En Uruguay, la posibilidad de legislar por iniciativa popular (o anular leyes aprobadas por el parlamento a través del recurso de referéndum) fue establecida en la época de Batlle y Ordoñez. El ejemplo de Suiza con sus cantones, su gobierno colegiado y sus referéndums, inspiró al entonces presidente, que aspiraba a limitar el gobierno unipersonal y a habilitar mecanismos de “democracia directa” para asegurar alguna forma de control ciudadano sobre los gobernantes.
El referéndum y la reforma constitucional por iniciativa popular son resabios de aquella concepción, que los sucesivos cambios constitucionales reaccionarios impulsados por los supuestos herederos de Pepe Batlle no se atrevieron a tocar, aunque reforzaron cada vez más el poder presidencial sobre el parlamento y la “democracia directa”. De hecho, hay temas sobre los cuales no puede interponerse un referéndum, por ejemplo: el salario mínimo, los impuestos o… la seguridad social (por ello se debió recurrir esta vez a un plebiscito constitucional).
En estos días, en Suiza se realizaron varios referéndum. Uno de ellos era para aumentar la edad de retiro, y salió ampliamente negativo (74,72% en contra). Otro para aprobar el pago de un aguinaldo a los jubilados salió favorable (58,24% votó Sí). Por supuesto, el gobierno suizo advirtió sobre las “consecuencias fiscales” de esta medida, lo cual no logró convencer a los helvéticos de votar contra sus intereses.
En octubre, habrá que hacer como los suizos.
