El pasado 24/09 Sindicato Único de Trabajadores Institucionales Gremiales y Afines (SUTIGA), la Federación Uruguaya de Empleados y Empleadas del Comercio (FUECYS) y el PIT-CNT, por una parte y el MEF, MIDES y MTSS, por otra, llegaron a un acuerdo que implicó el compromiso de pago de los salarios adeudados y mecanismos para mejorar las condiciones de pago, sin que exista una solución de fondo al conflicto planteado.

Sin embargo, a principios de octubre, el sindicato denunció el incumplimiento parcial de este acuerdo por parte de un grupo de “organizaciones de la sociedad civil”, menos de una semana después de firmado. A partir de esta situación, definieron otorgar hasta el 10/10 para que el MIDES ejecute los pagos acordados. Finalmente, los salarios fueron pagados con cuatro días de atraso.

En términos más generales, el conflicto ha implicado importantes movilizaciones en la puerta del MIDES y la colocación de una carpa frente a la Torre Ejecutiva, se extendió por un mes y medio de forma ininterrumpida.

De fondo, expuso una profunda contradicción: el Estado desenvuelve políticas sociales de corte asistencialista, contratando trabajadores a través de diversas modalidades de tercerización.

A partir de estas modalidades de ejecución de la política pública, el Estado se desentiende de la “gestión” de los contratos, así como de las precarias condiciones de trabajo y precarizantes relaciones laborales en las que, sin ir más lejos, no se reconoce la antigüedad laboral ni se garantiza la estabilidad, a través de diversas estratagemas legales con empresas, organizaciones de “la sociedad civil”, “cooperativas”, etc., de cuya capacidad de administración y pago, dependen.

En este sentido, la propia dinámica contractual y la falta de mecanismos de financiamiento y transferencia de fondos adecuados, genera condiciones para que, sistemáticamente, se les adeuden salarios periódicamente. Al mismo tiempo, fragmenta a los trabajadores y dificulta la unificación de los conflictos de los distintos sectores.

Si bien es una situación estructural, durante el corriente año ha adquirido una gravedad particular, ya que, según el relevamiento del sindicato, cerca de 1500 trabajadores de refugios, planes de para asistir a personas en situación de calle, funcionarias de Inmujeres, entre otras funciones, sufrieron entre uno y tres meses de atrasos en el pago de sus salarios (El País, 25/09).

Imaginemos las implicaciones de semejante adeudo para una familia trabajadora: atrasos en el pago de servicios, del alquiler, de la alimentación.

El mismo gobierno del FA que propuso en mayo del 2025 “una estrategia nacional a largo plazo”, bajo un modelo de “diálogo social” y que sostiene estar ejecutando planes para combatir la pobreza, termina generando endeudamiento y carencias a sus trabajadores (a los cuales, no reconoce como tales, por otra parte).

La lucha de SUTIGA expone, una vez más, que el Estado capitalista no tiene como objetivo resolver la desigualdad social y la pobreza que es consecuencia de ella. Por el contrario, es un factor de desarrollo de la explotación laboral, cualquiera sea el signo del gobierno.

El accionar ministerial, en manos del Partido Socialista, que se coloca como el “ala izquierda” del gobierno frente a la política de recorte de Oddone, demostró las limitaciones del discurso de “oposición” interna.

Los trabajadores deben extraer las conclusiones necesarias: la política presupuestal del FA plantea una continuidad de la anterior, sosteniendo las políticas sociales sobre la base de la precariedad de los trabajadores.

Pone en el eje del debate, asimismo, las limitaciones de la lucha “contra la pobreza”, entendida como la mejora de ciertos indicadores y no como el combate contra las relaciones sociales de explotación y la estructura que generan esa pobreza.