantizar necesidades básicas para los trabajadores es el propio Estado. Si alguien busca mermar las protestas sólo tiene que atacar las causas que la producen, el presidente por el contrario decide avanzar con el ajuste con el garrote en la mano.
El decreto argumenta velar por la defensa del orden público, es decir; el orden social capitalista. Pero ¿fue a través de la defensa del orden que se superó la servidumbre y las monarquías absolutas? ¿Puede acaso negar alguien que los mayores derechos y avances conquistados en la actualidad han sido a partir de la lucha y la protesta? ¿No es acaso el propio gobierno quien fomenta el caos con la política de ajuste, cierre de fábricas y despidos? La apelación a la defensa del orden siempre fue en la historia propiedad de los conservadores.
El pueblo uruguayo sabe muy bien que sucede cuando en nombre de la defensa del orden se le otorgan libertades inusitadas a los aparatos represivos del Estado. Incluso en este caso aparece la habilitación a que el Ministerio del Interior apele a otros organismos públicos –léase Defensa, pues nadie es tan iluso de pensar que se va a pedir al MIDES apoyo para desalojar una ruta o un piquete. El decreto constituye un avance reaccionario de mucha gravedad que allana el camino a situaciones de profundización aguda de la represión.
La ‘izquierda’ nucleada en el FA que decía luchar por cambiar el sistema, que decía luchar por el socialismo, se ha adaptado al régimen social existente, se ha vuelto definitivamente defensora del orden público del gran capital, y no duda en defenderlos con garrote en mano.
Los trabajadores y trabajadoras debemos tomar las calles -como lo hicimos el 8 de Marzo- para tirar abajo este decreto, defender férreamente las libertades democráticas, el derecho a la protesta y ofrecer una salida propia a la crisis en curso que pretende llevarnos por delante y arrasar con nuestras conquistas. Ahora es cuando: ganemos las calles.
